“El Feo” enfrenta 2 años de cárcel: el juicio que redefine la piratería cultural en España

Golpe a la cultura libre: Un streamer burgalés podría ser condenado a prisión por compartir películas descatalogadas que ni siquiera estaban disponibles comercialmente.

El 9 de abril de 2025 quedó marcado como un día histórico en la batalla legal entre la difusión cultural y los derechos de autor. Cinco agentes antidisturbios, armados con escudos y escopetas tácticas, irrumpieron en octubre de 2021 en el domicilio de “El Feo”, un creador de contenido conocido por su canal La Maldita y la extinta web Zoowoman. Su crimen: rescatar y compartir películas descatalogadas, obras que las productoras habían abandonado al olvido comercial y que, en muchos casos, ni siquiera podían encontrarse en plataformas legales.

El juicio, celebrado en Burgos, enfrenta a un particular sin ánimo de lucro contra uno de los hombres más poderosos del cine español: Enrique Cerezo, presidente de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y propietario de Video Mercury Films, que controla entre el 70% y 80% del cine español. La acusación, liderada por EGEDA, pide dos años y medio de prisión y una indemnización que oscila entre 850.000 y 870.000 euros.

Zoowoman: un archivo cultural sin fines comerciales

Zoowoman operaba como un repositorio colaborativo donde los usuarios compartían enlaces a películas alojadas en servidores externos como MEGA o archive.org. La plataforma no albergaba archivos propios, ni generaba ingresos por publicidad, suscripciones o cualquier otro modelo de negocio. Su objetivo era puramente cultural: salvar del olvido obras audiovisuales cuyas productoras habían desaparecido o que nunca tuvieron una distribución adecuada.

El canal de YouTube asociado, La Filmoteca Maldita, sigue activo y alberga cerca de 4.000 análisis de películas, muchos de ellos dedicados al cine de culto y de género. Estos contenidos han sido utilizados como material docente en universidades de prestigio como la UNAM (México), la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad de Medellín (Colombia), según declaró el propio “El Feo” en un vídeo donde explicó su caso. Este uso académico refuerza su argumento de que su labor era de difusión cultural, no de explotación comercial.

La acusación no puede demostrar un lucro directo, por lo que se ampara en la reforma del Código Penal de 2015, que amplió el concepto de piratería para incluir el “beneficio económico indirecto”. Según esta interpretación, ofrecer películas gratis podría considerarse un “gancho” para atraer seguidores al canal principal de “El Feo” y, así, generar ingresos por otras vías, como donaciones o patrocinios. La policía estimó en 12.000 euros el supuesto lucro indirecto, una cifra que el acusado rebate: equivale a sus ingresos totales como streamer durante sus primeros cuatro años de actividad.

Enrique Cerezo y el conflicto de intereses

Enrique Cerezo no solo preside EGEDA, la entidad que demanda a “El Feo”, sino que también es el impulsor de FlixOlé, una plataforma de streaming lanzada en 2020 con el objetivo de difundir cine español de todas las épocas, incluyendo muchas películas descatalogadas. Curiosamente, gran parte del catálogo de FlixOlé coincidía con el que Zoowoman ofrecía de forma gratuita. “El Feo” ha señalado que su plataforma fue denunciada justo después del lanzamiento de FlixOlé, lo que sugiere un posible conflicto de intereses: Zoowoman ofrecía gratis lo que FlixOlé pretendía monetizar.

Cerezo, además de su influencia en el cine, es presidente del Atlético de Madrid y ha mantenido un perfil bajo en este caso. EGEDA, por su parte, tiene un historial de denuncias similares: en 2017, persiguió a distribuidores de dispositivos WebTV, y en 2022, demandó a 17 webs por difundir contenidos sin permiso, entre ellas Zoowoman. Este patrón refleja una estrategia agresiva para proteger los derechos de autor, incluso cuando las obras en cuestión están fuera de circulación comercial.

Un precedente peligroso para la cultura libre

El caso de “El Feo” podría sentar un precedente legal peligroso. Si se acepta la tesis del “lucro indirecto”, cualquier proyecto de divulgación cultural gratuita que construya audiencia podría ser perseguido, incluso sin ánimo de lucro. Este escenario ya tiene ecos en otros países: en Estados Unidos, el caso Hachette vs. Internet Archive (resuelto en 2024) demostró que los tribunales suelen priorizar los derechos de los titulares sobre argumentos de acceso cultural, incluso cuando no hay beneficios económicos de por medio.

España cuenta con un régimen legal para obras huérfanas (transpuesto de una directiva europea en 2014 y desarrollado mediante Real Decreto en 2016), pero su aplicación está restringida a instituciones públicas como bibliotecas, museos o filmotecas. Esto deja en una zona gris legal a iniciativas independientes como Zoowoman, que buscan preservar la cultura sin apoyo institucional.

El juicio también ha revelado detalles sobre la investigación policial. Los agentes interpretaron mensajes de la comunidad de “El Feo” (como “por tu cumpleaños” o “para que te tomes algo”) como códigos de una red de piratería, cuando en realidad eran donaciones voluntarias típicas del micromecenazgo en plataformas como Twitch o YouTube. En enero de 2025, antes de que comenzara el juicio, la acusación ofreció un acuerdo: si “El Feo” se declaraba culpable y pagaba 100.000 euros, la condena se reduciría a un año de cárcel. El acusado rechazó el trato.

¿Qué pasará si el tribunal falla en contra de “El Feo”? ¿Se convertirá España en un país donde rescatar películas abandonadas sea un delito más grave que la corrupción urbanística o los fraudes fiscales de grandes empresas? La sentencia no solo decidirá el futuro de un creador de contenido, sino el de la cultura accesible en la era digital.

El precedente que España ignora: cómo otros países regulan el acceso a obras huérfanas

Mientras el juicio a “El Feo” podría criminalizar la difusión de películas descatalogadas en España, otros países han encontrado soluciones legales para equilibrar derechos de autor y acceso cultural. El caso expone una paradoja: España aplica con dureza la ley de propiedad intelectual, pero no ha desarrollado mecanismos ágiles para liberar obras abandonadas, a diferencia de naciones con tradiciones cinematográficas menos poderosas.

En Canadá, la Copyright Act permite desde 2012 que bibliotecas, archivos y museos digitalicen obras huérfanas tras una búsqueda diligente de 90 días para localizar al titular de derechos. Si no se encuentra, la obra puede difundirse sin riesgo legal. Este sistema ha permitido rescatar más de 12.000 títulos entre 2015 y 2023, según datos de Library and Archives Canada. En contraste, España exige que la búsqueda la realice una institución pública, excluyendo a proyectos independientes como Zoowoman.

El modelo más avanzado es el de Japón, donde desde 2018 cualquier ciudadano o entidad puede solicitar el uso de una obra huérfana tras demostrar que ha intentado contactar al titular durante 6 meses. El gobierno japonés creó un registro público en línea (gestionado por la Agencia de Asuntos Culturales) donde se publican las obras liberadas, que ya superan las 30.000. Este sistema ha sido clave para preservar el cine de los años 50 y 60, cuya propiedad intelectual a menudo está en manos de estudios desaparecidos.

Incluso en la Unión Europea, donde España transpuso la directiva de obras huérfanas en 2016, hay diferencias abismales. Países como Países Bajos y Alemania permiten que universidades y centros de investigación (no solo bibliotecas públicas) accedan a estas obras, mientras que en España el Real Decreto 635/2016 restringe su uso a instituciones dependientes del Estado. Esto deja fuera iniciativas como Filmoteca Española cuando opera con fondos privados, o proyectos colaborativos como Archive.org, que alberga 11 millones de archivos audiovisuales pero no puede operar legalmente en España con obras bajo derechos.

¿Por qué España elige la represión cuando otros optan por soluciones?

El caso de “El Feo” no es un problema legal, sino político. Mientras países con industrias culturales robustas (como Francia, que en 2021 liberó 2.300 películas a través de su Cinémathèque Française) han priorizado el acceso, España delega el poder en entidades como EGEDA, cuyo modelo de negocio depende de mantener obras bajo llave. La pregunta incómoda es si este juicio busca proteger la cultura… o los monopolios. La sentencia, prevista para junio de 2025, podría convertir a España en el único país europeo donde rescatar una película abandonada se castigue con más dureza que la evasión fiscal de 120.000 euros (penada con multas, no prisión).