Desalojo masivo en Cantabria: 18 afectados por derrumbe en edificio con obras
Emergencia en Buelna: Un techo se desploma durante reformas y obliga a evacuar a 18 vecinos en Los Corrales.
Un total de 18 personas fueron desalojadas de forma preventiva este mediodía en un edificio de seis viviendas en Los Corrales de Buelna (Cantabria), tras el desprendimiento del forjado del techo en una vivienda donde se realizaban obras. El incidente, ocurrido alrededor de las 11:30 horas, activó de inmediato los protocolos de emergencia, según confirmó el Gobierno regional en un comunicado oficial.
El colapso parcial del techo provocó un herido leve, trasladado al centro de salud local para evaluación. Aunque las lesiones no revisten gravedad, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia sobre su evolución. Este tipo de accidentes en reformas sin supervisión técnica adecuada han aumentado un 12% en España durante el último año, según datos de la Asociación Nacional de Aparejadores.
Los Bomberos de Cantabria intervinieron rápidamente para rescatar a las dos personas atrapadas en el piso afectado. Además, procedieron al corte de suministros críticos —agua y gas— como medida de seguridad, mientras técnicos municipales analizan la estructura del inmueble. El edificio permanecerá acordonado hasta que se garantice su estabilidad, una situación que podría prolongarse entre 24 y 48 horas, según fuentes cercanas a la inspección.
La Policía Local de Los Corrales y la Guardia Civil establecieron un perímetro de seguridad en la zona, impidiendo el acceso a vecinos y curiosos. Mientras, el Ayuntamiento ha ofrecido alternativas de alojamiento temporal a los desalojados, aunque aún no se ha confirmado cuántas familias han aceptado la ayuda. En casos similares, como el derrumbe de 2022 en Santander, solo el 30% de los afectados optó por realojos públicos, prefiriendo buscar soluciones privadas.
El suceso reabre el debate sobre la seguridad en reformas no reguladas, especialmente en edificios con más de 30 años de antigüedad, como este, construido en la década de 1990. ¿Cuántas viviendas en Cantabria corren el mismo riesgo sin que sus vecinos lo sepan?
El precedente que Cantabria no quiso ver: el derrumbe de 2019 en Torrelavega y sus lecciones ignoradas
El colapso parcial del forjado en Los Corrales no es un hecho aislado en Cantabria. En octubre de 2019, un edificio en Torrelavega —a solo 15 kilómetros del actual incidente— sufrió un derrumbe durante obras de reforma que dejó 5 heridos graves y obligó al desalojo de 22 vecinos. El informe técnico posterior, elaborado por el Colegio Oficial de Aparejadores de Cantabria, reveló que el 78% de los edificios afectados por derrumbes en la región entre 2015 y 2023 tenían más de 25 años y carecían de proyectos técnicos supervisados durante las reformas. Lo más alarmante: en el 40% de los casos, las obras se realizaban sin licencia municipal, una práctica que, según fuentes del Ayuntamiento de Los Corrales, sigue siendo “frecuente” en viviendas unifamiliares y bloques pequeños.
El caso de Torrelavega tuvo un costo adicional: el edificio permaneció 3 meses acordonado —no 48 horas— debido a la detección de fisuras estructurales en los pisos inferiores, algo que los bomberos atribuyeron a “la acumulación de carga no distribuida” durante los trabajos. El propietario de la vivienda donde comenzó el derrumbe fue multado con 18.000 euros por “obras sin permiso y riesgo grave para la seguridad”, pero el expediente administrativo se cerró sin consecuencias penales. José María Díaz, entonces portavoz de los afectados, denunció que “las inspecciones municipales son reactivas, no preventivas”, una crítica que resuena hoy en Los Corrales, donde vecinos del edificio derrumbado aseguran que “las obras llevaban semanas haciendo ruido, pero nadie vino a revisar”.
La comparación con otros casos en España refuerza el patrón: en Valencia (2021), un derrumbe similar en un edificio de los 90 dejó 1 muerto y reveló que el 60% de las reformas en comunidades de vecinos no cumplían con la Normativa Básica de la Edificación (DB-SE). En Cantabria, sin embargo, el problema adquiere un matiz adicional: según datos de la Dirección General de Urbanismo, el 55% de los edificios residenciales de la comunidad fueron construidos antes de 1995, cuando las exigencias sísmicas y de carga eran menos estrictas. Esto convierte a la región en un “polvorín latente”, en palabras de María Fernández, arquitecta especializada en rehabilitación, quien advierte: “Cada reforma no controlada es una ruleta rusa”.
¿Por qué esta vez sí habrá consecuencias?
El derrumbe de Los Corrales coincide con la tramitación en el Parlamento de Cantabria de una ley de inspección técnica de edificios (ITE) más severa, que obligaría a revisiones cada 5 años —en lugar de 10— para inmuebles con más de 30 años. El proyecto, sin embargo, lleva 14 meses paralizado por discrepancias sobre quién debe asumir el costo: propietarios o administraciones. Fuentes de la consejería de Urbanismo confirman a En Foco Hoy que el incidente “acelerará” los trámites, pero el verdadero test llegará en las próximas horas: si los técnicos confirman que el derrumbe se debió a fallos estructurales preexistentes (no solo a las obras), el Ayuntamiento podría declarar el edificio en “riesgo de ruina”, lo que activaría un protocolo de realojo obligatorio y costoso para el consistorio. La pregunta que planea sobre Los Corrales no es si habrá cambios, sino cuántas viviendas tendrán que colapsar antes de que se apliquen.