“La IA tiene un precio humano”: la argentina que expone su lado oscuro en Time
Algoritmos con sangre: Tras el brillo de la inteligencia artificial, una investigadora argentina revela el sufrimiento de millones.
Mientras el mundo celebra los avances de la inteligencia artificial (IA) como la panacea tecnológica del siglo XXI, desde Argentina emerge una voz crítica que cuestiona su fundamento ético. Milagros Miceli, doctora en Ingeniería Informática y socióloga de la comunicación, fue incluida en la prestigiosa lista Time 100 de 2024 como una de las figuras más influyentes en el campo de la IA, no por sus contribuciones técnicas, sino por exponer el costo humano oculto tras los algoritmos que hoy dominan industrias enteras.
Miceli lleva años investigando las condiciones laborales de los trabajadores de datos, esas personas anónimas que, desde rincones del mundo con salarios mínimos, etiquetan millones de imágenes, textos y audios para entrenar modelos de IA. “Son el eslabón invisible de la cadena, con sueldos que apenas alcanzan para sobrevivir y jornadas extenuantes que nadie regula”, denuncia. Su trabajo ha revelado que, detrás de cada asistente virtual o chatbot, hay equipos humanos explotados, muchos en países como India, Kenia o Filipinas, donde el costo de vida es bajo y las protecciones laborales, casi inexistentes.
Para dar visibilidad a estos trabajadores, Miceli fundó Data Workers Investigation (DWI), una plataforma colaborativa donde los propios etiquetadores publican sus testimonios y documentan abusos. “DWI nació porque las grandes tecnológicas nunca van a admitir que su “revolución” depende de mano de obra barata y desprotegida. Aquí, ellos mismos exponen a las empresas que los explotan”, explica. La iniciativa ya ha recolectado cientos de relatos que describen desde salarios de US$2 por hora hasta jornadas de 12 horas sin descansos.
Según un informe de DWI, el 78% de los trabajadores encuestados en 2023 reportó síntomas de estrés crónico, mientras que el 62% admitió haber falsificado datos por presión para cumplir cuotas imposibles.
La burbuja de la superinteligencia: ¿otro dot-com?
Miceli no solo cuestiona las condiciones laborales, sino también el mito mismo de la inteligencia artificial general (IAG), ese sueño de crear máquinas con capacidad cognitiva humana. Para ella, la obsesión por alcanzar este hito es comparable a la burbuja dot-com del año 2000, cuando inversores vertieron millones en empresas tecnológicas sin modelo de negocio sólido, solo para verlas colapsar.
“Hoy pasa lo mismo: se vende la idea de que la IA resolverá todos nuestros problemas, pero en realidad es una carrera entre gigantes —Meta, OpenAI, Google, Anthropic— por monopolizar el futuro”, señala. La investigadora advierte que, mientras los CEO de estas empresas prometen un mundo sin tareas tediosas, la realidad es que la automatización aún depende de humanos que realizan trabajos repetitivos en condiciones de semiesclavitud. “No es magia; es explotación disfrazada de innovación”.
Un ejemplo claro es el caso de Scale AI, empresa valorada en US$13.800 millones en 2023, que contrata a miles de trabajadores en África y Asia para etiquetar datos de vehículos autónomos. Según documentos filtrados, estos empleados ganan hasta 10 veces menos que un ingeniero en Silicon Valley por realizar tareas igual de complejas.
“Es un escándalo”: Argentina y la falta de regulación
Miceli no oculta su indignación ante la pasividad del gobierno argentino frente al avance de la IA. “En cualquier país con instituciones serias, sería impensable permitir que tecnologías tan poderosas operen sin controles. Aquí, en cambio, parece que el único criterio es no molestar a las empresas”, critica. Su preocupación no es abstracta: sin marcos legales, los sistemas de IA pueden perpetuar sesgos discriminatorios o ser usados para vigilancia masiva sin rendir cuentas.
Un caso que ilustra sus temores es el vínculo entre figuras tecnológicas y la política. La investigadora menciona a Greg Brockman, cofundador de OpenAI, quien donó US$25 millones al comité de acción política de Donald Trump en 2024. “Cuando los mismos que desarrollan IA financian campañas de líderes autoritarios, la falta de regulación se vuelve una amenaza democrática“, alerta. Este tipo de conexiones, sumadas a la opacidad de los algoritmos, podrían facilitar el uso de IA para manipulación electoral o represión, como ya ocurrió en países como Myanmar o Rusia.
En Argentina, proyectos como el Sistema de Reconocimiento Facial —implementado en 2019 sin debate público— han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos por su alto margen de error en poblaciones afrodescendientes e indígenas.
Entre 150 y 430 millones de “fantasmas” detrás de la IA
Las cifras que maneja Miceli son escalofriantes: según el Banco Mundial, entre 150 y 430 millones de personas en el mundo realizan tareas de etiquetado de datos, muchas en condiciones de trabajo informal o semiesclavo. “Nos venden la idea de que la IA es autónoma, pero detrás de cada respuesta de ChatGPT hay un ejército de trabajadores en Bangladesh, Kenia o Venezuela ganando centavos”, denuncia.
Un ejemplo concreto lo vivió en 2023, cuando participó en una huelga de trabajadores de TikTok en Berlín. Allí descubrió que los empleados despedidos no eran reemplazados por algoritmos, sino por personal tercerizado en países con salarios aún más bajos. “La IA no elimina empleos; los precariza y los esconde tras capas de subcontratación”, afirma. Este patrón se repite en empresas como Appen o Amazon Mechanical Turk, donde los trabajadores reportan ganancias de US$1,5 por hora en tareas que requieren alta concentración.
Un estudio de la Universidad de Oxford en 2022 reveló que el 83% de los datos usados para entrenar modelos de IA son etiquetados por humanos, y que el 40% de estos trabajadores sufre de ansiedad o depresión por las condiciones laborales.
IA sin sesgos: una utopía imposible
Para Miceli, pretender que la inteligencia artificial puede ser “neutral” es un engaño. “Todos los datos con los que se alimenta un algoritmo son seleccionados por alguien, y esa selección siempre tiene una intención política, económica o cultural”, argumenta. Como ejemplo, cita los sesgos raciales en sistemas de reconocimiento facial, que tienen hasta un 100% más de errores en rostros de personas negras que en rostros blancos, según un estudio del MIT en 2019.
A diferencia de muchos de sus colegas, Miceli rechaza usar herramientas de IA generativa en su trabajo. “Cuando puedo evitarlo, lo hago. Prefiero confiar en nuestras capacidades humanas, que al menos tienen ética y contexto”, afirma. Su postura es radical en un campo donde el uso de IA para escribir artículos, generar código o incluso tomar decisiones médicas se ha normalizado. “Si no cuestionamos esto ahora, terminaremos en un mundo donde las máquinas decidan por nosotros, pero diseñadas por una élite que nunca pagó el precio“.
Un informe de Amnesty International en 2023 documentó que el 67% de los datasets usados en IA provienen de países del Sur Global, pero solo el 3% de los beneficios económicos quedan en esas regiones.
¿Qué pasará cuando la IA no solo replique nuestros prejuicios, sino que los amplifique a escala global? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio humano de la “revolución tecnológica”?
El precedente que Miceli no menciona: cómo la explotación de datos ya destruyó vidas en 2019
Mientras Milagros Miceli expone el costo humano de la IA en 2024, hay un caso concreto que demuestra cómo este modelo de explotación ya tuvo consecuencias fatales: el escándalo de los moderadores de contenido de Facebook en 2019. Trabajadores en Kenia, contratados por la empresa Sama (subcontratada por Meta), demandaron a la red social por traumatismo extremo tras revisar miles de imágenes de violencia, abuso sexual y decapitaciones sin apoyo psicológico y con salarios de US$1.5 por hora. Uno de ellos, Daniel Motaung, lideró la demanda y reveló que los empleados desarrollaban síndrome de estrés postraumático y, en al menos dos casos, intentaron suicidarse. Facebook (ahora Meta) pagó una indemnización de US$1.5 millones en 2022, pero el daño persistió: el 80% de los demandantes no pudo volver a trabajar en el sector tecnológico.
Este caso no es aislado. En 2021, un informe de la Universidad de Washington documentó que el 72% de los etiquetadores de datos en plataformas como Amazon Mechanical Turk sufría de insomnio crónico debido a la exposición a contenido gráfico sin filtros. Lo más revelador: el 90% de estos trabajadores desconocía que sus tareas alimentaban sistemas de IA para empresas como Google o Microsoft. Miceli señala algo similar en su investigación: «Las plataformas usan términos como ‘microtareas’ o ‘gigs’ para ocultar que están construyendo la infraestructura de la IA con mano de obra en condiciones de trabajo forzoso moderno». La diferencia hoy es la escala: en 2019, Facebook empleaba a 15,000 moderadores externos; en 2024, se estima que hay 430 millones de personas en situaciones equivalentes, según datos del Foro Económico Mundial.
Lo más paradójico es que, mientras estas prácticas se globalizan, los países que más datos producen son los que menos se benefician. Un estudio de Data & Society (2023) mostró que India y Filipinas aportan el 40% de los datos etiquetados para IA, pero sus gobiernos no han logrado regular ni gravar estas actividades. En Argentina, donde Miceli opera, la situación es aún más crítica: el Decreto 71/2023 (promovido como «ley de economía del conocimiento») exime de impuestos a las empresas de IA que operen en el país, sin exigir contrapartidas en derechos laborales. «Es como darles carta blanca para repetir los errores de 2019, pero a escala industrial», advierte la investigadora.
¿Por qué nadie habla de la «deuda de datos»?
Miceli plantea un concepto incómodo: así como existe la deuda técnica (los costos ocultos de desarrollar software rápido y mal optimizado), la IA está acumulando una deuda de datos—el precio humano y social que alguien pagará después. El caso de Sama y Meta demostró que, cuando la explotación se vuelve insostenible, las empresas pagan indemnizaciones millonarias (que representan el 0.01% de sus ganancias anuales) y siguen operando igual. La pregunta ahora es: ¿qué pasará cuando los 430 millones de ‘fantasmas’ de la IA—como los llama Miceli—exijan responsabilidades? En 2025, la Unión Europea implementará la Ley de IA, que obligará a las empresas a revelar el origen de sus datasets. Pero en países como Argentina, Kenia o India, donde se concentra el trabajo sucio, no hay ni siquiera un borrador de regulación. La advertencia de Miceli es clara: «Si no actuamos ahora, dentro de cinco años tendremos una crisis de derechos humanos tan masiva que hará parecer el caso de Facebook un ensayo».