“¡Freno ya!”: La UE exige a Bruselas actuar contra la escalada de precios por el conflicto en Oriente Próximo

Presión máxima: Los líderes europeos exigen a la Comisión medidas urgentes para contener el alza de combustibles y electricidad.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) han lanzado este jueves un ultimátum a la Comisión Europea: presentar de inmediato un plan de acción coordinado y temporal para mitigar el disparo de precios energéticos, agravado por el conflicto en Oriente Próximo. La escalada en la región ha encendido las alarmas en Europa, donde el coste de la energía amenaza con asfixiar a ciudadanos y empresas, especialmente tras las amenazas al tráfico en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro global de petróleo.

El impacto es inmediato y generalizado: desde el transporte hasta la calefacción, pasando por la industria, los costes se disparan en un contexto donde la UE ya arrastraba tensiones por la transición energética. Según datos de Eurostat, la inflación interanual en la zona euro alcanzó el 5,2 % en marzo de 2024, con la energía como uno de los principales impulsores. Los líderes han dejado claro que la situación no admite demoras.

Medidas de choque para abaratar la luz

Los Veintisiete han instado a la Comisión a diseñar una “caja de herramientas” con soluciones inmediatas para reducir el precio de la electricidad, actuando sobre todos sus componentes: desde los costes de generación hasta los impuestos. El objetivo es claro: rebajar la factura a corto plazo sin socavar las inversiones en energías limpias, un equilibrio que Bruselas deberá resolver en cuestión de semanas.

Entre las opciones sobre la mesa figuran subvenciones temporales a hogares vulnerables, reducciones fiscales para pymes y la aceleración de proyectos renovables. Sin embargo, el gran debate gira en torno a un actor clave: el sistema de comercio de emisiones (ETS), cuyo coste se traslada directamente a la factura de los consumidores.

El ETS en el punto de mira: ¿flexibilizar o proteger?

El sistema de comercio de emisiones (ETS), pilar de la política climática europea, ha vuelto al centro de la polémica. Mientras algunos países lo señalan como responsable parcial del encarecimiento energético, otros advierten que debilitarlo sería un error estratégico. La revisión del ETS, prevista para julio de 2024, podría adelantarse si la presión persiste.

El mecanismo, que obliga a las empresas a pagar por sus emisiones de CO₂, ha recaudado más de €140.000 millones desde su creación en 2005, según la Comisión. Sin embargo, su precio récord —superior a €100 por tonelada en 2023— ha encendido las alarmas en sectores industriales como el acero o el cemento, que denuncian una pérdida de competitividad frente a terceros países.

División europea: ¿Ayudas o ambición climática?

La UE está fracturada. Por un lado, Italia, Polonia y Alemania lideran el bloque que pide rebajas fiscales y ayudas directas a industrias intensivas en energía, como la química o la metalurgia. Estos países argumentan que, sin alivio, miles de empleos podrían desaparecer. Polonia, por ejemplo, aún depende del carbón en un 70 % de su mix energético, lo que la hace especialmente vulnerable a los vaivenes de precios.

En el otro extremo, España, Portugal y los países nórdicos defienden mantener el rigor del ETS, alegando que su debilidad pondría en riesgo los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ha sido claro: “Las políticas verdes no son el problema, son parte de la solución“. España, que en 2023 generó el 50 % de su electricidad con renovables, se presenta como ejemplo de que la transición puede abaratar costes a largo plazo.

Sánchez también ha advertido contra quienes usan la crisis para “desmontar el marco climático“, recordando que la UE ya redujo sus emisiones en un 32 % desde 1990 gracias a estas políticas. “No podemos permitir que la urgencia nos haga retroceder“, ha declarado.

Von der Leyen: “El ETS ha demostrado su eficacia”

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha salido al paso de las críticas: “El ETS ha sido el motor de la descarbonización en Europa”. Desde su implementación, las emisiones en sectores cubiertos por el sistema han caído un 43 %, mientras que las inversiones en tecnologías limpias se han multiplicado por tres.

Von der Leyen ha reconocido, no obstante, que la próxima revisión del ETS abordará dos desafíos clave: la volatilidad del precio del carbono (que en 2022 osciló entre €50 y €100 por tonelada) y su impacto en la industria. “Debemos proteger a nuestros ciudadanos y empresas, pero sin renunciar a nuestros compromisos climáticos“, ha subrayado.

Un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) revela que, sin el ETS, las emisiones de la UE habrían sido un 20 % mayores en la última década. Sin embargo, el sistema también ha generado €30.000 millones en costes adicionales para las empresas desde 2021, según cálculos de BusinessEurope.

Competitividad y Mercado Único: la otra batalla

El debate energético no es aislado: forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la competitividad de la UE, bajo el paraguas de la agenda “Una Europa, un mercado”. Los líderes han acordado una hoja de ruta con hitos concretos, como la presentación en junio de 2024 de una declaración electrónica común para empresas, que simplificará trámites burocráticos en el Mercado Único.

Otras medidas incluyen:

• Avances en el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales, clave para movilidad laboral.
• Un informe sobre la competitividad del sector bancario, previsto para septiembre.
• La creación del “European Business Wallet”, una herramienta digital para agilizar gestiones administrativas.
• Reducción de cargas burocráticas, con un objetivo de recortar un 25 % los plazos en permisos industriales.
• Un paquete de redes energéticas para acelerar la interconexión entre países, reduciendo dependencias externas.
• El desarrollo del euro digital, cuya fase de prueba arrancará en 2025.
• Una Ley de Aceleración Industrial para impulsar sectores estratégicos, como baterías o semiconductores.

El objetivo es claro: recortar barreras y posicionar a la UE como un gigante industrial verde. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿podrá Europa conciliar urgencia económica y ambición climática sin fracturarse?

El precedente de 2022: cómo la UE reaccionó (y falló) ante la última crisis energética

Mientras Bruselas diseña su nueva caja de herramientas para frenar el alza de precios, el fantasma de octubre de 2022 planea sobre las negociaciones. Entonces, la UE aprobó un paquete de emergencia tras el corte de gas ruso por la invasión de Ucrania, pero las medidas —como el tope al precio del gas (€180/MWh)— llegaron tarde, fueron parches temporales y dejaron lecciones sin aprender. Hoy, con el conflicto en Oriente Próximo disparando el petróleo y el riesgo de un nuevo shock en el estrecho de Ormuz (por donde pasa el 20% del crudo global), los errores del pasado podrían repetirse si no se actúa con precisión.

En 2022, la UE tardó cuatro meses en acordar el tope al gas, tiempo en el que los precios ya habían alcanzado récords históricos: el TTF holandés (referencia europea) superó los €340/MWh en agosto, un 700% más que en 2021. La medida, finalmente aplicada en febrero de 2023, solo cubrió tres meses y excluyó el GNL licuado, cuya demanda se disparó y encareció aún más el mercado. Además, países como Hungría y Polonia vetaron inicialmente el acuerdo, mostrando las mismas fisuras internas que hoy dividen a los Veintisiete sobre el ETS. La factura para los hogares europeos se incrementó en un 38% de media ese invierno, según la OCDE, con picos del 120% en países bálticos.

Otro error clave fue la falta de coordinación en las ayudas estatales. Alemania destinó €200.000 millones a subsidiar precios para hogares e industrias, mientras que España limitó su paquete a €10.000 millones, generando distorsiones en el Mercado Único. La Comisión tardó nueve meses en armonizar criterios, y para entonces, empresas como BASF (química) y ArcelorMittal (acero) ya habían reducido producción en Europa. Hoy, con el ETS a €100/tonelada y el barril de Brent rozando los $90 (un 30% más que en enero), el riesgo de una deslocalización masiva es real: la asociación Eurofer advierte que el 40% de la capacidad siderúrgica europea podría cerrar si no hay alivio fiscal antes de 2025.

¿Repetirá la UE los mismos errores con Oriente Próximo?

La Comisión tiene ahora tres semanas para presentar su plan, pero el calendario choca con dos fechas críticas: el 12 de mayo, cuando Irán y Arabia Saudí revisarán su tregua (clave para la estabilidad en el estrecho de Ormuz), y el 1 de junio, cuando entra en vigor la prohibición UE a importar petróleo ruso por vía marítima. Si Bruselas no actúa antes, el escenario de 2022 —caos en los mercados, ayudas dispares y fractura interna— podría repetirse. La diferencia es que, esta vez, no hay margen para improvisar: el Banco Central Europeo (BCE) ya ha advertido que una nueva espiral inflacionaria obligaría a subir tipos de interés en julio, ahogando aún más a las pymes. La pregunta no es si la UE aprenderá de sus errores, sino cuánto costará no hacerlo.