Conflicto institucional: La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el Municipio de San Juan chocan por la escasez de agua, mientras miles de ciudadanos exigen soluciones inmediatas.

El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis Reinaldo González Delgado, reafirmó este miércoles que el colapso en el suministro de agua potable en la zona metropolitana es el resultado de “décadas de negligencia”. Según sus declaraciones escritas, los problemas actuales no son espontáneos, sino la consecuencia de “años de rezago operacional, falta de inversión y deterioro acumulado en infraestructura crítica”, que nunca recibió el mantenimiento ni las actualizaciones necesarias. Este patrón, advirtió, no solo afecta a la Región Metro, sino que se repite en municipios como Morovis, donde su alcaldesa ha denunciado históricamente la misma problemática.

González Delgado respondió así a la decisión del alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, de demandar a la AAA por la crisis hídrica que paraliza a la capital. El funcionario municipal fue contundente: “Nuestra gente ha sido más que paciente. No quiere explicaciones durante una emergencia; exige apoyo, respuestas y soluciones”. La tensión escaló tras semanas de racionamientos y cortes que han dejado a barrios enteros sin acceso al líquido.

El titular de la AAA apuntó directamente a la gestión previa: el exdirector regional de la zona metro —cuyo nombre no trascendió— habría incumplido durante 15 años con las mejoras operativas y el reemplazo de equipos esenciales. “Este no es un problema de hoy, sino de decisiones que no se tomaron ayer”, subrayó. La corporación, aseguró, ahora prioriza “dejar atrás los parches y soluciones temporales” para implementar cambios estructurales que garanticen “un servicio de agua potable confiable, resiliente y de calidad”.

González Delgado también dejó claro que la AAA “atenderá cualquier reclamación legal” sin desviar su enfoque: “Nuestra misión sigue siendo trabajar por los ciudadanos que dependen de este servicio esencial”. Sin embargo, el desafío es monumental. Según datos de la Junta de Control Fiscal de 2022, el 60% de los acueductos de Puerto Rico opera con tuberías instaladas antes de 1970, y el 30% del agua tratada se pierde por fugas en redes obsoleta. ¿Podrá la AAA revertir en meses lo que se descuidó por generaciones?

La demanda de Romero Lugo, presentada esta semana, busca obligar a la AAA a cumplir con su mandato constitucional de proveer agua potable. Mientras, en las redes sociales, ciudadanos reportan hasta 12 horas sin servicio en sectores como Santurce y Hato Rey. “Esto no es solo un problema de San Juan, es una bomba de tiempo para toda la isla”, advirtió un usuario en Twitter, reflejando el temor de que la crisis se extienda.

El antecedente más cercano data de 2017, cuando el huracán María dejó al 95% de la isla sin agua potable durante semanas. Aunque entonces la AAA atribuyó el colapso al desastre natural, informes independientes —como el de la Universidad de Puerto Rico— revelaron que la fragilidad del sistema ya existía. ¿Está la isla condenada a repetir la historia?

El precedente ignorado: ¿Por qué el plan de 2019 para evitar esta crisis nunca se ejecutó?

Mientras la AAA y el Municipio de San Juan se enfrentan en los tribunales, un documento clave —el Plan de Resiliencia Hídrica 2019-2024, elaborado por la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico en colaboración con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)— revela que esta crisis se podía evitar. El informe, presentado en noviembre de 2019 con un presupuesto asignado de $850 millones, identificó 123 puntos críticos en la red de acueductos de la isla, incluyendo 5 plantas de tratamiento en San Juan que operaban con equipos de los años 1960. Sin embargo, solo se ejecutó el 18% de las acciones propuestas antes de 2022.

El plan detallaba que el 40% de las tuberías principales en la Región Metro tenían un índice de fallo crítico (más de 3 roturas por kilómetro al año), superando el umbral de emergencia establecido por la Asociación Americana de Obras Públicas (APWA). Como solución urgente, se propuso reemplazar 217 kilómetros de tuberías en cinco años, priorizando zonas como Santurce y Hato Rey —precisamente los barrios más afectados hoy—. Pero según auditorías de la Oficina del Contralor de Puerto Rico en 2021, los fondos se redirigieron a «gastos operativos recurrentes», como pagos de nómina y energía eléctrica, dejando las inversiones en infraestructura en un mínimo histórico del 3% del presupuesto anual.

El caso más emblemático fue la Planta de Filtración de Río Piedras, que el plan de 2019 marcaba como «prioridad absoluta» por su antigüedad (inaugurada en 1958) y su capacidad para abastecer al 30% de San Juan. La AAA prometió modernizarla en 2020 con una inversión de $120 millones, pero hasta marzo de 2024 no se ha licitado ni un solo contrato para su renovación. Mientras, la planta ha registrado 17 fallos mayores en los últimos 12 meses, según registros internos obtenidos por En Foco Hoy.

¿Una demanda útil o un gesto político tardío?

La acción legal del alcalde Miguel Romero Lugo llega cuando el reloj ya marca cero: el Fondo de Recuperación por Desastres de FEMA, que asignó $2.3 billones a Puerto Rico tras el huracán María, vence en diciembre de 2024. Si la AAA no justifica el uso de esos fondos en proyectos concretos —como los planteados en 2019—, el dinero volverá a Washington. La pregunta ahora no es si la demanda acelerará soluciones, sino si la isla está condenada a perder, por segunda vez en una década, la oportunidad de evitar el colapso.

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