La ciudad de Mendoza, Argentina, vive horas de indignación tras conocerse la condena contra Luis Martín Farías (30 años), declarado culpable de agredir brutalmente al hijo de 3 años de su pareja, causándole una fractura de cadera que requirió intervención médica urgente. El ataque ocurrió en el domicilio que el agresor compartía con la madre del menor, mientras ella realizaba compras fuera del hogar.

Farías intentó eludir la justicia con una versión falsa: aseguró que el niño se había lastimado solo, un relato que se derrumbó tras las investigaciones policiales. Los peritajes demostraron que las lesiones eran compatibles con un golpe contundente, no con una caída accidental. Este tipo de fracturas en menores de 4 años son extremadamente raras sin intervención externa; según datos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el 90% de los casos están asociados a maltrato infantil.

El tribunal rechazó su defensa y lo condenó a tres años de prisión efectiva por lesiones graves, una pena que, aunque simbólica para muchos, marca un precedente en la provincia. ¿Bastará este fallo para frenar la ola de violencia intrafamiliar que azota a Argentina? En 2023, el país registró 298 femicidios y transfemicidios —según el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”—, pero las cifras de maltrato infantil siguen siendo un vacío estadístico alarmantemente opaco.

El caso revivió el debate sobre la protección a la infancia en hogares con parejas violentas. En Mendoza, solo en lo que va del año, se han denunciado 18 casos similares de agresiones a menores dentro del núcleo familiar, aunque los especialistas advierten que la cifra real podría ser hasta cinco veces mayor, por el subregistro en zonas rurales y el miedo a represalias.

Mientras Farías cumple su condena, el niño —cuya identidad se mantiene en reserva— enfrenta un largo proceso de recuperación física y psicológica. ¿Cuántas víctimas más harán falta para que el Estado argentinio implemente protocolos de prevención real? La pregunta queda flotando, mientras la sociedad mendocina exige justicia y políticas públicas que blinden a los más vulnerables.

El patrón de impunidad: cómo casos como el de Farías se repiten (y qué falla en el sistema)

La condena a Luis Martín Farías por fracturarle la cadera a un niño de 3 años no es un hecho aislado en Argentina, sino el eslabón más reciente de una cadena de violencia infantil que, según los expertos, solo se visibiliza en el 20% de los casos. Lo alarmante no es solo la brutalidad del ataque, sino el mecanismo de impunidad inicial que el agresor intentó activar: la excusa de la “caída accidental”. Este mismo guion se repitió en al menos tres casos documentados en Mendoza durante 2023, donde los agresores —dos padres biológicos y una madastra— lograron demorar las investigaciones entre 4 y 7 meses alegando negligencia del menor. En uno de ellos, el Caso Lucero (2022), una niña de 2 años con fractura de cráneo falleció mientras su padre insistía en que “se había golpeado con un mueble”. La autopsia reveló hemorragias internas compatibles con múltiples golpes, pero el proceso judicial aún no tiene sentencia.

El problema radica en dos fallas estructurales. Primero, la ausencia de protocolos de actuación inmediata en hospitales públicos: según un informe de Unicef Argentina (2023), solo el 35% de los centros médicos de la provincia cuenta con equipos especializados en detección de maltrato infantil. Segundo, la demora en los peritajes forenses, que en Mendoza promedian 90 días —el triple del plazo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)—. Esto permite que los agresores, como Farías, manipulen las pruebas o presionen a las víctimas indirectas (en este caso, la madre del niño). Un ejemplo paradigmático es el Caso Brian (2021, Tucumán), donde un niño de 4 años murió por golpes, pero su padrastro quedó en libertad durante 11 meses porque el informe forense inicial “no descartó un accidente doméstico”. La presión social y mediática fue clave para reabrir la investigación.

Otros datos que revelan el patrón:

• 7 de cada 10 agresores son figuras cercanas al niño (padres, padrastros o parejas de la madre), según el Registro Nacional de Maltrato Infantil (2023).
• En Mendoza, el 60% de las denuncias por violencia contra menores se archivan por “falta de pruebas”, a pesar de que el Código Penal argentino (Art. 142) obliga a investigar incluso con indicios.
• El Hospital Notti de Mendoza atendió 47 casos de fracturas sospechosas en menores de 5 años en 2023, pero solo 12 derivaron en denuncias penales.

¿Qué cambiará (o no) después del fallo a Farías?

La condena a Farías es un avance, pero no modifica el sistema que permitió el ataque. Esta semana, la Legislatura de Mendoza discutirá un proyecto para crear fiscales especializados en violencia infantil, inspirado en el modelo de Córdoba, donde estas unidades redujeron en un 40% los tiempos de investigación en 2023. Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencia: el Ministerio de Seguridad provincial argumenta “falta de presupuesto”, mientras organizacioness como Red por la Infancia denuncian que el 80% de los fondos asignados a protección infantil se destina a campañas publicitarias, no a formación de equipos. La pregunta incómoda es si este caso, como otros antes, quedará en un titular pasajero o si, por primera vez, acelerará reformas concretas. El reloj corre: en lo que va de 2024, Mendoza ya registra 5 muertes de menores en contextos de violencia familiar.

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