Chávez, condenada por su participación en el fallido autogolpe de Pedro Castillo en diciembre de 2022, solicitó asilo político en la residencia diplomática mexicana, lo que desencadenó la ruptura de relaciones bilaterales entre ambos países. Este caso ha reabierto el debate sobre el uso del asilo diplomático en la región, especialmente después de que Perú acusara a México de proteger a figuras investigadas por corrupción o delitos comunes bajo el paraguas de la Convención de Caracas de 1954.

El general Jorge Arriola, jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), confirmó en declaraciones al Canal N que se han desplegado 36 agentes adicionales en puntos estratégicos de Lima, sumados a los 25 policías que ya custodiaban el perímetro de la embajada en el distrito de San Isidro. “Hemos cerrado cualquier posibilidad de fuga”, afirmó, aunque reconoció que los vehículos con inmunidad diplomática representan un desafío: “Podría intentar un trasbordo en algún punto de la ciudad o burlar la seguridad con complicidades”.

Arriola advirtió que, salvo en casos de “urgencia extrema” que ponga en riesgo la vida de los ocupantes, la policía no puede intervenir vehículos diplomáticos. Esta limitación legal ha encendido las alarmas, dado que Chávez enfrentaría una pena de 10 años de prisión por los delitos de rebelión y conspiración vinculados al intento de Castillo de disolver el Congreso.

¿Por qué ahora? Las autoridades peruanas sospechan que el contexto de las celebraciones de Año Nuevo —con mayor movimiento de personas y vehículos— podría ser aprovechado para facilitar una huida. “Hay informaciones que verificamos”, señaló Arriola, sin dar detalles sobre inteligencia específica. Este escenario recuerda al caso del ex presidente Alberto Fujimori, quien en 2000 huyó a Japón durante una crisis política, aunque en ese entonces no estaba asilado.

Perú lleva el caso a la OEA: “El asilo no puede ser un escudo para la impunidad”

El canciller peruano, Hugo de Zela, elevó el tema al Consejo Permanente de la OEA a principios de diciembre, proponiendo una revisión de los procedimientos de asilo para evitar su “evolución negativa“. En su intervención, De Zela criticó que el derecho de asilo —originalmente diseñado para proteger a perseguidos políticos— se esté usando para “eludir la justicia” en países con sistemas democráticos consolidados.

“Perú no se ha recuperado aún de la crisis institucional tras la destitución de Castillo, pero prevalecen las garantías del debido proceso“, subrayó el canciller. También anunció que su gobierno evaluará consultar al Comité Jurídico Interamericano para analizar posibles reformas al tratado de 1954, que regula el asilo en América Latina. “No podemos permitir que este instrumento se convierta en un mecanismo de impunidad”, insistió.

De Zela evitó mencionar directamente a Chávez, pero el contexto es claro: Perú ha denunciado que, desde 2020, al menos 12 casos de asilo en la región han involucrado a personas investigadas por corrupción o delitos graves, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El precedente que preocupa: ¿Un nuevo “caso Fujimori”?

La posible fuga de Chávez revivió comparaciones con la huida de Alberto Fujimori a Japón en noviembre de 2000, cuando renunció a la presidencia vía fax desde Tokio, evitando juicios por corrupción y violaciones a derechos humanos. Aunque los contextos son distintos —Fujimori no estaba asilado—, el paralelo subraya los riesgos de que figuras políticas usen recursos legales o diplomáticos para evadir la justicia.

En el caso de Chávez, su asilo en México ha generado tensiones adicionales: Perú retiró a su embajador en México en noviembre, y el presidente Dina Boluarte ha acusado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de “interferir en asuntos internos“. Mientras, en Lima, la fiscalía prepara un recurso para anular el asilo, argumentando que Chávez no cumple con el requisito de ser “perseguida política”.

¿Qué pasaría si Chávez logra salir del país? Perú no tiene tratado de extradición con México, pero podría solicitar su detención a través de Interpol o presionar en foros internacionales. Sin embargo, expertos en derecho internacional, como el abogado Carlos Hakansson, advierten que “una vez concedido el asilo, la extradición es casi imposible, salvo que se demuestre que fue otorgado de manera fraudulenta”.

Mientras la embajada mexicana sigue bajo vigilancia las 24 horas, una pregunta flota en el aire: ¿Estamos ante el inicio de una nueva crisis diplomática en América Latina, o solo es el último capítulo de la era Castillo?

El blindaje legal de México: ¿Por qué Perú no puede entrar a la embajada?

El despliegue policial alrededor de la embajada mexicana en Lima choca con un obstáculo jurídico insalvable: la inviolabilidad diplomática, consagrada en la Convención de Viena de 1961. Este tratado, ratificado por 193 países (incluidos Perú y México), prohíbe terminantemente que las autoridades del país anfitrión —en este caso, la Policía Nacional del Perú— ingresen a las instalaciones de una misión extranjera sin autorización expresa. Incluso en casos de delitos graves, como el que se imputa a Betssy Chávez (rebelión y conspiración), la normativa internacional no permite excepciones, salvo que el Estado acreditante (México) renuncie a su inmunidad.

Perú ya vivió un precedente similar en 1997, cuando el entonces embajador de Cuba en Lima, Rafael Dausá, se negó a entregar a cuatro miembros del grupo terrorista MRTA que se refugiaron en la residencia diplomática tras la crisis del rehenaje en la embajada de Japón. El gobierno de Alberto Fujimori rodeó el edificio con 200 policías durante 12 días, pero nunca pudo ingresar. Finalmente, los fugitivos fueron trasladados a La Habana en un avión cubano, bajo protestas peruanas. Este caso sentó un precedente: ningún operativo policial, por masivo que sea, puede violar la soberanía de una embajada. Hoy, el blindaje de 61 agentes alrededor del edificio en San Isidro repite la misma coreografía, pero con un final aún incierto.

La Convención de Caracas de 1954, invocada por México para justificar el asilo de Chávez, añade otra capa de protección. Este tratado —firmado por 14 países latinoamericanos— establece que el asilo debe concederse a personas “perseguidas por motivos políticos”, pero su interpretación es flexible. Perú argumenta que Chávez enfrenta procesos judiciales por delitos comunes (no políticos), pero México ha aprovechado el vacío legal: en 2019, el mismo gobierno de López Obrador otorgó asilo al ex presidente boliviano Evo Morales, acusado de fraude electoral, bajo el mismo argumento. La CIDH respaldó entonces la decisión, creando un precedente peligroso para Lima.

¿Hacia un conflicto en la Corte Internacional de Justicia?

Si Chávez logra salir del país —ya sea en un vehículo diplomático o mediante un salvoconducto humanitario—, Perú podría llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, como hizo Colombia en 2008 cuando Ecuador otorgó asilo al ex senador Pablo Roldán, buscado por vínculos con las FARC. El fallo de la CIJ en ese caso fue contundente: el asilo no puede usarse para proteger a personas investigadas por crímenes graves, pero el proceso duró cuatro años. Para entonces, Chávez podría estar ya en México, fuera del alcance de la justicia peruana. La pregunta ahora es si Lima está dispuesto a iniciar una batalla legal que podría extenderse hasta 2027, o si optará por presionar a México con sanciones económicas —como la suspensión de acuerdos comerciales—, una estrategia arriesgada en plena crisis regional.

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