Las grandes plataformas tecnológicas como Facebook, Google y otras han negado durante más de una década que sus diseños busquen fomentar la adicción digital en usuarios jóvenes. Sin embargo, el sistema legal estadounidense está a punto de poner a prueba esa narrativa: altos ejecutivos, incluido Mark Zuckerberg (CEO de Meta Platforms Inc.), deberán declarar bajo juramento en un juicio que evoca el histórico caso contra la industria tabacalera en los años 90, cuando empresas como Philip Morris fueron obligadas a pagar US$206.000 millones en indemnizaciones por ocultar los riesgos del cigarrillo.

El paralelo no es casual. En 1998, los documentos internos de las tabacaleras revelaron que sabían de la adicción desde los años 50. Hoy, correos filtrados de Meta —como los publicados por The Wall Street Journal en 2021— muestran que la compañía conocía desde 2019 que Instagram empeoraba la dismorfia corporal en un 32% de las adolescentes, pero priorizó el crecimiento sobre la seguridad.

Un juicio que podría reescribir las reglas digitales

Meta (dueña de Facebook e Instagram) y YouTube (de Google) son los principales acusados en este proceso que arranca en Los Ángeles. Zuckerberg está citado a declarar la próxima semana, en un caso que podría sentar un precedente para los más de 1.000 litigios pendientes contra TikTok, Snapchat y otras plataformas, acusadas de diseñar productos para maximizar el tiempo en pantalla sin medir las consecuencias en la salud mental.

Las empresas insisten en que han actuado con responsabilidad, destacando herramientas como los controles parentales y los recordatorios de descanso. Pero los demandantes —representados por el Social Media Victims Law Center— argumentan que estas medidas son parches insuficientes para un modelo de negocio basado en la explotación de la dopamina. Un informe de 2023 de la American Psychological Association vinculó el uso excesivo de redes con un aumento del 47% en diagnósticos de ansiedad en adolescentes desde 2010.

Si pierden, las tecnológicas podrían verse obligadas a rediseñar sus plataformas para menores —eliminando funciones como el scroll infinito o los likes públicos— y a pagar indemnizaciones que, según analistas de Bloomberg Intelligence, podrían superar los US$5.000 millones en los próximos dos años.

El caso que abrió la puerta: ansiedad, depresión y un acuerdo millonario

La demanda emblemática la lidera una joven de 20 años de Chico, California, identificada como KGM, quien desarrolló ansiedad crónica, depresión y dismorfia corporal tras más de una década usando Instagram y TikTok. Su caso ya logró acuerdos confidenciales con Snap (dueña de Snapchat) y TikTok, aunque los términos no se han revelado. Fuentes cercanas al proceso estiman que las cifras rondan los US$1 millón por demanda, similar a los primeros acuerdos con víctimas de opioides.

KGM no está sola: solo en 2024, hay 42 casos similares programados en tribunales de California, con fechas clave en abril y junio. Meta, además, enfrenta un segundo juicio en Nuevo México por fallos en la protección de menores, donde se investiga si permitió que depredadores sexuales contactaran a adolescentes a través de Facebook Messenger entre 2018 y 2021.

Un estudio de 2022 de la Universidad de Harvard reveló que el 68% de las adolescentes que pasaban más de 3 horas diarias en redes sociales reportaban ideas suicidas, frente al 35% de quienes las usaban menos de una hora.

La Sección 230: el escudo legal que ahora se resquebraja

Hasta ahora, las plataformas se han amparado en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones (1996), que las exime de responsabilidad por contenido de terceros. Esta normativa, creada para proteger la libertad de expresión en los primeros días de internet, nunca contempló algoritmos diseñados para retener la atención a toda costa.

Los demandantes argumentan que el problema no es el contenido (protegido por la Sección 230), sino el diseño adictivo: notificaciones intermitentes, recompensas aleatorias (como los likes) y sistemas de recomendación que priorizan contenido extremo. Matthew Bergman, abogado principal del caso, comparó estas tácticas con las de las máquinas tragamonedas, diseñadas para generar conductas compulsivas.

En una declaración de 2020, el exempleado de Facebook Frances Haugen —quien filtró documentos internos— reveló que la compañía sabía que sus algoritmos “enfurecían” a los usuarios para mantenerlos enganchados. “No es un error, es el modelo de negocio”, afirmó entonces.

“No hay pruebas”: la defensa de Meta y Google

Meta niega que existan “pruebas concluyentes” de que sus plataformas dañen la salud mental. En su estrategia legal, presentará estudios internos y externos —como uno de la Universidad de Oxford (2023)— que sugieren que el impacto en los adolescentes es “mínimo o neutro”. También destacará los beneficios de las redes, como la conectividad social durante la pandemia, cuando el 87% de los jóvenes las usó para mantener contacto con amigos, según sus datos.

Sin embargo, investigaciones internas filtradas en 2021 por la denunciante Frances Haugen mostraron que Meta era consciente de que Instagram empeoraba la imagen corporal en 1 de cada 3 adolescentes, pero ocultó estos hallazgos al público. Como respuesta, la empresa lanzó en 2022 cuentas supervisadas para menores de 16 años, con límites de tiempo y contenido. No obstante, un informe de Common Sense Media reveló que solo el 12% de los padres las activan.

José Castañeda, portavoz de YouTube, calificó las acusaciones de “falsas” y recordó que la plataforma ha invertido US$100 millones desde 2021 en herramientas de bienestar digital, como recordatorios para tomar descansos. Sin embargo, un análisis de 2023 de la Universidad de Stanford demostró que estos recordatorios aparecen, en promedio, 47 minutos después de que el usuario supere el tiempo recomendado.

Declaraciones clave: Zuckerberg, Mosseri y los psicólogos

El juicio, pospuesto la semana pasada por la enfermedad de un abogado defensor, comenzará esta semana con la selección del jurado (ya completada: 12 miembros) y los alegatos iniciales. Entre los testigos destacados están:

• Adam Mosseri (jefe de Instagram): deberá explicar por qué la plataforma ocultó durante años que sus algoritmos promovían contenido sobre trastornos alimenticios y autolesiones.
• Mark Zuckerberg (CEO de Meta): enfrentará preguntas sobre correos internos de 2018 en los que se bromeaba con que “la adicción es buena para el negocio”.
• Neal Mohan (CEO de YouTube): será interrogado sobre por qué el 70% de los videos recomendados a menores son de influencers que promueven productos o estilos de vida irreales.
• Psicólogos infantiles, como la doctora Jean Twenge (autora de iGen), quien testificará que las redes han acelerado la “crisis de salud mental” en adolescentes, con un aumento del 50% en depresión desde 2012.

El proceso podría extenderse hasta marzo, pero sus resultados iniciales podrían acelerar negociaciones en otros casos. Eric Goldman, profesor de la Universidad de Santa Clara, advirtió que una derrota para las tecnológicas “abriría las compuertas” a demandas masivas, similares a las que quebraron a empresas como Purdue Pharma (fabricante de oxicodona).

Paralelamente, más de 1.000 distritos escolares en EE.UU. han presentado demandas por “daños al orden público”, acusando a las redes de socavar la educación y aumentar el ausentismo. Estos casos, centralizados en un tribunal de Oakland, California, podrían comenzar a finales de 2024.

Un dato revelador: según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el 42% de los estudiantes de secundaria en EE.UU. reportó en 2021 sentirse “persistentemente triste o desesperanzado”, un récord histórico que coincide con la masificación de TikTok e Instagram.

Matthew Bergman, abogado de los demandantes, resumió la importancia del caso: “Que una empresa tecnológica deba rendir cuentas ante un jurado por sus decisiones de diseño es una novedad absoluta. Esto nunca había pasado”. La pregunta ahora es: ¿logrará este juicio lo que no pudieron las regulaciones? ¿O las redes sociales seguirán operando como “el nuevo tabaco”, con ganancias que superan cualquier multa?

El abogados de los demandantes, Matthew Bergman, ya ha citado en sus escritos previos un caso menos conocido pero revelador: en 2006, Purdue Pharma (fabricante de OxyContin) fue condenada por ocultar los riesgos de adicción de su analgésico. La empresa pagó US$600 millones y sus ejecutivos enfrentaron cargos criminales. El paralelo es directo: tanto Purdue como Meta financiaron estudios sesgados para minimizar los daños. En 2017, Purdue publicó un informe que reducía el riesgo de adicción al 1%, mientras sus datos internos lo situaban en 26%. Meta, por su parte, promovió en 2021 un estudio de la Universidad de Oxford que restaba impacto a Instagram, omitiendo que sus propios investigadores habían hallado un **32% de empeoramiento en la dismorfia corporal.

La pregunta que define el futuro: ¿será este el “momento Purdue Pharma” de las tecnológicas?

Si el jurado falla en contra de Meta y Google, el impacto iría más allá de las multas. En 2007, tras el caso Purdue, la DEA (agencia antidroga de EE.UU.) impuso un sistema de monitoreo en tiempo real para recetas de opioides. ¿Podría la FTC (comisión federal de comercio) exigir algo similar para los algoritmos? Frances Haugen, la denunciante de Meta, ya ha propuesto en declaraciones a The New York Times un modelo de “caja negra” para auditar los sistemas de recomendación, como el que rige en la aviación comercial. La diferencia es que, mientras un avión caído deja rastros, los daños de las redes —depresión, ansiedad, suicidios— son invisibles pero acumulativos. El juicio no solo decidirá indemnizaciones: podría obligar a las plataformas a adoptar un principio que el tabaco nunca aceptó voluntariamente: el “diseño ético” por defecto.

La entrada “Juicio histórico: redes sociales en el banquillo como el tabaco en los 90” se publicó primero en En foco Hoy.