La administración de Donald Trump exige convertir en permanente la moratoria internacional sobre impuestos a las “transmisiones electrónicas”, un acuerdo temporal renovado cada dos años desde 1998 que hoy cubre desde compras online y redes sociales hasta inteligencia artificial y videoconferencias. La batalla se definirá en la Conferencia Ministerial (MC14) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), del 26 al 29 de marzo en Yaundé, Camerún, donde 22 países —incluidos Singapur, Argentina, Japón y México— ya respaldan la propuesta.

El embajador estadounidense Joseph Barloon, representante ante la OMC, advirtió que la renovación bianual “envía la señal errónea” a las empresas. “Es momento de que la OMC concrete la moratoria permanente“, declaró a Bloomberg News, mientras la Unión Europea —a través de su portavoz Olof Gill— confirmaba su apoyo. Sin embargo, la India y Sudáfrica mantienen sus reservas, temiendo pérdidas de ingresos aduaneros y una mayor hegemonía de gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Spotify, que en 2024 concentraron el 70% de las exportaciones digitales globales (valoradas en US$4,8 billones, el doble que en 2017).

El dilema de los emergentes: soberanía vs. crecimiento

Brasil, India y Sudáfrica lideran la resistencia. Estos países argumentan que la exención perpetua profundizaría la brecha digital, beneficiando a corporaciones extranjeras en detrimento de sus economías locales. La Inteligencia Artificial (IA) agrava sus preocupaciones: sin aranceles, plataformas como Microsoft Azure o AWS podrían dominar aún más los flujos de datos transfronterizos, erosionando la soberanía tecnológica. En 2023, la India ya impuso un impuesto del 2% a los servicios digitales extranjeros, una medida que EE.UU. tachó de “proteccionista”.

El borrador impulsado por Washington —firmado también por Corea del Sur, Indonesia y 10 naciones más— busca blindar la exención bajo el argumento de que “la OMC debe adaptarse a la economía moderna“. Pero expertos como Martina Ferracane, de la Universidad de Teesside, dudan que se logre el consenso necesario: “Una prórroga de cuatro años es más viable que la permanencia“, señaló. La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, enfrenta así un teste clave: si la moratoria expira en marzo, el organismo perdería credibilidad en un área crítica.

Gigantes tecnológicos vs. Estados: ¿quién gana?

Las empresas digitales presionan con un argumento contundente: el comercio de servicios digitales crece al doble de velocidad que el comercio tradicional. Según la Cámara de Comercio Internacional, imponer aranceles ahora sería “como gravar el oxígeno en plena revolución industrial”. Sin embargo, gobiernos como el de Brasil —que en 2022 recaudó US$1.200 millones en impuestos a plataformas extranjeras— advierten que la exención permanente les costaría miles de millones en ingresos fiscales.

El conflicto trasciende lo económico: EE.UU. y la UE siguen enfrentados por la fiscalidad digital. Trump ha amenazado con activar la Sección 301 —un mecanismo de sanciones comerciales— contra cualquier regulación que “perjudique a empresas estadounidenses”. Mientras, China, que no ha firmado el borrador pero sí se beneficia de la moratoria, observa en silencio. ¿Estamos ante un nuevo capítulo de la guerra tecnológica?

El escenario más probable: una tregua temporal

Analistas como Andrew Wilson, de la Cámara de Comercio Internacional, prevén que la propuesta de EE.UU. no prosperará en su versión permanente, pero podría lograrse un compromiso intermedio: una extensión de cuatro años (en lugar de los dos habituales). Este plazo daría tiempo a negociar un marco más equilibrado, aunque deja en suspenso el futuro de los aranceles digitales. Indonesia, antes escéptica, ya cedió en su acuerdo bilateral con Washington, un precedente que podría inclinara la balanza.

El apoyo de la India —que negocia un pacto comercial con EE.UU.— será decisivo. Aunque el texto preliminar no menciona aranceles a transmisiones electrónicas, fuentes cercanas a las conversaciones revelaron a Info Radar 24 que Nueva Delhi exige garantías sobre soberanía de datos a cambio de su voto. ¿Aceptará la OMC un modelo híbrido que combine exención con salvaguardas locales?

La moratoria actual vence a fines de marzo. Si no hay acuerdo, el comercio digital —desde un streaming en Netflix hasta una transferencia bancaria por blockchain— podría enfrentar barreras arancelarias por primera vez en 26 años. ¿Estamos al borde de una fragmentación de Internet?

El precedente ignorado: cómo la OMC falló en 2019 con los aranceles a productos físicos

Mientras EE.UU. empuja por una exención permanente para los aranceles digitales, la historia reciente de la OMC revela un patrón de bloqueos que podría repetirse. En diciembre de 2019, la organización colapsó en su intento por renovar el mecanismo de solución de diferencias para productos físicos, cuando 128 de sus 164 miembros —incluidos Brasil, India y la UE— vetaron la designación de nuevos jueces para el Órgano de Apelación. El resultado: un vacío legal que aún persiste y ha dejado sin resolver 32 disputas comerciales, desde subsidios agrícolas hasta derechos antidumping. Este antecedente explica por qué hoy 22 países apoyan la propuesta de Washington, pero otros 102 (el 62% de los miembros) aún no se pronuncian.

El paralelo con 2019 es inquietante. Entonces, la OMC quedó paralizada porque los países en desarrollo exigían reformas que limitaran el poder de EE.UU. y la UE para imponer sanciones unilaterales. Hoy, la misma división se reproduce: India y Sudáfrica condicionan su apoyo a la moratoria digital a cambios en las reglas de propiedad intelectual (como la exención de patentes para tecnologías médicas, un tema que la OMC pospuso en 2022). Más aún: en 2021, un estudio del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD) calculó que, si la moratoria expirara, los países africanos podrían recaudar hasta US$280 millones anuales en aranceles a servicios digitales —una cifra equivalente al 15% de su presupuesto conjunto en salud pública.

La estrategia de EE.UU. de vincular la permanencia de la moratoria a la “modernización” de la OMC choca con otro dato: en 2020, el organismo tardó 18 meses en nombrar a su directora general, Ngozi Okonjo-Iweala, por vetos cruzados. Ahora, con solo tres días de conferencias ministeriales (del 26 al 29 de marzo), el tiempo juega en contra. Los países africanos, que alberdan la sede este año, ya advirtieron que no avalarán acuerdos “impuestos por plazos artificiales”, según declaró el ministro de Comercio de Kenia, Moses Kuria, en una reunión preparatoria el pasado febrero.

La trampa del “consenso”: ¿una OMC a dos velocidades?

Si la moratoria digital no se aprueba por unanimidad —requisito en la OMC—, EE.UU. y sus aliados podrían activar un “acuerdo plurilateral” (entre países interesados), como ya hicieron con el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TiSA) en 2016. Pero esto crearía un sistema de dos niveles: uno para los firmantes (con cero aranceles) y otro para el resto (con barreras). La pregunta clave no es si habrá acuerdo en Yerundé, sino qué países quedarán fuera —y qué costos pagarán por ello. La OMC, diseñada para evitar fragmentaciones, podría terminar institucionalizándolas.

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