Wall Street celebra, pero Trump prepara un proteccionismo mutante en 2026
Golpe judicial histórico: El Tribunal Supremo frena los aranceles de Trump, pero la Casa Blanca activa un “plan B” que mantiene la presión fiscal en 2026 y amenaza con devolver US$175.000 millones a las empresas.
El fallo, con 6 votos a favor y 3 en contra, anula los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), acusando al Ejecutivo de exceder sus facultades y eludir al Congreso. La decisión desató un rally en Wall Street —el Dow Jones subió un 0,47%—, pero el alivio podría ser efímero: el gobierno ya prepara nuevas medidas usando las Secciones 122 y 301 para mantener la recaudación “virtualmente inalterada”, según declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Un fallo con consecuencias billonarias y riesgo de crisis fiscal
La sentencia no solo invalida los aranceles, sino que abre la puerta a que el Tesoro deba devolver US$175.000 millones recaudados indebidamente, según cálculos de la Universidad de Penn. Este agujero fiscal equivaldría al 3,2% del presupuesto federal de 2025 y podría obligar al gobierno a recortar gastos o subir impuestos en plena campaña electoral. “Es un escenario de pesadilla para la estabilidad presupuestaria”, advirtió la economista Claudia Sahm, exintegrante de la Reserva Federal, quien recordó que la última vez que EE.UU. enfrentó un reembolso masivo similar —tras la anulación de los aranceles al acero en 2003— el déficit se disparó un 1,8% en un trimestre.
El sector más beneficiado fue el tecnológico: Dell subió un 2,7% y Ziff Davis un 4,3% en la sesión. Sin embargo, ambas empresas cotizan aún un 30-37% por debajo de sus máximos anuales, lo que refleja el daño acumulado por dos años de guerra comercial. “El mercado celebra hoy, pero mañana podría llegar un arancel del 10% bajo la Sección 122″, advirtió el analista de Goldman Sachs, Jan Hatzius, en una nota a inversores.
El “plan B” de Trump: aranceles mutantes y amenaza a la seguridad jurídica
El presidente Trump respondió al fallo acusando al Tribunal Supremo de estar influenciado por “intereses extranjeros“, una declaración que profundiza la crisis institucional. “Estoy avergonzado de ciertos miembros por no tener el valor de hacer lo correcto”, dijo, en un tono que recuerda a su retórica durante el primer impeachment de 2019, cuando también cuestionó la legitimidad del poder judicial. Mientras, su equipo económico ya trabaja en un arancel global del 10% por 150 días bajo la Sección 122, una medida que, según la Cámara de Comercio de EE.UU., podría encarecer los productos electrónicos en un 8-12% para los consumidores.
El secreto del “plan B” radica en combinar múltiples herramientas legales: la Sección 232 (seguridad nacional), la Sección 301 (prácticas comerciales desleales) y la ya mencionada Sección 122. “Es como un rompecabezas arancelario: si una pieza falla, usan otra”, explicó la abogada comercial Susan Ariel Aaronson. Este enfoque fragmentado genera incertidumbre legal, ya que cada sección tiene plazos y requisitos distintos, lo que obligará a las empresas a contratar más abogados para navegar el nuevo laberinto. Un informe de la firma Baker McKenzie estima que el coste de cumplimiento normativo para las multinacionales podría aumentar un 22% en 2026.
Tecnología en la cuerda floja: Dell y Ziff Davis respiran… por ahora
Las acciones de Dell (+2,7%) y Ziff Davis (+4,3%) lideraron las ganancias tras el fallo, pero su recuperación es frágil. Ziff Davis, por ejemplo, aún opera con márgenes un 15% inferiores a los de 2023, antes de la escalada arancelaria. “El alivio es temporal”, declaró su CEO, Vivek Shah, en una llamada con inversores, donde recordó que la empresa tuvo que reubicar el 30% de su producción a Vietnam y México para esquivar los aranceles, una decisión que costó US$87 millones en 2025. Ahora, con la amenaza de la Sección 122, Shah advirtió que podrían verse obligados a “reconfigurar la cadena de suministro otra vez“, esta vez con plazos aún más ajustados.
El sector publicitario, otro de los más castigados, también reaccionó al alza. Empresas como Interpublic Group (que depende de importaciones de hardware para sus campañas digitales) subieron un 1,8%. Sin embargo, su director financiero, Frank Mergenthaler, advirtió que “el 40% de nuestros clientes ya han recortado sus presupuestos de marketing para 2026 por la volatilidad”, una cifra que supera el 28% registrado en 2024, según datos de la Asociación Nacional de Anunciantes.
El fantasma de los reembolsos: ¿inflación o desconfianza?
El mayor riesgo ahora es la retroactividad del fallo. Si el gobierno debe devolver los US$175.000 millones, el impacto podría ser doble:
- Escenario 1 (devolución): Una inyección de liquidez masiva que reavivaría la inflación, ya en 0,4% en diciembre (índice PCE). “Podría sumar 0,6 puntos porcentuales al IPC en el primer trimestre de 2026″, estimó el economista Paul Ashworth, de Capital Economics.
- Escenario 2 (no devolución): Las empresas llevarían al gobierno a los tribunales, generando una ola de litigios que paralizaría inversiones. “Sería el shutdown legal del siglo”, advirtió la abogada Lisa Rickard, presidenta del U.S. Chamber Institute for Legal Reform.
Históricamente, los reembolsos masivos han tenido efectos mixtos. Tras la anulación de los aranceles al acero en 2003, el gobierno de Bush tardó 18 meses en devolver US$3.000 millones, un proceso que generó 2.100 demandas y un aumento del 0,3% en la inflación de ese año, según un estudio de la Federal Reserve.
¿Hacia dónde va la guerra comercial? Tres claves para 2026
El conflicto no ha terminado; ha mutado. Tres señales lo confirman:
- Aranceles “a la carta”: La administración usará la Sección 232 para gravar productos específicos (ej.: chips semiconductores) y la Sección 301 para castigar a China, como ya hizo en 2018, cuando impuso tarifs por US$250.000 millones a bienes chinos.
- Presión sobre la Reserva Federal: Si la inflación repunta por los reembolsos, la Fed podría retrasar los recortes de tasas previstos para mediados de 2026, según minerías de los mercados futuros.
- Fuga de inversiones: El 28% de las multinacionales encuestadas por McKinsey en enero de 2026 admitió estar evaluando mover sus sedes fiscales a Canadá o México por la inestabilidad normativa.
El cierre de 2025 dejó una inflación PCE del 0,4% (por encima del 0,3% esperado) y un crecimiento del PIB del 1,9%, el más bajo desde 2022. “Wall Street ganó una batalla, pero la guerra la decidirán los abogados y los jueces en los próximos meses”, sentenció la estratega de JPMorgan, Joyce Chang. La pregunta que ahora acecha a los mercados es clara: ¿Puede sobrevivir la economía estadounidense a un proteccionismo que muta más rápido que las leyes que lo frenan?
El precedente que asfixió a Bush en 2003: ¿se repetirá el error con Trump?
El fallo del Tribunal Supremo no solo evoca el caso de los aranceles al acero de 2003, sino que reproduce un patrón histórico: cuando un gobierno estadounidense recurre a herramientas legales alternativas para esquivar una derrota judicial, los costes económicos se multiplican. En aquel entonces, la administración de George W. Bush impuso aranceles de hasta el 30% a las importaciones de acero bajo la Sección 201 de la Ley de Comercio, argumentando la necesidad de proteger a la industria nacional. El Tribunal de Comercio Internacional falló en contra, pero el gobierno insistió con medidas similares bajo la Sección 232 (seguridad nacional), igual que ahora planea hacer Trump.
El resultado fue catastrófico: la Unión Europea respondió con represalias por valor de US$2.200 millones, gravando productos emblemáticos como los jeans Levi’s (con un arancel del 14,9%) y las motocicletas Harley-Davidson (arancel del 25%). Las exportaciones estadounidenses de estos sectores cayeron un 17% en solo seis meses, según datos del U.S. International Trade Commission. Además, el gobierno tuvo que devolver US$3.000 millones a las empresas afectadas, un proceso que generó 2.100 demandas judiciales y paralizó inversiones por valor de US$11.000 millones en 2004, según un informe de la Brookings Institution.
Lo más revelador es cómo reaccionó el mercado: el S&P 500 cayó un 4,2% en el trimestre siguiente a la implementación de los aranceles, y las acciones de empresas siderúrgicas como U.S. Steel —que en teoría se beneficiarían— terminaron el año con una pérdida del 12%. La lección es clara: la incertidumbre legal ahuyenta más inversiones que los aranceles mismos. Ahora, con Trump dispuesto a usar hasta tres secciones legales distintas (122, 232 y 301) de manera simultánea, el riesgo de un efecto dominó es mayor. Las empresas no solo tendrán que lidiar con nuevos gravámenes, sino con un código normativo en constante cambio, donde cada regla puede ser reemplazada por otra en cuestión de semanas.
Hay otro detalle clave: en 2003, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en 1% para estimular la economía, pero hoy, con la inflación aún persistente y la Fed en modo restrictivo, el margen de maniobra es mínimo. Si los reembolsos de US$175.000 millones se materializan, la presión sobre los precios podría obligar a la Fed a subir tasas en 2026, justo cuando el mercado espera recortes. “Estamos ante un déjà vu con esteriodes”, advirtió el economista Barry Eichengreen, de la Universidad de California, en una columna para el Financial Times.
2026: ¿El año en que la guerra comercial se vuelve permanente?
El “plan B” de Trump no es un parche temporal, sino el diseño de un proteccionismo de estado permanente, donde los aranceles se activan y desactivan según la conveniencia política, no la lógica económica. Si en 2003 el error de Bush fue subestimar la respuesta de la UE, ahora el riesgo es mayor: China ya no es el mismo actor pasivo de hace dos décadas. En 2024, Pekín impuso aranceles del 25% a las importaciones de polímeros estadounidenses en represalia por las tarifas a los paneles solares, y su arsenal legal se ha sofisticado. La pregunta no es si habrá represalias, sino cuánto dañarán a sectores clave como la agricultura (que exporta US$36.000 millones anuales a China) o la tecnología. Wall Street celebra hoy, pero el verdadero test llegará cuando las empresas tengan que elegir entre pagar abogados o mudarse a México.