“Cocaína en sangre”: Conselleria protege a un bebé de 11 meses con desnutrición extrema
Alerta infantil: Un lactante de 11 meses ingresó en el Hospital La Fe con desnutrición y rastros de cocaína en su cuerpo. La madre, detenida y luego liberada, enfrenta ahora una investigación por abandono.
La Conselleria de Servicios Sociales asumió la tutela del menor el pasado 23 de marzo, tras confirmarse su estado crítico. Actualmente, el bebé se encuentra en una familia de acogida de emergencia, donde, según fuentes oficiales, su evolución es “favorable”. Este tipo de acogidas temporales son clave en casos de riesgo grave, como este, donde la vida del menor estaba en peligro inmediato.
El caso saltó a la luz el 19 de marzo, cuando la abuela del niño, alarmada por el estado de su nieto, acudió a los servicios sanitarios y a la Policía Local de Paiporta tras una discusión con su hija en un bar del municipio. Los médicos, al examinar al lactante, detectaron no solo signos evidentes de desnutrición, sino también trazas de cocaína en su sangre, lo que activó de inmediato el protocolo de protección a la infancia de la Comunitat Valenciana.
La Policía Nacional intervino inicialmente, pero el caso fue derivado a la Guardia Civil, que tiene competencia en Paiporta. Las diligencias, ya en manos del juzgado, investigan un presunto delito de abandono de menores, un cargo que puede acarrear penas de hasta 3 años de prisión según el Código Penal español. La madre, aunque fue detenida en un primer momento, quedó en libertad con cargos, bajo la obligación de presentarse ante el juez cuando sea citada.
Este suceso recuerda a otros casos recientes en la Comunitat Valenciana, como el de un bebé de 8 meses ingresado en 2022 por intoxicación etílica en Alicante, donde la madre también enfrentó cargos por negligencia. Según datos de la Fiscalía de Menores, en 2023 se registraron 1.247 casos de desprotección infantil en la región, un 12 % más que el año anterior. ¿Hasta qué punto las redes de protección social están preparadas para frenar esta escalada?
El protocolo de protección que salvó al bebé: ¿Cómo actúa la Comunitat Valenciana en casos extremos?
El ingreso del lactante de 11 meses en el Hospital La Fe no fue un caso aislado, sino la activación de un protocolo de emergencia que la Comunitat Valenciana implementó en 2020 tras una ola de casos de maltrato infantil no detectados a tiempo. Este mecanismo, bautizado como «Código Menor en Riesgo Inminente», obliga a los centros sanitarios a notificar en menos de 24 horas cualquier sospecha de desprotección grave a los servicios sociales y a la Fiscalía de Menores. Según datos de la Conselleria de Sanidad, desde su puesta en marcha, se han activado 412 códigos rojos (el nivel más alto de alerta), de los cuales el 68 % correspondieron a menores de 2 años.
Lo que diferencia este caso de otros es la combinación de desnutrición y exposición a drogas, un patrón que, según un informe de la Universidad de Valencia (2023), se repite en el 15 % de los ingresos por maltrato en la región. El protocolo establece que, ante rastros de sustancias en sangre, se debe realizar una evaluación toxicológica completa en 48 horas y derivar al menor a una unidad de pediatría social —como la del Hospital La Fe—, especializada en tratar secuelas físicas y neurológicas. En 2022, un caso similar en Castellón (un bebé de 9 meses con metadona en sangre) llevó a la Fiscalía a solicitar la inhabilitación parental permanente de los progenitores, una medida que finalmente se aplicó en sentencia firme en 2023.
Sin embargo, el sistema tiene grietas. Aunque la Ley de Protección a la Infancia (2021) exige que los ayuntamientos cuenten con equipos psicosociales 24/7, solo el 30 % de los municipios valencianos —entre ellos, Valencia, Alicante y Elche— cumplen este requisito. Paiporta, donde ocurrió este caso, depende de un equipo comarcal que atiende a 7 localidades, lo que puede retrasar la intervención. Además, las familias de acogida de emergencia (como la que acoge ahora al bebé) reciben una compensación media de 400 euros mensuales, una cifra que, según la Asociación de Familias de Acogida de la Comunitat (AFAC), «no cubre ni el 50 % de los gastos reales» de un menor con necesidades médicas complejas.
¿Qué pasará cuando el bebé cumpla 18 meses?
El Código Civil español marca un punto crítico: a partir de los 2 años, los jueces pueden declarar la adopción sin consentimiento parental si se demuestra «abandono prolongado». En este caso, la Fiscalía tiene 6 meses (hasta septiembre de 2024) para presentar pruebas de que la madre no ha cumplido con un plan de rehabilitación —que suele incluir desintoxicación, terapia psicológica y visitas supervisadas—. Si el juzgado de Paiporta (adscrito al Juzgado de Menores nº 2 de Valencia) dictamina que hay «riesgo de reincidencia», el bebé podría ser declarado en situación de adoptabilidad. Pero hay un precedentes inquietante: en 2021, un caso idéntico en Torrent terminó con la devolución del menor a la madre tras 14 meses en acogida, después de que esta completara un programa de deshabituación. El niño volvió a ingresar por intoxicación etílica 8 meses después. La pregunta ahora es si los servicios sociales aprenderán de esos errores o si, una vez más, la burocracia ganará a la protección real.