🚨 Mercado negro de datos: así operan en Telegram con precios desde US$3,5
Fuga masiva: DNI, historiales crediticios y hasta fotos de menores se venden en canales ocultos de Telegram con sistemas que burla la ley.
La información sensible de millones de personas —obtenida mediante filtraciones, scraping masivo y ciberataques— ya no se esconde solo en la dark web. Una investigación de la ONG Derechos Digitales, publicada en febrero de 2025, reveló la existencia de 27 canales activos en Argentina, Brasil y Perú donde se comercializan ilegalmente datos personales a través de Telegram, con métodos que varían según el país. Mientras en Brasil y Perú dominan los bots automatizados, en Argentina el negocio funciona con intermediarios humanos que operan en la sombra: contactan a los compradores por chats privados, negocian precios en criptomonedas o Mercado Pago, y solo entonces activan herramientas digitales para entregar la información.
El proceso es rápido: en segundos, un comprador puede acceder a paquetes que incluyen desde direcciones con enlaces de Google Maps hasta informes financieros de Nosis (la plataforma de scoring crediticio más usada en el país), pasando por vínculos familiares, números de teléfono con operadora, correos electrónicos y hasta historiales laborales. Según el estudio Identidades en venta, algunos vendedores incluso ofrecen “planes por suscripción”: desde US$3,5 por 24 horas de acceso hasta US$15 por servicios “ilimitados”, o paquetes de 1.000 consultas por US$100.
El riesgo detrás de la velocidad: la ONG advirtió que estos datos se usan para extorsiones, robos de identidad y violencia de género. En un caso extremo, hallaron la imagen de una adolescente —con su DNI y fecha de nacimiento— marcada con el logo del SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales), una herramienta restringida a fuerzas de seguridad que, en teoría, debería estar blindada contra filtraciones.
Argentina: el modelo “humano” que esquiva rastreos
Rafael Bonifaz, líder del Programa LAREDD de Derechos Digitales, explica que en Argentina los canales de Telegram funcionan como “vitrinas”: allí se publicitan los servicios con capturas de pantalla que “demuestran” la autenticidad de los datos, pero las transacciones se cierran en privados. “No hay bots visibles ni listas de miembros —señala—. Los administradores son anónimos y, en muchos casos, exigen pagos en criptomonedas para borrar huellas”. Sin embargo, también aceptan Mercado Pago, lo que deja un rastro financiero que, hasta ahora, las autoridades no han logrado explotar.
Los paquetes más demandados incluyen:
- Datos básicos: DNI, CUIL, domicilio exacto con mapa de Google y números de teléfono (con nombre de la operadora).
- Información financiera: informes completos de Nosis, con deudas, scoring crediticio y CUIT de empleadores.
- Vínculos familiares: nombres, edades y DNI de padres, hijos o cónyuges, incluso de menores de edad.
- Historial vehicular: patentes asociadas a una persona, con dirección registrada y posible vinculación a empresas.
- Datos jurídicos: información de personas jurídicas (empresas) a partir de su CUIT.
El estudio detectó que algunos bots devuelven más datos de los solicitados. Por ejemplo: al buscar a una persona, el sistema también arroja información detallada de sus familiares directos, sin que el comprador lo haya pedido.
¿De dónde salen los datos? La sombra sobre el Estado
El origen de la información es el gran interrogante. La investigación encontró patrones técnicos —como formatos de códigos asociados al DNI— que sugieren que parte de los datos provendrían de bases estatales, como el Renaper (Registro Nacional de las Personas) o incluso el sistema financiero. “No es solo un problema de privacidad, sino de seguridad nacional”, advierte Agustina Ordoñez, politóloga y asesora en la Cámara de Diputados.
Los antecedentes son alarmantes: en 2021, se filtraron 116.000 fotos del Renaper en Telegram, y ese mismo año hackearon la base de datos de licencias de conducir, exponiendo información de 6 millones de personas. “Si estos datos salen de sistemas públicos, estamos ante una falla estructural —señala Ordoñez—. ¿Quién responde cuando el Estado no protege lo que custodia?”.
La experta cuestiona la falta de acción tanto de las plataformas como de las autoridades: “Telegram sabe que esto ocurre, pero no cierra los canales. Y en Argentina, aunque se discute una ley de protección de datos, el problema no es la norma, sino su aplicación. ¿De qué sirve una ley si no hay controles?“.
Mientras el debate legal avanza lento, el mercado negro sigue creciendo. La pregunta urgente no es solo cómo frenar la venta, sino por qué los datos siguen filtrándose desde los mismos sistemas que deberían resguardarlos.
Telegram vs. la dark web: ¿por qué los ciberdelincuentes migraron a la app de mensajería?
El informe de Derechos Digitales no solo expone la magnitud del mercado negro en Telegram, sino un cambio de paradigma: los datos que antes se comercializaban en foros de la dark web —como BreachForums o RaidForums, cerrados en 2022 y 2023 tras operaciones del FBI— ahora fluyen abiertamente en una plataforma con 700 millones de usuarios activos. La clave está en tres ventajas que Telegram ofrece sobre la web oscura: accesibilidad, velocidad y (paradójicamente) menor riesgo de rastreo.
En la dark web, los compradores debían navegar con Tor, manejar criptomonedas como Monero (XMR) y sortear mercados como AlphaBay —desmantelado en 2017 tras una operación internacional que incautó US$54 millones en bitcoins. En cambio, Telegram elimina barreras: no requiere conocimientos técnicos, permite pagos con Mercado Pago (usado por el 78% de los argentinos, según un estudio de Kantar en 2024) y opera en tiempo real. Según el informe, el 63% de las transacciones en los canales analizados se concretan en menos de 15 minutos, frente a las 48 horas promedio que demoraban en la dark web por los protocolos de seguridad.
Otro factor crítico es la impunidad algorítmica. Mientras plataformas como Facebook o X (Twitter) usan sistemas de detección de contenido ilegal —que en 2023 removieron 12 millones de publicaciones por venta de datos, según sus informes de transparencia—, Telegram no modera proactivamente los canales privados. Su política de privacidad, actualizada en octubre de 2023, establece que solo actúa ante “denuncias verificadas de autoridades competentes”, un requisito que —según la ONG— ningún gobierno latinoamericano ha cumplido en los últimos dos años.
La migración también responde a un dato económico: en la dark web, un paquete de 1.000 registros de DNI costaba entre US$200 y US$500 en 2021 (según un reporte de Chainalysis). Hoy, en Telegram, el mismo volumen se consigue por US$100, con la ventaja de incluir datos actualizados en 2024 (la dark web solía vender información obsoleta, con hasta 3 años de antigüedad).
El próximo blanco: ¿Telegram enfrentará presión legal como la dark web?
El precedente más cercano es el caso de Genesis Market, un mercado de datos robados cerrado en abril de 2023 tras una operación de 17 países que arrestó a 119 personas. La diferencia ahora es que Telegram no es un foro oculto, sino una app con servidores en Dubái y una estructura legal opaca. Mientras la UE ya multó a Meta con €1.200 millones en 2023 por transferencias ilegales de datos, Latinoamérica sigue sin un marco regional para actuar. La pregunta no es si Telegram será investigado, sino qué gobierno dará el primer paso —y si lo hará antes de que el próximo escándalo involucre no solo DNI, sino historiales médicos o biométricos.