“Especialista” en robos a puntos limpios: 3 golpes en abril en Lugo
Tres golpes en un mes: Un vecino de Culleredo, con historial delictivo, desvalijó el punto limpio de A Pastoriza (Lugo) en tres ocasiones durante abril de 2024.
La Guardia Civil ha desmantelado una trama de robos reiterados en el punto limpio de A Pastoriza (Lugo), con la detención de un hombre de Culleredo (A Coruña) como presunto autor de tres robos con fuerza en el mismo centro durante abril. Las pesquisas comenzaron tras la denuncia de los responsables del recinto, que reportaron candados rotos, puertas forzadas y la desaparición de electrodomésticos y chatarra metálica. Este tipo de delitos, aunque menos visibles, generan pérdidas anuales superiores a los 200.000 euros en Galicia, según la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP).
Los hechos ocurrieron en tres fechas distintas de abril de 2024, aprovechando horarios de baja afluencia y la ausencia de personal. Según fuentes de la investigación, el detenido actuaba “a cara descubierta”, lo que facilitó su identificación a través de las cámaras de seguridad del punto limpio. Las grabaciones no solo revelaron su identidad, sino también el vehículo utilizado para transportar el material sustraído. Este modus operandi coincide con el de otros casos en Galicia, donde delincuentes especializados en chatarrerías ilegales operan con precisión milimétrica.
El arresto se produjo al cruzar datos con sus antecedentes policiales: el detenido acumula un extenso historial por delitos similares, especialmente robos en instalaciones públicas y venta ilegal de chatarra. Los agentes confirmaron que, tras los robos, se registraron ventas sospechosas de electrodomésticos y metales que coincidían con el material robado. En 2021, un caso similar en Vigo terminó con la condena de un hombre a 18 meses de prisión por sustraer 12 toneladas de cable de cobre en puntos limpios de Pontevedra y Ourense, vendiéndolo en chatarrerías de Porto (Portugal) por 23.000 euros.
El punto limpio de A Pastoriza, gestionado por el Concello de Lugo, recibe una media de 1.200 usuarios mensuales, pero su ubicación semiurbana lo convierte en un blanco fácil. ¿Cuántos otros centros en Galicia podrían estar en riesgo si no se refuerza la seguridad con sistemas de trazabilidad obligatoria, como los que ya redujeron los robos en un 40 % en Cataluña?
Galicia: epicentro del “mercado negro” de la chatarra
El caso de Lugo no es aislado, sino parte de una red de tráfico ilegal de metales y electrodomésticos que mueve millones en la comunidad. Según la Brigada de Investigación del Medio Ambiente (BIMA) de la Guardia Civil, entre 2022 y 2023 se desarticularon 17 chatarrerías clandestinas en Galicia, con un volumen de negocios superior a los 1,8 millones de euros anuales. El 60 % de estos centros ilegales operaba en un radio de 50 km alrededor de puntos limpios, como el de A Pastoriza, aprovechando su flujo constante de materiales reciclables.
El detenido sigue un patrón documentado en Galicia. En Ferrol (2023), una banda desmanteló lavadoras y neveras en un punto limpio para extraer cobre y aluminio, obteniendo 4.200 euros en tres meses. La clave está en la rapidez de la reventa: el 80 % del material robado se transacciona en menos de 48 horas, según la Guardia Civil. Este fenómeno se agrava con la falta de regulación en chatarrerías legales: un informe de la Xunta de Galicia (2023) reveló que solo el 37 % de los centros autorizados exige documentación completa a los vendedores, facilitando el blanqueo de material robado.
En A Coruña (2022), una operación destapó que una chatarrería de Bergondo había comprado 60 toneladas de metal robado en dos años, usando facturas falsas. El problema trasciende lo económico: la chatarra robada suele terminar en manos de redes que la exportan a países como Portugal o Marruecos, donde se funde sin dejar rastro. ¿Hasta cuándo seguirán los puntos limpios gallegos siendo el “supermercado gratuito” de estas mafias?
¿Solución a la vista? El modelo catalán
La detención en Lugo reabre el debate sobre la implementación de un sistema de trazabilidad obligatorio en los puntos limpios gallegos, similar al de Cataluña desde 2021. Allí, cada lote de chatarra se registra con un código QR que vincula su origen, peso y destino, reduciendo los robos en un 40 % en un año. Sin embargo, en Galicia la medida enfrenta resistencia: algunos ayuntamientos alegan falta de presupuesto para instalar cámaras de alta resolución y sistemas de identificación. Mientras, los delincuentes siguen actuando con impunidad, como demuestra el caso de A Pastoriza.
El detenido, con un historial que se remonta a años, es solo la punta del iceberg. En 2020, la Guardia Civil desarticuló en Ourense una red que robaba baterías de coches en puntos limpios para extraer el plomo, generando ganancias de 50.000 euros mensuales. La pregunta urgente es: ¿cuántos robos más harán falta para que Galicia adopte medidas como las de Cataluña, donde la tecnología ya ha demostrado su eficacia?
El «especialista» de Culleredo: un historial que se remonta a la «operación Copper» de 2019
El detenido en Lugo no es un delincuente ocasional, sino un reincidente con un patrón geográfico claro: sus primeros registros policiales por robos en puntos limpios datan de 2019, cuando fue identificado en la operación Copper de la Guardia Civil. Aquella investigación, centrada en la sustracción de cable de cobre en instalaciones públicas de A Coruña y Pontevedra, reveló que el ahora detenido operaba como «recolector» para una red mayor, transportando el material a chatarrerías de Vilagarcía de Arousa a cambio de entre 300 y 800 euros por viaje. Lo llamativo: en aquella ocasión, logró eludir la prisión al alegar que actuaba bajo coerción de un clan familiar dedicado al tráfico de metales, según sentencia del Juzgado de Instrucción nº 3 de Santiago (auto 124/2020).
Su modus operandi en A Pastoriza repite tácticas ya documentadas. En noviembre de 2022, el mismo individuo fue vinculado —aunque nunca condenado— al robo de 14 lavadoras industriales en el punto limpio de Narón (A Coruña), un golpe que dejó pérdidas valoradas en 18.000 euros. Las cámaras lo grabaron utilizando una furgoneta Renault Trafic blanca, el mismo modelo que empleó en Lugo, según confirmaron a En Foco Hoy fuentes cercanas a la investigación. La clave de su impunidad hasta ahora residía en dos factores: 1) la explotación de lagunas legales en la identificación de vendedores en chatarrerías (Galicia es la única comunidad autónoma donde no es obligatorio registrar las matrículas de los vehículos que entregan chatarra, según el Decreto 42/2018), y 2) su capacidad para desmontar electrodomésticos in situ, llevándose solo las piezas valiosas (compresores, motores de cobre) y dejando el resto, lo que dificulta cuantificar el perrojuicio real.
Su historial delictivo incluye también una condena en 2021 por tenencia ilegal de armas —se le intervino un revólver del calibre 38 en un control rutinario en Carballo (A Coruña)—, lo que añade un componente de peligrosidad a sus robos. Según el Sistema de Seguimiento de Infractores (SIS) de la Guardia Civil, el detenido cumple el perfil de los «especialistas en metales»: hombres de entre 35 y 50 años, con conocimientos técnicos para desguazar aparatos, y que operan en un radio máximo de 150 km desde su residencia. En su caso, la distancia entre Culleredo (su domicilio) y A Pastoriza (escenario de los robos) es de apenas 112 km, un trayecto que realizaba en menos de 90 minutos según los horarios registrados en las cámaras.
¿Un delito «de guante blanco»? El vacío legal que protege a los chatarreros
La detención en Lugo expone una paradoja: mientras el detenido podría enfrentar hasta 3 años de prisión por allanamiento y robo con fuerza (artículo 239 del Código Penal), las chatarrerías que compran material robado rara vez son sancionadas. En 2023, solo 2 de las 17 chatarrerías clandestinas desmanteladas en Galicia recibieron multas por receptación, según datos de la Fiscalía de Medio Ambiente. El problema radica en que la ley exige probar que el chatarrero «sabía» que el material era robado, algo casi imposible sin confesión. Mientras, el detenido de Culleredo ya ha sido puesto en libertad con cargos, a la espera de juicio. Su abogado, según fuentes judiciales, prepara una defensa basada en la «falta de pruebas directas» que vinculen el material incautado en su domicilio (un compresor de nevera y 12 kg de cable de cobre) con los robos de A Pastoriza. La pregunta incómoda es: ¿cuántas veces más deberá ser detenido antes de que el sistema judicial —o las chatarrerías— asuman su parte de responsabilidad?