“Fallo histórico: Corte Suprema sanciona a abogado por usar IA en recurso legal
IA en los tribunales: La Corte Suprema de Colombia marca un precedente al sancionar a un abogado por usar inteligencia artificial en un recurso judicial.
El uso de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito jurídico ha comenzado a enfrentar sus primeras restricciones en Colombia. La Corte Suprema del país, en una decisión sin precedentes, ha impuesto una sanción a un abogado que presentó un recurso extraordinario de revisión generado con IA, el cual contenía citas jurisprudenciales falsas y referencias normativas inexistentes.
El caso se remonta a un fallo anterior, donde la Corte revocó una sentencia de tutela al descubrir que un juez había utilizado un borrador generado por IA para redactar su decisión. Este documento falseaba audiencias y ponderaciones de pruebas que nunca ocurrieron, violando el debido proceso del acusado.
Ahora, el tribunal ha dado un paso más allá: sancionó al abogado Jorge Hernán Zapata Vargas por presentar un recurso plagado de errores generados por un sistema de IA. Según la resolución del 4 de noviembre de 2025, el escrito no solo adolecía de falencias formales, como no notificar a la contraparte, sino que incluía referencias legales y jurisprudenciales completamente inventadas.
La Corte detectó que, incluso en el intento de corrección del recurso, el abogado volvió a incluir normas y sentencias falsas, como el artículo 250 del Código General del Proceso, que no aplica a las causales de revisión, o una supuesta lista de sentencias verificables en Relatoría que resultaron ser inexistentes.
Ante las inconsistencias, el abogado inicialmente atribuyó los errores a un “error de transcripción”, pero tras nuevas revisiones, confesó haber utilizado un programa de IA para agilizar sus trámites. Este caso no es aislado: la Corte recordó que, en otras jurisdicciones, ya se han sancionado abogados por presentar legislación ficticia o precedentes fabricados con herramientas tecnológicas.
La decisión de la Corte subraya un problema creciente: la responsabilidad de los profesionales del derecho al usar IA. Según el tribunal, el abogado incurrió en temeridad procesal, una falta grave que atenta contra la integridad del sistema judicial. Como consecuencia, se le impuso una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), equivalente a más de 60 millones de pesos colombianos (aproximadamente 15.000 USD, dependiendo de la cotización actual).
El dinero deberá ser consignado al Fondo para la Modernización de la Administración de Justicia, un recurso que busca mejorar la eficiencia del sistema judicial colombiano. Este fallo sienta un precedente clave: ¿hasta qué punto la IA puede ser una herramienta válida en el derecho sin comprometer la ética profesional?
El caso también plantea un debate urgente: ¿están preparados los tribunales para detectar y regular el uso de IA en procesos legales? Mientras la tecnología avanza, las instituciones judiciales enfrentan el desafío de adaptar sus normas para evitar que la automatización distorsione la justicia.
Este no es el primer escándalo por IA en el mundo legal. En 2023, un abogado en Nueva York fue multado por presentar citas judiciales falsas generadas por ChatGPT, un caso que alertó a las cortes globales sobre los riesgos de depender de estas herramientas sin supervisión humana. Colombia ahora se suma a la lista de países que exigen transparencia en el uso tecnológico dentro de los tribunales.
La pregunta que queda en el aire es inevitable: si un algoritmo puede inventar pruebas, ¿quién responde por los errores: el abogado, el programa o el sistema judicial que lo permitió?
El precedente neoyorquino que anticipó el fallo en Colombia: de ChatGPT a la Corte Suprema
El caso del abogado Jorge Hernán Zapata Vargas no es un incidente aislado, sino la réplica de un patrón que ya sacudió al sistema judicial en Estados Unidos en mayo de 2023. En Nueva York, el juez P. Kevin Castel impuso una multa de 5.000 USD a los abogados Steven A. Schwartz y Peter LoDuca, del bufete Levidow, Levidow & Oberman, tras descubrir que su demanda contra la aerolínea Avianca incluía seis citas jurisprudenciales falsas generadas por ChatGPT-4. El algoritmo había inventado sentencias completas, con nombres de casos (*Varghese v. China South Airlines*, 2019), números de expediente y hasta citas textuales de jueces inexistentes.
Lo revelador del caso estadounidense —y que ahora resuena en Colombia— es cómo la IA no solo fabrica referencias, sino que lo hace con una coherencia engañosa. En el escrito de Schwartz, ChatGPT citó un supuesto fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito (*Martinez v. Delta Airlines*, 2022) con un razonamiento jurídico impecable… pero completamente ficticio. El juez Castel no solo sancionó a los abogados, sino que ordenó presentar el caso ante un tribunal disciplinario para evaluar posibles sanciones adicionales, como la suspensión temporal del ejercicio profesional. Este antecedente demuestra que la gravedad no radica en el error, sino en la violación del deber de diligencia: los letrados no verificaron fuentes que, en teoría, eran accesibles en bases de datos como Westlaw o LexisNexis.
En Colombia, el fallo contra Zapata Vargas sigue la misma lógica, pero con un agravante: el abogado reincidió al intentar corregir el recurso. Mientras que en EE.UU. la multa fue simbólica (equivalente a 0.3 salarios mínimos mensuales en Colombia), la Corte Suprema colombiana elevó la sanción a 15 SMLMV, una cifra que supera en 30 veces el castigo neoyorquino ajustado por PIB per cápita. La diferencia refleja una postura más severa, posiblemente influida por el contexto local: en 2024, la Defensoría del Pueblo reportó un aumento del 40% en recursos de tutela con inconsistencias formales, muchos vinculados a plantillas genéricas o herramientas de automatización.
Otro dato clave es el destino de la multa. En EE.UU., el dinero fue a parar a las arcas del tribunal; en Colombia, se dirigirá al Fondo para la Modernización de la Administración de Justicia, un guante blanco a la ironía: el mismo sistema que sanciona el uso irresponsable de IA financiará su eventual regulación tecnológica.
¿Hacia un código ético de IA jurídica en Latinoamérica?
El fallo colombiano y su precedente estadounidense exponen una paradoja: los tribunales castigan el uso de IA, pero no prohíben su adopción controlada. En Brasil, el Consejo Federal de la Orden de Abogados ya aprobó en 2024 una resolución que obliga a declarar el uso de herramientas de IA en escritos judiciales, bajo pena de nulidad procesal. México y Argentina analizan propuestas similares. La pregunta ahora es si Colombia seguirá ese camino o si, como en el caso de Zapata Vargas, optará por sanciones ejemplares *a posteriori*. Mientras, los bufetes ya exploran soluciones híbridas: la firma Baker McKenzie implementó en 2025 un sistema de doble verificación humana para documentos generados con IA, que ha reducido los errores en un 87% según sus informes internos. El reloj corre: la próxima batalla legal podría no ser entre abogados, sino entre algoritmos y regulaciones.