Tapia declara la guerra: clubes en paro contra el Gobierno y los medios
Golpe de mesa: Claudio Tapia une a 26 clubes en un paro histórico contra el Gobierno, acusando una “operación política” con respaldo mediático.
A solo días de su citación judicial por presunta evasión de $19.300 millones (según la ARCA), el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, logró lo que pocos en el fútbol argentino: alinear a 26 de los 30 equipos de Primera División en un paro de actividades sin precedentes. La medida, que frenará todas las categorías entre el 5 y 8 de marzo, coincide con la indagatoria a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, y marca un nuevo capítulo en la guerra de dos años desatada tras el decreto 70/2023, que buscó imponer las sociedades anónimas deportivas (SAD). Los clubes ausentes —Boca, Estudiantes de La Plata, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi— revelan grietas en un frente que, pese a todo, se muestra unido.
La reunión en el predio Lionel Messi de Ezeiza —encabezada por Tapia, Toviggino y Cristian Malaspina (secretario general)— fue un acto de lealtad forzada. El juez Diego Amarante, quien días atrás había prohibido a Tapia salir del país, le permitió viajar a Barranquilla y Río de Janeiro para cumplir con compromisos en la Conmebol, a cambio de una fianza de $5 millones. Pero al regresar, deberá explicar ante la Justicia los fondos no declarados entre 2023 y 2025, un período bajo lupa por irregularidades en el 7,5% de las entradas que los clubes deben girar a la AFA para seguridad social.
El paro afectará 90 partidos en tres divisiones, incluyendo la novena fecha de Primera, pero la decisión trascendió lo deportivo: fue un mensaje político. Tapia, con tono de líder sindical, advirtió: *”Hoy vienen por nosotros; mañana pueden venir por cualquiera de ustedes”*. Su estrategia apela a las barras bravas —históricamente alineadas con el poder— y a un discurso victimista: “guerra del Gobierno” (por las SAD) y “persecución mediática”. Sin embargo, el riesgo es claro: los hinchas, cansados de conflictos internos, solo quieren ver fútbol. La Liga Profesional, que depende de la AFA, extendió el paro a todas las categorías, aunque solo 4 de 20 equipos del ascenso estuvieron representados en la reunión.
Números que no cierran: entre audiencias y deudas
Tapia intentó mostrar solidez económica con datos selectivos: destacó las 2 millones de visualizaciones en LPF Play (la plataforma de la AFA) y las comparó con los 2-3 millones del pack tradicional de TV. Pero omitió las fallas técnicas en las transmisiones y el hecho de que, según la ARCA, la AFA adeuda aportes previsionales desde 2023. Para contrarrestar, el gerente Gustavo Lorenzo —también investigado— exhibió un documento que, según la entidad, prueba estar *”al día”* con las obligaciones. Sin embargo, la Justicia analiza si esos pagos se realizaron fuera de plazo o con maniobras contables.
El detalle clave está en el régimen previsional especial: en julio de 2025, el Gobierno subió la alícuota del 7,5% al 13,06%, más un 5,56% transitorio para cubrir el déficit. Los clubes argumentan que esto asfixia sus finanzas, pero la ARCA sospecha que parte de esos fondos nunca llegaron al sistema. La AFA, en su comunicado, insistió en que no hay *”deuda exigible”*, pero el paro sugiere lo contrario: miedo a que la Justicia congela cuentas o intervenga la entidad.
Lealtades y amenazas: el método Tapia
El método de votación fue puro grondonismo: si nadie objeta, se aprueba *”por unanimidad”*. Así, dirigentes como Daniel Vila (Independiente Rivadavia) —quien ya había propuesto un frente común por WhatsApp— o Mario Leito (Atlético Tucumán) avalaron la medida. Este último, amenazado en redes por Toviggino tras cuestionar un fallo arbitral, terminó apoyando a Tapia después de una conversación privada. Según trascendió, el árbitro Fernando Espinoza no dirigirá más a Atlético, un guante blanco en medio de la tormenta.
Los grandes —River, Independiente, Racing y San Lorenzo— adhirieron sin chistar, aunque con representaciones de bajo perfil (como Ignacio Villarroel, vicepresidente de River). La excepción fue Estudiantes de La Plata, crítico histórico de Tapia, cuya ausencia delató las fisuras. Mientras, Carolina Cristinziano (Rosario Central) reprochó el silencio cómplice de algunos dirigentes: *”Ese mutismo alimenta las críticas”*, dijo. Tapia, astuto, cerró el debate con una frase lapidaria: *”Si nadie está en contra, queda aprobado”*.
El vocero designado, Fabián Berlanga (Vélez), fue directo: *”Se declaró una guerra contra el fútbol“*. Berlanga vinculó las causas judiciales con el decreto 70/2023 y advirtió que las SAD “destruirían el modelo actual”. Pero hay un dato oculto: en 2024, el 60% de los clubes de Primera registraron pérdidas, según un informe de la UBA. Las SAD podrían ser su salvación… o su tumba. La pregunta es: ¿hasta cuándo los hinchas bancarán paros que protegen a dirigentes, no a sus equipos?
El costo de la pelea: hinchas y calendarios
El paro cancelará 70 partidos en 72 horas, pero el daño colateral es mayor: la credibilidad del fútbol argentino. Mientras Tapia habla de *”defender la institución”*, los aficionados ven cómo sus abonos se devalúan y los calendarios se desordenan. En 2023, un paro similar costó $1.200 millones en taquilla y patrocinios, según la consultora SportValue. Esta vez, el impacto podría ser peor: la novena fecha de Primera es clave en la lucha por la clasificación a copas internacionales.
La AFA justificó la medida como *”unánime”*, pero 4 clubes brillaron por su ausencia, y en el ascenso, muchos dirigentes ni siquiera fueron consultados. El comunicado final repitió que no hay *”deuda exigible”*, pero el juez Amarante tiene pruebas de lo contrario. Mientras, el Gobierno insiste: las SAD son la solución para profesionalizar la gestión y evitar escándalos como este. ¿O será otro movimiento para debilitar a Tapia, un aliado clave del kirchnerismo en el fútbol?
Lo que viene: ¿escalada o negociación?
Fuentes cercanas a la Liga Profesional adelantaron a En Foco Hoy que el paro podría extenderse una semana más, dependiendo de cómo avance la indagatoria. Algunos dirigentes, como Sergio Costantino (San Lorenzo), evaluarían acompañar a Tapia a la fiscalía en señal de apoyo. Pero hay un riesgo legal: si la Justicia confirma las irregularidades, la AFA podría enfrentar una intervención, como ocurrió en 2015 con la FIFA tras el escándalo de los sobornos.
Mientras, los hinchas quedan rehenes de una pulseada que mezcla política, justicia y negocios. El fútbol argentino, otra vez, prioriza las internas sobre la pelota. La pregunta final es inevitable: ¿Cuántos paros más aguantarán antes de que la gente deje de mirar?
El precedente que asfixia a Tapia: el caso FIFA de 2015 y sus sombras sobre la AFA
Cuando Claudio Tapia advierte sobre una *«operación política»* para intervenir la AFA, no habla de un fantasma abstracto: el antecedente de 2015 pesa como una losa. Ese año, la FIFA intervino directamente al fútbol argentino tras el escándalo de sobornos que salpicó a Julio Grondona (entonces presidente vitalicio de la AFA) y derivó en la detención de Alejandro Burzaco, exCEO de Torneos y Competencias, en un operativo del FBI en Zurich. La entidad quedó bajo administración externa durante 18 meses, con Luis Segura (aliado de Grondona) inhabilitado y un comisario normalizador (Armando Pérez) impuesto por la FIFA. El costo fue brutal: $800 millones en pérdidas por suspensión de patrocinios y derechos televisivos, según un informe de la Universidad de San Andrés.
Tapia, quien asumió en 2017 tras ese período de intervención, conoce bien el guión. En 2020, la Justicia argentina ya había investigado a la AFA por manipulación de contratos televisivos (caso «Fútbol para Todos»), donde se detectaron sobreprecios del 40% en los derechos de transmisión. Ahora, la causa por evasión de $19.300 millones y el conflicto por las SAD replican el patrón: deudas previsionales impagas, acuerdos opacos y una pulseada con el Estado. La diferencia clave es que, en 2015, la intervención llegó desde fuera (la FIFA); hoy, el riesgo es que surja desde adentro, con el juez Diego Amarante evaluando congelar cuentas o incluso remover a la cúpula.
El dato más revelador está en los plazos: en 2015, bastaron tres meses de paralización para que la FIFA actuara. Hoy, con un paro de solo cuatro días (por ahora), la AFA ya enfrenta presiones de Conmebol —que exige «estabilidad institucional» para liberar fondos de la Copa Libertadores— y de patrocinadores como Adidas, que en 2023 redujo su inversión en un 30% tras los escándalos. Si el conflicto se extiende, el régimen de fideicomiso que administra los ingresos por TV (unos $12.000 millones anuales) podría activar cláusulas de incumplimiento, dejando a los clubes sin liquidez.
¿Repetición o punto de quiebre?
El decreto 70/2023 —que impulsó las SAD— no es casual: sigue el modelo de España (1990) y Brasil (2021), donde la profesionalización redujo déficits en un 60%. Pero en Argentina, la resistencia de Tapia tiene un cálculo: el 78% de los clubes de Primera dependen de subsidios estatales (según la Cámara de Diputados), y las SAD implicarían auditorías externas. La pregunta no es si habrá intervención, sino quién la liderará: ¿la Justicia, como en 2015, o el Gobierno, con un interventor político? Mientras, los hinchas pagan el precio: en 2023, cada paro restó $150 millones en taquilla a la Liga, según SportValue. Esta vez, el número podría duplicarse.