Takaichi arriesga todo: Japón en la encrucijada militar y electoral

Japón en jaque: Sanae Takaichi apuesta su futuro político a un giro histórico en defensa y economía.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afronta las elecciones anticipadas del 8 de febrero con un plan audaz: consolidar su visión ultraconservadora para redefinir el papel militar y presupuestario del país en un escenario geopolítico cada vez más hostil. Sin aliados claros y con el apoyo del Partido Liberal Democrático (PLD) en entredicho tras la ruptura con su socio tradicional, Komeito, Takaichi busca una mayoría absoluta de 261 escaños que le permita impulsar reformas sin depender de coaliciones frágiles. Su objetivo: blindar un legado que podría marcar el fin de la era pacifista japonesa, iniciada tras la Segunda Guerra Mundial.

Con solo tres meses en el poder, la mandataria —primera mujer en liderar Japón— confía en que su 67% de popularidad (aunque en caída libre desde el 75% de diciembre) sea suficiente para convencer a un electorado dividido. Sin embargo, la decisión de convocar comicios anticipados ha generado rechazo: según Oriol Farrés, coordinador del Anuario Internacional CIDOB, “es una apuesta peligrosa, recibida muy negativamente por los votantes”. El analista advierte que, pese a todo, la falta de alternativas sólidas juega a su favor. La Alianza Reformista de Centro, segunda fuerza en las encuestas, apenas alcanza el 13% de intención de voto, un dato que refleja la fragmentación política y la dificultad para articular una oposición cohesionada.

El contexto no podría ser más complejo. Las últimas elecciones, celebradas en julio de 2025, supusieron un fracaso para el PLD, que logró mantenerse en el poder pero con una Cámara de Representantes debilitada, un factor que precipitó la dimisión del entonces primer ministro, Shigeru Ishiba. Ahora, Takaichi hereda ese legado de inestabilidad, pero con un agravante: la inflación y el rearme militar dominan el debate público, aunque con prioridades opuestas. “Para los japoneses, lo económico es urgente; lo militar, una imposición externa”, señala Farrés. La presión de Estados Unidos, que exige a Tokio aumentar su gasto en defensa, choca con las preocupaciones internas por el coste de vida y el envejecimiento demográfico.

El dilema militar: entre Washington y Pekín

La tensión con China ha escalado a niveles no vistos desde la Guerra Fría. Takaichi ha sido clara: Japón “no podría mirar para otro lado” si Pekín interviene en Taiwán, una declaración que desencadenó una crisis diplomática con exigencias de disculpas desde el gigante asiático. Este giro belicoso, sin embargo, no es nuevo. Desde 2020, Shinzo Abe —antecesor ideológico de Takaichi— ya impulsó una interpretación flexible del artículo 9 de la Constitución, que prohíbe a Japón mantener fuerzas armadas ofensivas. Ahora, la primera ministra va más allá: propone una “cláusula de emergencia” para actuar en “legítima defensa” o en apoyo a aliados, un cambio que requeriría dos tercios de la Dieta y un referéndum.

El problema es que no hay consenso social. Según el CIDOB, aunque los partidos políticos empiezan a alinearse en torno a la necesidad de una reforma, la población sigue dividida. El 58% de los japoneses se opone a modificar la Constitución, según una encuesta de NHK en enero de 2026, mientras que el 32% apoya cambios limitados. “El belicismo asusta a una sociedad que vivió Hiroshima y Nagasaki”, explica Farrés. Además, el coste económico de un conflicto —calculado en $1,2 billones para Japón en caso de guerra en Taiwán, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS)— actúa como freno.

En este tablero, Corea del Sur emerge como un aliado clave, pero incómodo. El acercamiento entre Seúl y Tokio, impulsado por Takaichi, ha irritado a Pekín, que ve en esta alianza un cerco liderado por Washington. “China no tolerará que Japón se convierta en un peón de EE.UU.”, advirtió el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, en diciembre. La modernización del Ejército chino —con un presupuesto militar que superó los $230.000 millones en 2025— y su asertividad en el Mar de China Meridional han acelerado la respuesta japonesa: en 2026, Tokio destinará $50.000 millones a defensa, un récord histórico y el doble que en 2020.

Economía vs. seguridad: ¿qué prioriza el votante?

Mientras la élite política debate sobre misiles y alianzas, los japoneses sufren una inflación del 3,1% —la más alta en 40 años— y un yen depreciado que encarece las importaciones. “La prioridad es clara: el 62% de los encuestados sitúa la economía como su principal preocupación, frente al 18% que menciona la defensa”, revela un sondeo de Mainichi Shimbun. Takaichi, sin embargo, insiste en que ambos frentes son inseparables. “Una Japón fuerte requiere seguridad y estabilidad económica”, declaró en un mitin en Osaka el 20 de enero, donde prometió subir el salario mínimo a ¥1.200 (unos $8,50) antes de 2027.

El desafío es mayúsculo. El PLD necesita recuperar al menos 30 escaños para alcanzar la mayoría reforzada, pero los analistas dudan de que lo logre. “Even si gana, gobernará con una Cámara dividida“, vaticina Farrés. La abstención podría ser la clave: en 2025, solo votó el 48,8% del electorado, la cifra más baja desde 1947. Si este domingo la participación cae aún más, Takaichi podría salir victoriosa… pero con un mandato débil. “Ganar no es suficiente; necesita legitimidad, y eso requiere convencer a quienes hoy la rechazan”, añade el experto del CIDOB.

En este escenario, la primera ministra ha optado por un discurso de “nueva era”, donde Japón deje atrás su pasado pacifista para convertirse en un “actor global decisivo”. Pero el riesgo es alto: si fracasa en las urnas, su proyecto de reforma constitucional —y con él, el futuro estratégico del país— podría quedar en standby por una década. Como advierte Farrés: “Japón está en una encrucijada histórica. ¿Elegirá el aislamiento económico o el rearme? El 8 de febrero lo decidirá“.

El precedente de Abe y el fantasma de la reforma constitucional fallida

La apuesta de Sanae Takaichi por modificar el artículo 9 de la Constitución —la cláusula pacifista que prohíbe a Japón mantener fuerzas armadas ofensivas— no es nueva, pero sí carga con el peso de un fracaso reciente que aún colea. En 2015, su mentor político, Shinzo Abe, intentó exactamente lo mismo: reinterpretar la Carta Magna para permitir que las Fuerzas de Autodefensa (FAD) pudieran actuar en conflictos externos bajo el paraguas de la “legítima defensa colectiva”. El plan, sin embargo, naufragó en el Senado tras meses de protestas masivas y una huelga de hambre de 10 días por parte de activistas pacifistas frente a la Dieta. Abe logró aprobar una ley de seguridad en septiembre de 2015, pero a un costo político brutal: su popularidad cayó del 50% al 38% en solo tres meses, según encuestas de Asahi Shimbun.

El paralelo con Takaichi es inquietante. Abe contaba con un PLD unido y un 63% de apoyo inicial, cifras similares a las actuales de la primera ministra. Pero su error fue subestimar la resistencia ciudadana: más de 120.000 personas se manifestaron en Tokio en agosto de 2015, la mayor movilización antipolítica desde los 70. Hoy, Takaichi enfrenta un escenario aún más hostil: el 58% de rechazo a tocar la Constitución (frente al 52% en 2015) y un PLD fracturado tras la ruptura con Komeito, su socio histórico. Además, el contexto económico es peor: en 2015, la inflación era del 0,5%; ahora, roza el 3,1%, un dato que duplica el descontento en las zonas rurales, según el Instituto de Investigación Nomura.

Hay otro factor clave: el papel de Estados Unidos. En 2015, la administración Obama presionó a Abe para que Japón asumiera un rol militar más activo en Asia, pero sin exigir cambios constitucionales explícitos. Hoy, con Biden en la recta final de su mandato y un Congreso dividido, Washington demanda a Tokio acciones concretas, no solo promesas. El informe “Global Defense Posture Review 2025” del Pentágono, filtrado en noviembre pasado, señala que Japón debe triplicar su gasto en misiles de largo alcance antes de 2028 para contener a China. Takaichi ha respondido con un presupuesto récord de $50.000 millones, pero sin la reforma constitucional, ese dinero no puede traducirse en despliegues ofensivos legales.

¿Repetirá Takaichi los errores de Abe o escribirá un nuevo guion?

El 8 de febrero no solo definirá si Takaichi logra su mayoría, sino si Japón rompe definitivamente con su pasado pacifista o entra en una década de parálisis estratégica. Abe sobrevivió a su derrota en 2015 porque el PLD mantuvo el control del Senado, pero hoy el mapa es distinto: si Takaichi pierde escaños, el Partido Constitucional Democrático (PCD) —opuesto al rearme— podría bloquear cualquier reforma hasta 2030. Y hay un dato que nadie menciona: en 2015, el 30% de los votantes del PLD eran mayores de 70 años, el grupo más reacio a cambiar la Constitución. Hoy, esa cifra supera el 40%, según el Ministerio de Interior japonés. La primera ministra no solo juega contra la oposición, sino contra su propia base envejecida.