2025: El año que el planeta respiró (6 avances que marcan historia)

Luz en la crisis: Mientras las emisiones siguen en rojo, 2025 escribió páginas verdes con hitos que frenan el colapso ambiental.

El balance anual repite un patrón conocido: las emisiones globales crecen un 1.2% interanual (según Global Carbon Project), los glaciares pierden 275 gigatoneladas de hielo al año (datos de la NASA), y la Amazonía sigue encogiéndose. Pero bajo este manto de malas noticias, seis avances concretos demostraron que la acción climática —cuando es audaz y coordinada— puede torcer el destino del planeta. Desde cortes históricos en emisiones hasta victorias legales sin precedentes, estos logros no son anecdóticos: son la prueba de que las soluciones existen. El desafío ahora es escalarlas.

1. Las renovables destronan al carbón: el punto de no retorno

Por primera vez en la historia, la energía eólica y solar superaron al carbón como principal fuente global de electricidad, cubriendo el 30% de la demanda mundial en 2025 (informes de Ember). El cambio no es gradual: es una revolución liderada por China, que este año instaló 200 GW de capacidad solar (equivalente a 200 reactores nucleares) y exportó paneles a un ritmo récord: 1 de cada 3 paneles solares del mundo sale de sus fábricas. Pero el gigante asiático fue más allá: en la provincia de Guangdong, inauguró el primer parque eólico resistente a tifones de categoría 5, capaz de generar electricidad incluso con vientos de 250 km/h.

El impacto es medible: las emisiones de CO₂ de China cayeron un 3% en los primeros cinco meses de 2025 (Carbon Brief), la primera reducción desde 2020. Mientras, Reino Unido enterró simbólicamente su última central de carbón en octubre, tras lograr que la eólica cubriera el 34% de su demanda —un récord absoluto—. Pero el dato más revelador llegó del almacenamiento: en Manchester, comenzaron a construir la mayor batería de aire líquido del mundo (500 MWh), capaz de guardar energía limpia durante semanas, no horas. “Esto resuelve el mayor problema de las renovables: la intermitencia”, explicó el profesor Andrew Cruden de la Universidad de Southampton.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) lo confirmó: para 2030, la capacidad renovable global se duplicará, alcanzando 11,000 GW (hoy son 5,500 GW). Pero hay una sombra: aunque el crecimiento es un 80% más rápido que en 2020, aún no es suficiente para limitar el calentamiento a 1.5°C. “Necesitamos triplicar la velocidad”, advirtió Fatih Birol, director de la AIE.

2. Alta mar: el 30% del océano tendrá blindaje legal en 2026

Tras 20 años de negociaciones fallidas, el Tratado de Alta Mar entró en vigor en septiembre de 2025, cuando 60 países lo ratificaron (el mínimo requerido). El acuerdo obliga a proteger el 30% de las aguas internacionales para 2030, un área equivalente a 11 veces el tamaño de Brasil. Hoy, solo el 1% de estos mares tiene algún tipo de resguardo. “Es como pasar de un guardaparques para todo el océano a un equipo de 10,000”, comparó la bióloga marina Sylvia Earle.

Pero el hito no se quedó en aguas abiertas. En Polinesia Francesa, se creó la mayor Área Marina Protegida (AMP) del planeta: 1.1 millones de km² en Tainui Atea, un territorio donde habitan 54 especies endémicas y el 20% de los arrecifes de coral del Pacífico. La zona, ahora intocable para la pesca industrial, alberga al tiburón ballena, la especie más grande del océano. “Proteger estos corredores es clave para la resiliencia climática”, explicó el presidente polinesio, Moetai Brotherson, en la firma del decreto.

El tratado también abre la puerta a regulaciones contra la minería en fondo marino, una práctica que amenaza el 90% de las especies de aguas profundas, según estudios de la UICN. “Por primera vez, las empresas no podrán extraer cobalt o níquel sin evaluaciones de impacto independientes”, celebró Greenpeace. Pero el reloj corre: solo quedan 5 años para delimitar las primeras zonas protegidas.

3. Amazonas: la deforestación cae a niveles de 2013

Brasil, anfitrión de la COP30 —la primera cumbre climática celebrada dentro de la Amazonía—, redujo la tala en su porción del bosque un 43% en octubre de 2025 respecto al mismo mes de 2024 (datos de Imazon). La cifra anual también marcó un hito: 11% menos deforestación en los 12 meses previos a julio, la tasa más baja en 11 años. “Estamos viendo el efecto de las políticas de tolerancia cero con la minería ilegal y la ganadería”, dijo la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva. Pero el verdadero cambio llegó con dos movimientos clave:

1. La “hoja de ruta” para frenar la deforestación en 2030, respaldada por 92 países (aunque no es vinculante).
2. El lanzamiento del Fondo TFFF (Instalación Forestales Tropicales Permanentes), que premia a comunidades y gobiernos por mantener bosques en pie, no solo por reducir emisiones. Su meta: US$125,000 millones, aunque por ahora solo ha recaudado US$6,700 millones (un 5% del objetivo).

El enfoque es radical: “Queremos que un árbol valga más vivo que muerto”, explicó el economista Carlos Nobre, arquitecto del fondo. Mientras, en el Cerrado —la sabana brasileña, considerada el “segundo Amazonas” por su biodiversidad—, la deforestación también cayó un 18% interanual. A nivel global, la ONU confirmó que la pérdida de bosques se redujo un 38% en 2015-2025 frente a 1990-2000. Pero la alerta persiste: cada año aún se pierden 10.9 millones de hectáreas (el tamaño de Portugal).

“Si Brasil logra consolidar esta tendencia, podríamos evitar la emisión de 1,000 millones de toneladas de CO₂ para 2030“, calculó el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM). El problema: el 80% de la deforestación ilegal ocurre en tierras indígenas no demarcadas. Sin títulos de propiedad, las comunidades no pueden expulsar a madereros o mineros.

4. La CIJ abre la puerta a demandas climáticas entre países

En mayo de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo histórico: los países pueden ser demandados por daños climáticos si incumplen sus compromisos de reducción de emisiones. Aunque la decisión no es vinculante, sentó un precedente legal que ya están usando islas del Pacífico. Vanuatu, por ejemplo, anunció que demandará a Australia, China y EE.UU. por su responsabilidad en el aumento del nivel del mar (que amenaza con borrar del mapa a la nación para 2050).

“Este fallo cambia las reglas del juego”, dijo la abogada ambientalista Urgenda, quien en 2019 logró que un tribunal holandés obligara a su gobierno a recortar emisiones. “Ahora, un país como Tuvalu (que emite el 0.001% del CO₂ global) puede exigir cuentas a los grandes contaminantes”. La CIJ también instó a los estados a proteger los derechos de las generaciones futuras, un concepto que hasta ahora solo aparecía en constituciones como la de Ecuador o Nueva Zelanda.

El siguiente paso: la Asamblea General de la ONU votará en 2026 si adopta una resolución basada en este fallo. De aprobarse, 60 países vulnerables ya tienen listos sus equipos legales. “No pedimos limosnas, pedimos justicia”, declaró el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, en la COP30.

5. Especies que volvieron de la extinción

La tortuga verde pasó de “en peligro” a “preocupación menor” en la Lista Roja de la UICN, gracias a 40 años de conservación. En Florida, las playas registraron 2,000 nidos de tortuga laúd en 2025 (un récord), mientras que en Costa Rica, el 90% de los huevos eclosionaron sin intervención humana. “El secreto fue trabajar con las comunidades pesqueras para usar redes con escapes para tortugas“, explicó Rodrigo Barahona, biólogo de WCS.

Pero el caso más emblemático es el del tigre de India: de 1,400 ejemplares en 2006 a 3,682 en 2025 (un aumento del 163%). El país ahora alberga el 75% de los tigres salvajes del mundo, gracias a corredores ecológicos que conectan reservas y a un sistema de compensaciones para aldeas que conviven con los felinos. “Cada tigre salva 100 km² de bosque“, calculó el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Mientras, en África, las poblaciones de rinoceronte negro crecieron un 5% anual desde 2020, y en Australia, el diablo de Tasmania (extinto en estado salvaje en 2003) fue reintroducido con éxito en el continente.

Sin embargo, la UICN advierte: 1 de cada 4 especies sigue en riesgo. “El 99% de las recuperaciones exitosas dependieron de financiamiento público“, dijo Craig Hilton-Taylor, jefe de la Lista Roja. “Si los gobiernos recortan fondos, estos avances se revertirán en una década”.

6. Pueblos indígenas: de invitados a tomadores de decisiones

La COP16 de Biodiversidad (febrero 2025) hizo historia al crear el primer comité permanente de pueblos indígenas en la ONU, con voz y voto en las negociaciones climáticas. “Ya no somos objetos de estudio, sino socios con derechos“, declaró la líder aymara Sonia Guajajara en la sesión inaugural. El cambio se tradujo en acciones:

• 10 nuevos territorios indígenas reconocidos en Brasil (sumando 50,000 km² de protección).
• Un fondo de US$1,700 millones para proyectos liderados por comunidades (el doble que en 2024).
• La delegación indígena más grande en una COP: 300 representantes de 50 países.

Los datos respaldan su liderazgo: las áreas indígenas tienen un 80% menos de deforestación que las no protegidas (estudio de la FAO). Pero la violencia persiste: durante la COP30, asassinaron a Vera Magaga, líder guaraní Kaiowá, en un conflicto por tierras en Mato Grosso do Sul. “Cada semana, 2 defensores ambientales son asesinados en Latinoamérica”, denunció Global Witness. La pregunta urgente: ¿Cómo proteger a quienes protegen la Tierra?

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El precedente legal que cambió todo: de Urgenda (2019) a la CIJ (2025)

El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en mayo de 2025 no surgió de la nada. Su raíz se remonta a un caso que redefinió la justicia climática: el veredicto del Tribunal Supremo de Países Bajos en 2019, donde la ONG Urgenda obligó al gobierno a recortar emisiones en un 25% para 2020 (frente al 17% planeado). Fue la primera vez que un tribunal nacional ordenó a un Estado cumplir con sus compromisos climáticos bajo el Acuerdo de París, sentando un precedente que hoy usan 28 países para demandar a sus gobiernos. “Este caso demostró que los derechos humanos no son abstractos cuando el clima los amenaza”, explicó Dennis van Berkel, abogado de Urgenda.

El impacto fue inmediato. En 2021, un tribunal alemán falló a favor de nueve jóvenes activistas (apoyados por Greenpeace) que demandaron al gobierno por una ley climática “insuficiente”. El veredicto obligó a Berlín a aumentar sus metas de reducción de emisiones para 2030 del 55% al 65%. Ese mismo año, en Bélgica, la corte de Bruselas declaró al Estado culpable de “negligencia climática” por no reducir emisiones un 40% para 2020, como prometió. La multa simbólica: €5 millones diarios hasta que cumpla. Pero el caso más radical llegó en 2023, cuando 2,000 suizos mayores (el grupo “Senior Women for Climate Protection”) ganaron un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El fallo estableció que la inacción climática viola el derecho a la vida (Artículo 2 del Convenio Europeo), abriendo la puerta a demandas individuales contra Estados. “Ya no se trata de políticas, sino de supervivencia intergeneracional“, declaró Cordelia Bähr, una de las demandantes.

Estos antecedentes explican por qué la CIJ actuó en 2025. Su fallo no solo validó la responsabilidad estatal transnacional (países pueden demandar a otros por daños climáticos), sino que citó explícitamente los casos de Urgenda, Alemania y Suiza como “ejemplos de cómo la justicia puede —y debe— actuar cuando los políticos fallan”. La diferencia clave: la CIJ globalizó el concepto. “Antes, un ciudadano podía demandar a su gobierno; ahora, Vanuatu puede demandar a Australia por la desaparición de sus islas”, resume Michael Gerrard, director del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia.

¿Qué viene? La “ola de litigios climáticos” que nadie frena

Con el respaldo de la CIJ, 15 nuevos casos se presentaron en 2025 contra Estados y corporaciones. El más explosivo: Perú demanda a la alemana RWE (una de las mayores emisoras de Europa) por su contribución al derretimiento del glaciar Palcaraju, que amenaza a 50,000 personas con inundaciones. La empresa ya perdió un recurso similar en 2023, cuando un tribunal alemán la declaró parcialmente responsable de los costos de protección contra inundaciones en el pueblo peruano de Huaraz. “Las empresas ahora saben que su huella de carbono tiene un precio legal“, advierte Lucía Ortiz, de Amigos de la Tierra Internacional. El próximo campo de batalla: los tribunales penales. En 2026, la Corte Penal Internacional (CPI) evaluará si el ecocidio (destrucción masiva de ecosistemas) debe ser tipificado como crimen contra la humanidad. Si lo aprueba, CEOs y políticos podrían enfrentar penas de prisión por proyectos como la deforestación en el Amazonas o la extracción de petróleo en el Ártico. La pregunta ya no es *si* habrá más demandas, sino cuándo la primera sentencia enviará a alguien a la cárcel por destruir el planeta.