“Robo” petrolero: la polémica acusación de Trump contra Venezuela que revive un siglo de historia
Giro inesperado: Trump acusa a Venezuela de “robar” petróleo a EE.UU., un argumento que desvía el foco de las drogas y reabre heridas históricas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escaló esta semana su retórica contra Venezuela con una acusación sin precedentes: el país sudamericano le “robó” petróleo, tierras y activos. La declaración, hecha durante el anuncio de un “bloqueo total” a petroleros sancionados, sorprendió a analistas, acostumbrados a que Washington justificara su presión sobre Caracas con acusaciones de narcotráfico —como el supuesto “cártel de los Soles”— o violaciones a derechos humanos.
Pero el miércoles, Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional y arquitecto de las políticas migratorias más controvertidas de Trump, profundizó el argumento: “El sudor, ingenio y esfuerzo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su despótica expropiación fue el mayor robo de riqueza y propiedad estadounidense del que hay registros“. Miller vinculó ese “robo” con el financiamiento del “terrorismo” y la crisis de drogas en EE.UU., una conexión que expertos califican de “fuera de contexto histórico”. ¿De qué están hablando realmente?
BBC Mundo consultó a historiadores del petróleo para desentrañar un reclamo que, según los especialistas, ignora décadas de contratos, nacionalizaciones legales y hasta fallos judiciales internacionales. Mientras tanto, la deuda venezolana —que supera los US$150.000 millones— sigue sin pagarse, y empresas como ConocoPhillips esperan cobrar US$10.000 millones** por expropiaciones durante el chavismo.
Estados Unidos y los orígenes del petróleo venezolano: ¿inversión o saqueo?
Venezuela alberga las mayores reservas de crudo del mundo (303.000 millones de barriles, según la OPEP), pero su industria petrolera nació bajo sombra extranjera. En los años 1920, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, el país vivió el “Reventón“: la explosión de la explotación masiva en el Lago de Maracaibo, donde empresas estadounidenses —como la Standard Oil de los Rockefeller— reemplazaron a británicos y holandeses. Gómez ofreció concesiones por 40 años a cambio de una regalía inicial del 7%, un porcentaje que expertos como Francisco Monaldi (Instituto Baker) califican de “irrisorio”.
“El Estado dio concesiones a la élite local, pero estos las vendieron a extranjeros porque los venezolanos no tenían recursos ni maquinaria“, explica Miguel Tinker Salas, autor de “Una herencia que perdura: Petróleo, cultura y sociedad en Venezuela“. La Creole Petroleum Company (filial de Standard Oil) dominó el negocio, pero su legado incluye desastres ecológicos: plataformas derrumbadas por pilotes podridos vertieron crudo al lago, envenenando el agua que usaban comunidades indígenas. “Nunca hubo compensación“, denuncia Tinker Salas.
Un dato clave: en 1928, Venezuela era el segundo exportador mundial de petróleo, solo detrás de EE.UU. Para 1935, las empresas estadounidenses controlaban el 87% de la producción, según datos del Banco Central de Venezuela. ¿Inversión legítima o explotación colonial? Los historiadores coinciden en que los contratos favorecían abiertamente a las petroleras, pero no hubo “robo”: fueron acuerdos firmados —aunque desiguales— por gobiernos venezolanos.
1943: La renegociación de Medina Angarita que EE.UU. aceptó sin protestar
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El primer gran cambio llegó con Isaías Medina Angarita (1941-1945), un militar que buscó modernizar el país en plena Segunda Guerra Mundial. En 1943, promulgó una Ley de Hidrocarburos revolucionaria: el Estado se quedó con el 50% de los beneficios, las regalías subieron al 16%, y se obligó a las empresas a construir refinerías en Venezuela. ¿Reacción de EE.UU.? Sorprendentemente positiva.
“Las empresas lo vieron con buenos ojos porque recordaban la nacionalización de México en 1938 y preferían negociar“, señala Tinker Salas. El contexto era clave: EE.UU. necesitaba el crudo venezolano para la guerra. Para 1945, Venezuela ya suministraba el 23% del petróleo que consumía Estados Unidos, según archivos del Departamento de Estado. Ningún gobierno estadounidense protestó entonces por “robo”.
Un dato oculto: esta ley sentó las bases para que, tres décadas después, Venezuela diera el paso definitivo: nacionalizar el petróleo. Pero eso sí generaría tensiones…
1976: La nacionalización de Pérez que EE.UU. no consideró un “robo”
El 1 de enero de 1976, el presidente Carlos Andrés Pérez decretó la nacionalización de la industria petrolera y creó PDVSA. Fue el clímax de un proceso global: tras el embargo petrolero árabe de 1973 (que disparó los precios), los países productores —Venezuela entre ellos— entendieron su poder. ¿Hubo conflicto con EE.UU.? No. Las empresas como Exxon o Chevron recibieron compensaciones por los años restantes de sus concesiones (que ya estaban por vencer) y siguieron operando en el país mediante contratos de servicio.
“Fue una nacionalización negociada, como la de Aramco en Arabia Saudita. Las empresas estadounidenses siguieron ganando dinero en Venezuela“, aclara Monaldi. De hecho, entre 1976 y 1998, PDVSA se convirtió en un gigante técnico: produjo 3,7 millones de barriles diarios (hoy apenas llega a 1,3 millones) y atrajo inversiones por US$50.000 millones. ¿Dónde está el “robo”? Los expertos señalan que, en ese momento, ni siquiera las petroleras lo denunciaron.
Un contraste brutal: mientras Pérez nacionalizaba el petróleo, EE.UU. aumentaba sus importaciones desde Venezuela (llegaron a 1,5 millones de barriles diarios en los 80). PDVSA incluso abrió una refinería en Texas: la Citgo, hoy en el centro de disputas legales.
El choque con Chávez: expropiaciones, arbitrajes y la deuda que ahoga a Venezuela
La ruptura llegó con Hugo Chávez. En 2001, su gobierno aprobó una ley que exigía mayoría estatal (51%) en todos los proyectos petroleros y regalías del 30% (antes eran del 16,6%). Las empresas estadounidenses reaccionaron dividido:
- Chevron: Aceptó las nuevas reglas y sigue operando en Venezuela hoy.
- ExxonMobil: Se negó, demandó al Estado y ganó un arbitraje en el Ciadi (Banco Mundial) por US$1.600 millones (muy por debajo de los US$10.000 millones que pedía).
- ConocoPhillips: También recurrió al Ciadi y obtuvo un fallo histórico: el tribunal determinó que Venezuela actuó de “mala fe” y le adeuda más de US$10.000 millones. Hoy es el primer acreedor en la lista para cobrar con activos de Citgo (filial de PDVSA en EE.UU.).
Chávez usó los ingresos petroleros (el barril llegó a US$140 en 2008) para financiar sus misiones sociales y una política exterior antiestadounidense. Pero la corrupción y la mala gestión hundieron a PDVSA: la producción cayó un 68% desde 1998. ¿El resultado? Venezuela entró en default en 2017, con una deuda impagable de US$150.000 millones (incluyendo US$20.000 millones adeudados a China y Rusia).
Un dato clave: según el Informe Mundial sobre Corrupción 2019 de Transparencia Internacional, PDVSA fue la empresa más corrupta de América Latina en la última década, con US$11.000 millones desviados. ¿Dónde está el “petróleo robado” a EE.UU.? Los expertos señalan que, en todo caso, fue malversado por la élite chavista, no expropiado ilegalmente.
¿Tiene razón Trump? El veredicto de los expertos
Ni Tinker Salas ni Monaldi encuentran base en la acusación de “robo”. “Las empresas estadounidenses tuvieron concesiones, pero el petróleo siempre fue de Venezuela. Lo que hubo fueron nacionalizaciones legales, como en todo el mundo“, afirma Monaldi. Incluso el arbitraje del Ciadi reconoció que las expropiaciones de Chávez fueron legales, aunque criticó el proceso de compensación.
Sobre la afirmación de Miller de que el “sudor estadounidense” construyó la industria, Tinker Salas responde: “Sí hubo expertos de EE.UU., pero quienes cortaron la selva, excavaron pozos y murieron en accidentes fueron venezolanos. La retórica de Trump es pura distorsión histórica“.
Un precedente ignorado: en 1980, el gobierno de Jimmy Carter firmó un acuerdo con Venezuela para proteger inversiones petroleras. Ningún presidente estadounidense —ni siquiera Ronald Reagan, en plena Guerra Fría— acusó a Caracas de “robo”. ¿Por qué ahora? Analistas como Michael Shifter (Diálogo Interamericano) señalan que Trump busca distraer de su manejo de la pandemia y movilizar a su base con un discurso de “recuperar lo nuestro”.
Mientras, Venezuela sigue sin pagar su deuda, Citgo está en subasta, y empresas como ConocoPhillips esperan cobrar. ¿Logrará Trump lo que ni Exxon ni los tribunales internacionales consiguieron? La respuesta podría redefinir —una vez más— las relaciones entre ambos países.
Citgo en la mira: la batalla legal por el “botín” que EE.UU. ya embargó en 2019
Mientras Trump acusa a Venezuela de “robar” petróleo, el verdadero frente de batalla no está en los pozos de Maracaibo, sino en Houston, Texas, donde la filial Citgo Petroleum —joya de la corona de PDVSA— lleva años atrapada en una guerra de arbitrajes y embargos. Lo que el discurso de la Casa Blanca omite es que EE.UU. ya incautó Citgo en 2019, un movimiento que expertos como Russ Dallen (Caracas Capital) califican de “expropiación encubierta”. ¿Por qué este activo es la clave del conflicto?
Citgo no es una empresa cualquiera: controla tres refinerías en EE.UU. (con capacidad para procesar 750.000 barriles diarios), 48 terminales de distribución y 5.500 estaciones de servicio bajo marcas como Citgo, Fina y Havoline. Su valor se estima entre US$8.000 y US$12.000 millones, según informes de S&P Global. Pero su origen es irónico: fue creada en 1910 como The Cities Service Company (de ahí el nombre “Citgo”), una empresa estadounidense que Venezuela compró en 1986 por US$550 millones durante el gobierno de Jaime Lusinchi. Hoy, el mismo país que la vendió quiere quedársela sin pagar.
El giro legal llegó en julio de 2019, cuando un tribunal de Delaware (EE.UU.) autorizó a los acreedores de PDVSA —liderados por Crystallex, una minera canadiense— a embargar las acciones de Citgo como pago por una deuda de US$1.400 millones no honrada. El fallo fue histórico: por primera vez, un juez estadounidense ignoró el principio de “inmunidad soberana” y permitió que un activo de un Estado extranjero (Venezuela) fuera usado para saldar deudas privadas. ¿El argumento? Que Citgo, aunque es filial de PDVSA, opera como una empresa independiente bajo leyes de EE.UU.
Pero hay un detalle crucial: Citgo no es propiedad directa del Estado venezolano, sino de PDV Holding (filial de PDVSA en EE.UU.), una estructura diseñada en los 90 para proteger los activos de posibles embargos. Sin embargo, en 2020, un tribunal de Houston falló que PDVSA es un “alter ego” del gobierno de Maduro, abriendo la puerta a que acreedores como ConocoPhillips (que reclama US$10.000 millones) o ExxonMobil (con una demanda pendiente por US$1.200 millones) ejecuten el embargo. El resultado: Citgo está congelada: no puede vender activos, refinanciar deuda ni repartir dividendios a PDVSA.
Un precedente peligroso: si EE.UU. logra vender Citgo en subasta —como pretende el Departamento del Tesoro—, sentaría un peligroso precedente para otras empresas estatales con filiales en el extranjero, desde Aramco (Arabia Saudita) hasta Gazprom (Rusia). ¿El riesgo? Que países como China o Rusia respondan con embargos similares contra activos estadounidenses en sus territorios. “Estamos ante un caso de “ley del más fuerte”, advierte Jorge Piñón, exdirectivo de PDVSA y analista de la Universidad de Texas. “Si Citgo cae, el próximo podría ser un banco chino en Nueva York”.
La subasta que definirá el futuro: ¿quién se quedará con Citgo?
El 30 de octubre de 2023, un juez de Houston debe decidir si aprueba el plan de subasta de Citgo propuesto por los acreedores. Entre los posibles compradores figuran fondos de inversión como Elliott Management (del multimillonario Paul Singer, conocido por litigar contra Argentina) y empresas petroleras como Valero Energy o Chevron. Pero hay un actor inesperado: el gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por EE.UU., ya negoció en secreto con algunos postores para asegurar que, si Maduro cae, Venezuela pueda recuperar el control** de la empresa.
El problema es que, incluso si la subasta avanza, Citgo vale menos hoy que en 2019. La refinería de Lemont (Illinois), una de sus joyas, perdió US$1.000 millones en los últimos dos años por la caída de la demanda de combustible. Además, su marca está contaminada políticamente: estaciones de servicio en Florida y Texas han reportado boicots de clientes por su vinculación con Maduro. “Citgo ya no es el premio gordo que era”, admite un ejecutivo del sector que pidió anonimato. “Pero para Trump, su valor es simbólico: es la “reparación” que puede vender a su base antes de las elecciones”.