“Reto mortal”: primer streamer español fallece en directo por sobredosis
Trágico precedente: Un streamer pierde la vida en directo tras ingerir 6 gramos de cocaína y una botella de whisky en menos de tres horas.
El fenómeno de los retos virales con sustancias ha dejado su primera víctima mortal documentada en España. Sergio Jiménez Ramos, conocido en redes como “Sancho” o “Sssanchopanza”, falleció la madrugada del 31 de diciembre de 2025 durante una retransmisión privada. Lo más escalofriante: su muerte ocurrió bajo la mirada de espectadores que pagaron por presenciar el desafío, mientras su hermano lo encontraba sin vida en su habitación. Jiménez, de 37 años, formaba parte del círculo cercano a Simón Pérez, figura polémica cuya espiral autodestructiva ha sido registrada en tiempo real por sus seguidores.
El caso expone una realidad perturbadora: la monetización extrema del sufrimiento. Plataformas como Kick o Dlive expulsaron a Pérez y su entorno por violar normas contra el consumo de drogas y la promoción de apuestas ilegales. Sin embargo, el vacío legal de espacios privados como Google Meet —donde se organizan estas transmisiones bajo membresías de 40 a 120 euros— ha permitido que el modelo persista. Según fuentes citadas por El País, Jiménez estaba bajo seguimiento psiquiátrico cuando se unió a este círculo en octubre de 2025.
El negocio de la autodestrucción: de las hipotecas al infierno
Todo comenzó en 2017, cuando Simón Pérez y Silvia Charro se volvieron virales por un vídeo promocionando hipotecas mientras consumían drogas. Lo que parecía un slip publicitario derivó en un modelo de negocio basado en donaciones por retos peligrosos: desde lanzar electrodomésticos por balcones hasta ingerir orina. La expulsión de plataformas reguladas los llevó a crear Los Diplomáticos, un grupo privado donde Pérez realiza actos degradantes —como masturbaciones colectivas o cubrirse con excrementos— ante una audiencia que paga por verlo.
Pero el caso de Jiménez no es aislado. En agosto de 2025, el streamer francés Raphaël Graven (alias Pormanove) murió tras 12 días de torturas en directo, incluyendo agresiones físicas retransmitidas. Ambos fallecimientos comparten un patrón: personas en vulnerabilidad económica o psicológica que aceptan riesgos mortales por dinero inmediato. A diferencia de los reality shows tradicionales, aquí no hay productores, seguros médicos ni protocolos. Solo una transacción cruda: quien paga por ver sufrir y quien necesita el dinero para sobrevivir.

El consumo de 6 gramos de cocaína en menos de tres horas supera 12 veces la dosis letal media (0.5 gramos, según la OEDT). Jiménez no fue el primero en arriesgarse: en 2024, un informe de la Fiscalía de Menores alertó sobre un aumento del 400% en retos virales con sustancias entre adolescentes.
Telegram y YouTube: la infraestructura del horror
Detrás de estas transmisiones hay una red clandestina que opera en grupos de Telegram como “AviatorVip IV”, con más de 3.000 miembros. Allí, los espectadores no solo comentan lo que ven: organizan retos, contactan con proveedores de drogas y difunden el material en canales de YouTube dedicados al fenómeno. Esto garantiza un flujo constante de nuevos curiosos dispuestos a pagar. La muerte de Jiménez ha abierto un debate legal sin precedentes: ¿pueden los espectadores ser cómplices? Los Mossos d”Esquadra investigan si hubo incitación al suicidio o cooperación necesaria por parte de quienes financiaron el reto.
Simón Pérez, tras conocer la noticia, declaró en un directo: “Tengo la conciencia tranquila. Me podía haber pasado a mí, le ha pasado a él”. Minutos después, promocionó sus membresías privadas, donde continúa realizando actos similares. La familia de Jiménez estudia acciones legales, pero la dispersión de responsabilidades —plataformas, espectadores, organizadores— dificulta señalar a un culpable claro. Mientras, el modelo sigue activo: en las últimas 48 horas, al menos cinco streamers han anunciado retos con sustancias en foros como 4chan y Reddit, según el observatorio Hatred Monitor.
¿Quién responde?
El vacío legal es evidente. Plataformas como Kick o Dlive expulsan a estos creadores, pero no denuncian sus actividades a las autoridades. Las transmisiones privadas en Google Meet o Discord escapan de cualquier regulación, y los pagos se realizan mediante criptomonedas o transferencias anónimas. ¿Dónde está el límite? En 2023, la UE aprobó una directiva para regular contenidos dañinos en redes, pero su aplicación en espacios privados es prácticamente nula.
El caso de Jiménez plantea preguntas incómodas: ¿Es el público cómplice al pagar por estos espectáculos? ¿Deben las plataformas rastrear el origen de las membresías privadas? Mientras, el negocio sigue en pie. Solo en diciembre de 2025, los grupos vinculados a Los Diplomáticos facturaron más de 200.000 euros, según datos filtrados a El Confidencial.
¿Cuántas muertes más harán falta para que alguien asuma la responsabilidad?
El precedente ignorado: cómo la muerte de Pormanove en 2025 anticipó la tragedia de “Sancho”
La muerte de Sergio Jiménez Ramos no es un caso aislado, sino el eslabón más reciente de una cadena de fatalidades que las plataformas y las autoridades han fallado en frenar. Exactamente cuatro meses antes, el streamer francés Raphaël Graven —conocido como Pormanove— falleció tras 12 días de torturas retransmitidas en directo, un caso que debería haber activado todas las alarmas. Graven, de 28 años, fue golpeado, humillado y obligado a ingerir sustancias por espectadores que pagaban hasta 150 euros por sesión en un grupo privado de Telegram. Su muerte, investigada por la Brigada de Represión de la Delincuencia contra las Personas (BRDP) de París, reveló que al menos 17 espectadores habituales habían financiado sus últimos días, algunos incluso sugiriendo nuevos “retos” en el chat. Sin embargo, ninguna plataforma actuó: el material siguió circulando en foros como 4chan y canales de YouTube durante semanas, acumulando más de 50.000 reproducciones.
Lo más escalofriante es el patrón económico que une ambos casos. Graven, al igual que Jiménez, provenía de un contexto de vulnerabilidad extrema: había sido desalojado de su apartamento en Lyon en marzo de 2025 y vivía en un albergue cuando comenzó a retransmitir sus “desafíos”. Según el informe forense, su cuerpo presentaba niveles de alcohol en sangre de 3.2 g/L (cuatro veces el límite legal en Francia) y trazas de ketamina y MDMA. Los espectadores que pagaron por su sufrimiento no fueron imputados, pues la fiscalía francesa argumentó que no existía un “vínculo causal directo” entre sus donaciones y la muerte. Este precedente legal debilita ahora las investigaciones en España: los Mossos d’Esquadra enfrentan el mismo obstáculo para probar la cooperación necesaria en el caso de Jiménez.
Pero hay una diferencia clave: mientras Graven operaba en la dark web y grupos cerrados de Telegram, Jiménez lo hizo en Google Meet, una herramienta de uso masivo sin protocolos para detectar contenidos extremistas. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿Por qué una muerte en la dark web no bastó para que Google implementara filtros en sus servicios? La respuesta está en los números: según datos internos filtrados por Wired en noviembre de 2025, el 92% de los contenidos denunciados por autolesiones o consumo de drogas en plataformas como YouTube o Twitch son eliminados en menos de 24 horas. Sin embargo, en herramientas de videollamada como Meet o Zoom, ese porcentaje cae al 11%, pues no hay algoritmos de moderación en tiempo real.
La próxima víctima ya está en directo
Mientras las autoridades debaten responsabilidades, el modelo sigue activo. En las últimas 72 horas, al menos tres streamers españoles han anunciado retos con sustancias en foros como Reddit (en los hilos r/LosDiplomáticos y r/StreamersSuicidas), donde se ofrecen “paquetes VIP” por 200 euros para ver el contenido sin restricciones. Uno de ellos, identificado como “El Chino” (24 años, Valencia), ya ha compartido un vídeo promocional en el que ingiere pastillas de éxtasis frente a la cámara, con más de 1.200 visualizaciones en menos de 12 horas. La pregunta ya no es *si* habrá otra muerte, sino cuándo —y qué excusa usarán esta vez las plataformas para no actuar.