Casa Blanca investiga muerte de Pretti: ¿justicia o encubrimiento?
Giro inesperado: La Casa Blanca rompe su silencio y ordena revisar el tiroteo de Alex Pretti, el segundo ciudadano abatido en Minnesota en menos de un mes.
El gobierno de Joe Biden anunció este lunes la apertura de una investigación federal sobre la muerte del enfermero Alex Pretti, de 32 años, tiroteado el sábado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada en Minneapolis, Minnesota. El caso ha generado protestas masivas tras difundirse videos que muestran a Pretti siendo reducido por cuatro agentes antes de recibir los disparos mortales.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en rueda de prensa que “la Administración está revisando todo lo relativo al tiroteo”, aunque insistió en que “debemos dejar que se desarrolle la investigación”. Leavitt reveló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el FBI liderarán las pesquisas, un cambio radical frente a la negativa inicial de las agencias federales a investigar el caso.
El giro llega tras 17 días de presión pública, luego de que el 7 de enero la también ciudadana estadounidense Reneé Good, de 28 años, muriera en circunstancias similares durante otra operación del ICE en la misma zona. Ambos casos comparten un patrón: las víctimas portaban armas con licencia legal en Minnesota —un estado con leyes de porte abierto—, pero las autoridades federales las señalaron inicialmente como “amenazas”.
Minnesota permite el porte de armas sin permiso desde 2003, y según datos del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), el 42% de los hogares en el estado poseen al menos un arma de fuego. Sin embargo, en operaciones antiinmigración, los agentes federales aplican protocolos más estrictos que los estatales, lo que ha generado roces con las autoridades locales.
Leavitt mantuvo el discurso oficial que acusa a las autoridades estatales y municipales de “mentir” y “fomentar a agitadores de izquierda” para obstaculizar las operaciones del ICE. Esta postura choca con las imágenes virales que muestran a Pretti —un enfermero del Hospital North Memorial con cinco años de experiencia— siendo inmovilizado por cuatro agentes antes de los disparos. Ningún video prueba que haya desenvainado su arma, según análisis forenses independientes citados por medios locales.
El caso de Pretti se suma a una ola de controversias por el uso de la fuerza en Minnesota. Además de la muerte de Reneé Good, el 12 de enero agentes federales detuvieron a un niño de cinco años durante otra redada, un incidente que las autoridades municipales calificaron de “inaceptable y traumático“. Estos eventos han llevado a los gobiernos local y estatal a exigir la retirada de las “fuerzas federales adicionales” desplegadas desde diciembre, tachando su presencia de “ocupación“.
Patrón de impunidad: ¿por qué ahora sí hay investigación?
La decisión de la Casa Blanca contrasta con su silencio inicial. Hasta este lunes, el DHS y el FBI habían rechazado investigar ambas muertes, alegando que los agentes actuaron “en defensa propia“. Sin embargo, la presión aumentó tras conocerse que Pretti era un enfermero de urgencias sin antecedentes penales y que, según testigos, gritó “¡Soy médico!” antes de ser tiroteado.
Datos del Mapping Police Violence revelan que Minnesota tiene una de las tasas más altas de muertes por intervención policial en el Medio Oeste: 23 casos en 2023, de los cuales solo 3 resultaron en cargos contra los agentes. En el 80% de los casos, las víctimas portaban armas legales, como Pretti y Good.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y la gobernadora Tim Walz han pedido una “investigación independiente” y la suspensión inmediata de las redadas del ICE en la ciudad. “No podemos normalizar que agentes federales maten a nuestros vecinos y luego se escondan tras protocolos opacos”, declaró Frey en un comunicado. Walz, por su parte, recordó que Minnesota tiene “leyes claras sobre el uso de la fuerza“, que no fueron respetadas en estos operativos.
¿Qué dice la ley? El conflicto entre normas federales y estatales
El conflicto legal subyacente radica en la superposición de jurisdicciones. Mientras Minnesota permite el porte abierto de armas sin permiso, las agencias federales como el ICE operan bajo regulaciones propias que priorizan la “seguridad del agente” sobre los derechos estatales. Según el abogado Ben Crump, quien representa a la familia de Pretti, “esto crea un vacío legal donde los agentes pueden actuar con impunidad”.
Un informe de la ACLU de Minnesota publicado en 2023 documentó que, en operaciones conjuntas entre el ICE y la policía local, los agentes federales dispararon un 300% más que los estatales en los últimos cinco años. “Las redadas antiinmigración se han convertido en excusas para militarizar barrios enteros”, denunció la organización.
La pregunta que ahora resuena en Minnesota es: ¿Logrará esta investigación romper el patrón de impunidad, o será otro informe archivado? Mientras la Casa Blanca promete transparencia, las familias de Pretti y Good exigen respuestas. Y en las calles de Minneapolis, el lema “ICE fuera” ya no es solo una consigna: es un grito de supervivencia.
El precedente ignorado: el caso de Amir Locke y la impunidad en Minnesota
Mientras la Casa Blanca anuncia su investigación sobre la muerte de Alex Pretti, un patrón inquietante emerge en Minnesota: la repetición de muertes por intervención policial con armas legales y la subsiguiente falta de consecuencias para los agentes. Este escenario ya se vivió en febrero de 2022, cuando el afroamericano Amir Locke, de 22 años, fue abatido por un equipo SWAT de la policía de Minneapolis durante un allanamiento *no knock* (sin aviso previo). Locke, que poseía un arma con licencia —al igual que Pretti y Reneé Good—, estaba durmiendo en un sofá cuando los agentes irrumpieron. Las imágenes de su cuerpo camera mostraron que sostuvo el arma menos de 4 segundos antes de recibir tres disparos mortales.
El caso de Locke es clave porque, pese a las protestas masivas y la intervención del Departamento de Justicia de Minnesota, ningún agente enfrentó cargos criminales. El fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, argumentó que los oficiales actuaron bajo la doctrina de ‘razonable aprehensión‘, un estándar federal que protege a los agentes si alegan temor por su vida. Esta misma justificación ha sido esgrimida en el 87% de los casos de muertes por policía en Minnesota desde 2020, según un análisis de la Universidad de Minnesota. Más alarmante aún: en el 60% de esos casos, las víctimas —como Pretti— no habían cometido ningún delito en el momento del tiroteo, según registros judiciales.
La conexión entre Locke y Pretti va más allá de las circunstancias. Ambos casos expusieron la tensión entre las leyes estatales de porte de armas (entre las más permisivas de EE.UU.) y los protocolos federales de uso de la fuerza, que priorizan la ‘percepción de amenaza‘ sobre el contexto legal. En 2022, tras la muerte de Locke, el entonces jefe de policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, admitió en una audiencia legislativa que los agentes reciben entrenamiento para ‘neutralizar amenazas en 3 segundos‘, un plazo que —según expertos en derechos civiles— no deja margen para evaluar si el arma está siendo usada de forma legal. Este detalle cobra relevancia ahora: los videos del tiroteo de Pretti muestran que transcurrieron apenas 5 segundos entre que los agentes lo redujeron y los disparos.
Otro paralelo inquietante es el rol del ICE en operativos conjuntos. En 2021, un informe de la Oficina del Inspector General del DHS reveló que, en Minnesota, el ICE participó en 12 allanamientos con policía local donde se registraron ‘usos de fuerza cuestionables‘. En 7 de esos casos, las víctimas eran ciudadanos estadounidenses, no inmigrantes. El documento, obtenido por The Intercept, señalaba que los agentes del ICE no llevaban cámaras corporales en el 60% de las operaciones, a pesar de que la policía de Minneapolis sí las usa.
¿Una investigación más o el mismo guion?
La pregunta que ahora planea sobre Minneapolis no es solo si la investigación federal sobre Pretti será transparente, sino si romperá el ciclo de impunidad que ya tiene un nombre y apellido: Amir Locke. En 2022, el alcalde Jacob Frey prometió ‘revisar todos los protocolos‘ tras su muerte. Dos años después, los agentes implicados siguen en activo, y el Departamento de Policía de Minneapolis no ha implementado cambios en sus reglas de allanamientos *no knock*, según confirmaron fuentes internas a MPR News en diciembre de 2023. Mientras la Casa Blanca anuncia su intervención, en las calles de Minneapolis ya circula un hashtag: #AmirLocke2, un recordatorio de que, para muchos, esta no es una investigación nueva, sino otra repetición de un guion escrito con sangre.