“Giro diplomático”: EE.UU. y Venezuela reabren relaciones en plena crisis global
Ruptura superada: Tras años de tensión extrema, Washington y Caracas dan un paso sin retorno hacia la normalización, con un plan de tres fases que promete redefinir el futuro de la región.
La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, calificó este lunes como un “momento histórico” el reinicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países, tras la llegada de representantes de Washington a Caracas el fin de semana. Horas después de ser recibida en el Palacio de Miraflores por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Dogu subrayó en un mensaje difundido por la Embajada estadounidense que el objetivo es alcanzar “beneficios tangibles” para las dos naciones, en un contexto marcado por sanciones económicas y una crisis migratoria sin precedentes.
En un vídeo publicado en las redes oficiales de la embajada, Dogu detalló que el plan de tres fases impulsado por EE.UU. comenzará con acciones para “estabilizar y restaurar la seguridad” en Venezuela, seguido de un programa de recuperación económica y, finalmente, una transición hacia una Venezuela “amigable, estable, próspera y democrática”. Este esquema recuerda al aplicado en 2015 durante el deshielo con Cuba, cuando la administración Obama flexibilizó restricciones a cambio de reformas internas.
La funcionaria, designada directamente por el entonces presidente Donald Trump antes de dejar el cargo, resaltó que la reapertura del espacio aéreo entre ambos países y la licencia general para comerciar petróleo venezolano —emitida por el Departamento del Tesoro en octubre— son “pasos claves” para impulsar la recuperación económica de Venezuela, cuya producción petrolera cayó un 70% desde 2013, según datos de la OPEP.
Dogu llegó a Caracas el sábado 2 de diciembre con rango de encargada de negocios y este lunes mantuvo su primera reunión oficial con Delcy Rodríguez. El encuentro, celebrado en la sede de la Cancillería venezolana, contó también con la presencia del ministro de Exteriores, Yván Gil, y del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, figura clave en las negociaciones con la oposición. Este último fue sancionado por EE.UU. en 2018 por su papel en la represión de protestas, aunque las medidas fueron levantadas parcialmente en 2022 como gesto de buena voluntad.
El Gobierno de Nicolás Maduro respondió al gesto estadounidense nombrando al exministro de Exteriores Félix Plasencia como nuevo representante diplomático en Washington. Plasencia, quien ocupó el cargo entre 2021 y 2023, es visto como un moderado dentro del chavismo y ya participó en rondas de diálogo con la oposición en México (2021) y Barbados (2023).
¿Qué gana (y qué pierde) cada país con este acercamiento?
Para Venezuela, el restablecimiento de relaciones significa el acceso a mercados financieros internacionales y la posibilidad de vender petróleo sin restricciones, algo vital para un país cuya economía se contrajo un 30% entre 2014 y 2021, según el FMI. Además, podría facilitar la repatriación de US$3.000 millones en activos congelados en bancos estadounidenses, recursos clave para importar alimentos y medicinas.
Estados Unidos, por su parte, busca frenar la migración venezolana —que superó los 7 millones de personas desde 2015, según ACNUR— y reducir la influencia de Rusia y China en la región. La administración Biden también necesita estabilizar los precios del petróleo ante la guerra en Ucrania, que disparó los costos energéticos en 2022.
Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos: la opposición venezolana, liderada por María Corina Machado, ha criticado que el diálogo no incluya garantías electorales para las presidenciales de 2024, mientras que en EE.UU., sectores republicanos acusan a Biden de “premiar a un régimen autoritario”.
¿Logrará este acercamiento sobrevivir a las elecciones en ambos países… o será otro intento fallido de normalización?
El precedente Cuba-Venezuela: ¿Por qué el modelo de 2015 podría repetirse (o fracasar)
El plan de tres fases anunciado por Laura Dogu no es casual: replica casi al pie de la letra la hoja de ruta que EE.UU. aplicó con Cuba en diciembre de 2014, cuando Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el “deshielo” tras 54 años de ruptura. Aquella estrategia, que comenzó con la reapertura de embajadas en julio de 2015 y incluyó la flexibilización de sanciones a cambio de reformas económicas, logró avances tangibles en solo 18 meses: el PIB cubano creció un 4% en 2016 (su mejor dato en una década, según la CEPAL), y las remesas desde EE.UU. se dispararon un 72%, alcanzando los $3.400 millones en 2017. Pero el proceso se vino abajo en 2019, cuando Donald Trump revirtió las medidas y impuso 246 nuevas sanciones, según un informe del Washington Office on Latin America (WOLA).
Venezuela enfrenta un escenario aún más complejo. Mientras Cuba tenía en 2015 un sistema político estable (aunque no democrático) y una economía dolarizada informal pero funcional, Venezuela arrastra una hiperinflación acumulada del 1.700.000% entre 2018 y 2021 (FMI) y una fragmentación institucional que incluye tres poderes públicos en disputa. Además, el precedente cubano demostró que los avances económicos no garantizan cambios políticos: La Habana no liberó a un solo preso político durante el deshielo, y las elecciones de 2018 se celebraron sin observación internacional. En Caracas, el gobierno de Maduro ya ha señalado que no aceptará “condiciones” para las presidenciales de 2024, una línea roja que podría hacer descarrilar el proceso antes de la segunda fase.
Hay otro factor clave: el petróleo. En 2015, Cuba no era un actor energético relevante, pero Venezuela sí lo fue para EE.UU. hasta 2019, cuando las sanciones redujeron las importaciones estadounidenses de crudo venezolano de 500.000 barriles diarios (2018) a cero en 2020. Ahora, con la guerra en Ucrania y los precios del Brent rondando los $80 por barril, Washington necesita alternativas. Pero la capacidad de producción venezolana está lejos de recuperarse: según la OPEP, el país cerró noviembre de 2023 con 780.000 barriles diarios, un 35% menos que en 2018, y las inversiones requeridas para elevar la extracción superan los $20.000 millones, según estimaciones de PDVSA filtradas en 2022.
La paradoja del acercamiento: ¿Estabilidad a cambio de qué?
El riesgo ahora no es solo que el proceso se rompa, sino que sobreviva sin cambiar nada. En 2016, Obama visitó Cuba y pronunció un discurso histórico en el Gran Teatro de La Habana, pero dos años después, el gobierno de Miguel Díaz-Canel aprobó una nueva ley de “unidad revolucionaria” que prohibió partidos de oposición. En Venezuela, Maduro ya ha usado tácticas similares: en 2019, tras diálogos en Barbados, liberó a 22 presos políticos… pero días después inhabilitó a Henrique Capriles (líder opositor) por 15 años. Si Biden repite el error de Obama —priorizar la estabilidad económica sobre las garantías democráticas—, el “momento histórico” de Dogu podría terminar como el de 2015: un paréntesis de esperanza seguido de un retroceso más profundo.