“Golpe judicial”: Trump ataca al Supremo por bloquear sus aranceles sin límite
Golpe a su poder: Donald Trump arremetió este viernes contra la Corte Suprema de EE.UU. tras declarar ilegal su uso de la Ley de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) para imponer aranceles sin aprobación del Congreso. El exmandatario tachó el fallo de “ridículo” y prometió nuevas estrategias legales para mantener los gravámenes, una herramienta clave en su agenda de “América primero”.
En un comunicado cargado de críticas, Trump apuntó directamente a los jueces republicanos Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett —nombrados por él mismo durante su presidencia— por sumarse al bloqueo conservador-demócrata. “Es increíble cómo los magistrados demócratas rara vez traicionan a su bando, mientras que los nuestros nos fallan”, escribió. También atacó al presidente del Tribunal, John Roberts, acusándolo de liderar una mayoría que “protege a países que nos han estafado durante décadas“, en referencia a China, México y la Unión Europea, blancos frecuentes de sus aranceles del 25% al acero y 10% al aluminio impuestos en 2018.
El fallo, respaldado por 6 votos contra 3, confirma la sentencia previa del Tribunal de Apelaciones que consideraba que la IEEPA de 1977 —creada para sancionar a Irán durante la crisis de los rehenes— no faculta al presidente a imponer aranceles por decreto. Los disidentes, los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh, argumentaron que la decisión “debilita el poder ejecutivo” en asuntos económicos. Esta es la tercera vez en cinco años que el Supremo frena una medida comercial de Trump, tras los reveses en 2020 por los aranceles a Francia y en 2022 por las tarifas a Canadá.
A pesar del revés, Trump insistió en que su equipo “no se rendirá” y adelantó que prepara “aranceles 100% respaldados por la ley” para reemplazar los suspendidos. El litigio había sido impulsado por 12 estados (liderados por Texas y California) y empresas como Ford y Caterpillar, que alegaban que el gobierno excedía sus competencias y dañaba la competitividad industrial. Según la Cámara de Comercio de EE.UU., estos aranceles costaron $57.000 millones a las empresas estadounidenses entre 2018 y 2024.
La resolución abre la puerta a miles de demandas de compañías que buscan recuperar los $12.000 millones pagados en derechos desde abril de 2025, cuando se aplicaron los gravámenes a socios clave como Vietnam (textiles) y Alemania (autopartes). El Tribunal de Comercio Internacional ya había advertido en mayo de 2024 que el uso de la IEEPA era “desproporcionado”, y el Supremo ratificó que solo el Congreso puede autorizar aranceles por motivos no relacionados con emergencias nacionales. ¿Podrá Trump eludir este fallo con nuevas leyes o acuerdos bilaterales? La respuesta definirá el futuro de su guerra comercial.
Mientras los mercados reaccionaban con alivio —el Dow Jones subió un 1,2% tras el anuncio—, analistas advierten que la batalla legal no ha hecho más que empezar. “Trump tiene un historial de burlar obstáculos judiciales“, recordó el economista Peter Navarro, exasesor de la Casa Blanca, en declaraciones a Fox News. Con las elecciones de 2024 en el horizonte, este fallo se convierte en un arma de doble filo: debilita su imagen de “protector de la industria”, pero le permite movilizar a su base con el discurso de “el establishment contra el pueblo”.
El precedente que Trump ignora: cómo la IEEPA ya fracasó en 1981 y 2001
Mientras Donald Trump promete “aranceles 100% respaldados por la ley” para reemplazar los bloqueados, el fallo del Supremo no solo frena su agenda comercial, sino que repite un patrón histórico: la Ley de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) ha sido anulada o limitada en dos ocasiones críticas cuando presidentes intentaron usarla para fines no relacionados con crisis nacionales. El caso más sonado fue en 1981, cuando Ronald Reagan intentó congelar activos iraníes fuera del marco de la crisis de rehenes (para la que la ley fue creada en 1977) y la Corte lo frenó por “exceso de discrecionalidad”. Más reciente: en 2001, George W. Bush intentó aplicar la IEEPA para bloquear transacciones con empresas vinculadas al terrorismo sin prueba directa de emergencia, y un tribunal federal lo declaró “inconstitucional en un 60%”.
El error de Trump —y el que ahora pagan sus aranceles— fue ignorar que la IEEPA exige una “amenaza inusual y extraordinaria” específica, no genérica. En 1979, Jimmy Carter la usó con éxito para sancionar a Irán tras la toma de la embajada en Teherán, pero en 1995, Bill Clinton fracasó al intentar aplicarla contra Cuba por “razones de seguridad nacional” sin demostrar un riesgo inminente. La diferencia clave: la Corte exige pruebas de urgencia, no justificaciones políticas. Los aranceles de Trump al acero (25%) y aluminio (10%) en 2018 se basaron en un informe del Departamento de Comercio que citaba “riesgos a la seguridad nacional” por la dependencia de importaciones, pero el Supremo determinó que “la IEEPA no cubre medidas proteccionistas disfrazadas de emergencia”.
Lo que el fallo no dice —y que podría ser su talón de Aquiles— es que la IEEPA sí permitió en 2019 a Trump bloquear propiedades de funcionarios venezolanos vinculados a Nicolás Maduro, al considerar que la crisis migratoria en la frontera era una “emergencia nacional”. La contradicción legal es evidente: ¿Por qué un flujo migratorio sí es emergencia, pero la competencia comercial no? Los disidentes (Thomas, Alito y Kavanaugh) argumentaron precisamente esto en sus votos particulares, señalando que el Supremo está aplicando “un doble rasero”.
¿Un “plan B” con la Ley de Comercio de 1974?
Trump tiene una carta bajo la manga: la Sección 232 de la Ley de Comercio de 1974, que sí permite aranceles por “razones de seguridad nacional” sin aprobación del Congreso. La usó en 2018 para justificar los gravámenes a China, pero con un detalle clave: el Tribunal de Comercio Internacional ya anuló en 2020 su aplicación a Turquía por falta de evidencia. Si repite la estrategia, enfrentará no solo a la Corte, sino a un Congreso dividido que en 2023 aprobó una resolución bipartidista (con 12 republicanos a favor) para limitar su uso. La pregunta no es si Trump encontrará un resquicio legal, sino cuánto costará a las empresas: según la Federación Nacional de Minoristas, cada mes de aranceles del 25% al acero eleva los precios al consumidor en un 0.3%, y el fallo del Supremo llega cuando la inflación interanual ronda el 3.4%.