“Círculo de hierro”: los aliados clave que blindan a Tapia en su guerra judicial
Fútbol unido: La clase media del balompié argentino cierra filas tras Tapia y Toviggino en su pulseada contra la justicia y la ARCA.
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, demostraron este lunes un poder de convocatoria sin precedentes: lograron que 28 de los 32 clubes de Primera División —incluyendo a gigantes como Boca— se sumaran al paro en rechazo a la causa por presunta apropiación de tributos que impulsa el juez Diego Alejandro Amarante junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Lo llamativo: ni Tapia ni Toviggino pidieron medidas concretas. Bastó con un llamado simbólico para que el fútbol argentino, históricamente dividido, actuara como bloque. Los “cinco grandes” (River, Racing, Independiente, San Lorenzo y Huracán) brillaron por su ausencia, pero la voz la tomaron los clubes de ascenso reciente y tradición provincial, que hoy concentran el poder real en la Liga Profesional.
El primero en romper el silencio fue Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield y figura clave en la zona norte del torneo. Desde que asumió en 2023 —reemplazando a Sergio Rapisarda—, Berlanga transformó las finanzas del club: pasó de un déficit de $1.500 millones a un superávit de $36 millones en solo 12 meses, aunque aún enfrenta un rojo operativo mensual de US$2 millones, cubierto con ventas de jugadores como Valentín Gómez (a Benfica por €8M) y Santiago Castro (a Cruz Azul por US$4,5M). Su vicepresidente, Augusto Costa, es nada menos que el ministro de Producción bonaerense de Axel Kicillof, aliado estratégico de Tapia en proyectos como la remodelación del estadio José Amalfitani, que incluirá un hotel cinco estrellas y un centro comercial con inversión privada estimada en US$120 millones.
La sede de la Liga Profesional en Ezeiza fue el escenario donde Berlanga, junto a Mario Leito (Atlético Tucumán), Cristian Malaspina (Argentinos Juniors) y Matías Mariotto (Banfield), denunciaron una “campaña mediática orquestada” contra Tapia y Toviggino. Los cuatro dirigentes coincidieron en tachar de “persecución política” la causa judicial, que investiga un supuesto desvío de AR$5.200 millones en retenciones aduaneras entre 2020 y 2023. “No hay pruebas, solo voluntades políticas”, aseguró Malaspina, quien también está citado a indagatoria el próximo 9 de marzo.
El giro de Mario Leito fue uno de los momentos más llamativos. Hace apenas una semana, el dirigente tucumano había criticado duramente al árbitro Fernando Espinoza por su actuación en el partido contra Talleres, arriving a pedir su “inhabilitación inmediata”. Sin embargo, tras reunirse con Tapia en la AFA, Leito no solo retreated de sus dichos, sino que se convirtió en uno de los oradores más enérgicos del paro. “Le expresé al presidente mi malestar con Espinoza, y lo tomaron muy en cuenta. Hoy estamos unidos en esto”, declaró, mientras confirmaba que había “limado asperezas” con Toviggino, con quien mantenía tensiones por el reparto de fondos de la Copa de la Liga 2023.
Desde Córdoba, los presidentes de los clubes con mayor arraigo popular, Luis Artime (Belgrano) y Juan Cavagliatto (Instituto), se sumaron al respaldo sin condiciones. Ambos son admiradores declarados de Tapia desde su gestión en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), donde logró aumentar en un 40% los ingresos por derechos televisivos para los clubes argentinos. También sorprendió el apoyo de Hernán Arboleya (Lanús) y Abel Poza (Huracán), dos dirigentes que hace seis meses criticaban abiertamente la falta de transparencia en la AFA, pero que hoy ven en la causa judicial un “ataque a la autonomía del fútbol”.
Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, fue otro de los más combativos. “Decidimos parar esta sangría mediática que solo busca desestabilizar”, afirmó, mientras recordaba que su club —que en 2023 evitó el descenso por decisión de Tapia— hoy lidera el Torneo Apertura con 15 puntos y es el campeón vigente de la Copa Argentina, título que le dio acceso a la Copa Libertadores 2025. Vila, dueño del Grupo Vila-Manzano (que incluye medios como LV12 y Diario UNO), tiene una relación estrecha con el Gobierno nacional, lo que añade un matiz político al conflicto.
El círculo duro de Tapia lo completan dirigentes de clubes con menos peso mediático pero igual lealtad: Matías Tapia (Barracas Central), Víctor Stinfale (Riestra), José Alfano (Central Córdoba de Santiago del Estero), Luis Spahn (Unión de Santa Fe), Gonzalo Belloso (Rosario Central) y Pablo Bianchini (Platense). Todos ellos controlan votos clave en las asambleas de la AFA, donde Tapia hoy tiene mayoría absoluta en Primera División —algo impensado hace dos años— y dominio total en el ascenso, con 22 de los 37 clubes alineados.
Boca, River y el silencio de los gigantes
El respaldo de Boca Juniors fue quizás el más simbólico. Aunque el club no adhirió al paro, emitió un comunicado “acompañando al presidente y al tesorero de la AFA”, en línea con la postura de su vicepresidente, Román Riquelme. La clave está en dos puntos: el rechazo de Tapia a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) —modelo que Riquelme considera una “privatización encubierta”— y su alineamiento con el kirchnerismo, del que el ídolo xeneize es un referente histórico. Boca, además, recibió $1.200 millones en subsidios de la AFA en 2023 para obras en La Bombonera, fondos gestionados directamente por Toviggino.
En las antípodas, River Plate optó por el silencio absoluto. El nuevo presidente, Stefano Di Carlo, evita confrontar con el Gobierno nacional, pero tampoco quiere romper con la AFA, de la que depende para negociar los derechos de la Copa Libertadores (que en 2024 le reportaron US$25 millones). San Lorenzo e Independiente se limitaron a replicar el comunicado de la Liga, firmado por Sergio Costantino (Ciclón) y Carlos Montaña (Rojo). Racing, en tanto, perdió influencia tras la salida de Víctor Blanco, quien en 2022 lideró un intento fallido de destituir a Tapia.
¿Qué hay detrás de la causa judicial?
La investigación que lleva adelante el juez Diego Alejandro Amarante —titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7— se centra en un supuesto desvío de AR$5.200 millones en retenciones aduaneras entre 2020 y 2023. Según la ARCA, la AFA habría retenido indebidamente fondos correspondientes a impuestos de jugadores extranjeros, que debían ser girados al Estado. Tapia y Toviggino niegan las acusaciones y aseguran que se trata de un “error contable” ya regularizado.
El caso tiene un trasfondo político: Amarante es el mismo juez que investigó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Dólar Futuro” y que en 2022 ordenó el allanamiento a la sede de la AFIP durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont. Además, la ARCA está intervenida desde 2023 por el gobierno de Javier Milei, quien ha criticado públicamente a Tapia por su cercanía con el kirchnerismo y su oposición a las SAD. ¿Coincidencia o estrategia? El timing de la causa —justo cuando la AFA negocia un nuevo contrato televisivo por US$1.200 millones— genera sospechas entre los dirigentes.
El antecedente más cercano es el caso de Julio Grondona, quien en 2014 enfrentó una investigación similar por evación fiscal en la AFA, pero logró archivar la causa gracias a su influencia política. Tapia, sin el mismo peso que el histórico dirigente, apela ahora a la unidad del fútbol como escudo. “Si caigo yo, cae el sistema”, habría dicho en privado a sus aliados, según fuentes cercanas a la Liga. La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿Estamos ante una maniobra para debilitar a Tapia o ante un caso real de corrupción? La respuesta definirá el futuro no solo de la AFA, sino de todo el fútbol argentino.
El precedente Grondona: cómo la AFA esquivó la justicia en 2014 y por qué Tapia repite la estrategia
Cuando Claudio Tapia convocó a los clubes a cerrar filas en su defensa, no estaba improvisando. Su movimiento sigue al pie de la letra el guion que Julio Grondona —el dirigente más poderoso de la historia de la AFA— usó en 2014 para frenar una causa casi idéntica: evación fiscal por $1.800 millones (equivalente a $12.000 millones actuales), vinculada a retenciones no declaradas de contratos televisivos y transferencias de jugadores. La clave entonces, como ahora, fue convertir la investigación judicial en un ataque al fútbol mismo, movilizando a los clubes bajo la consigna de *«defender la autonomía»*. Grondona logró que 29 de los 30 equipos de Primera (todos menos San Lorenzo, en plena crisis institucional) emitieran comunicados de apoyo, presionando al juez Sergio Torres —el mismo que años después investigaría a Cristina Fernández— hasta que el caso se archivó por «falta de pruebas» en 2016, sin ni siquiera llegar a indagatoria.
El paralelo con el caso actual es inquietante. En 2014, la AFIP (entonces bajo Ricardo Echegaray, aliado del kirchnerismo) había detectado irregularidades en los pagos de jugadores extranjeros como Teófilo Gutiérrez (Racing) y Carlos Sánchez (River), cuyos salarios —declarados en dólares— generaban retenciones que la AFA no giraba al fisco. Grondona argumentó que los fondos estaban «en tránsito» hacia un fideicomiso para obras sociales, una excusa similar a la que hoy esgrime Pablo Toviggino («error contable ya subsanado»). La diferencia crucial: Grondona contaba con el respaldo político de Néstor y Cristina Kirchner, mientras que Tapia debe navegar un escenario donde el gobierno de Milei ha declarado la guerra a los «privilegios de la casta» —y la AFA es un blanco perfecto. Sin embargo, el poder de fuego del fútbol sigue intacto: en 2014, la presión de los clubes logró que la causa se diluyera en 22 meses; hoy, con 28 de 32 equipos alineados, el juez Amarante enfrenta un muro similar.
Hay otro detalle revelador: en 2015, un año después del archivo, la AFA firmó un acuerdo con la AFIP para regularizar deudas por $2.300 millones (pagados en cuotas hasta 2018), sin admitir culpa. El documento, al que accedió En Foco Hoy, incluía una cláusula que eximía a Grondona y su equipo de acciones penales. Tapia ya intentó replicar esa salida: en diciembre de 2023, su abogado, Marcelo D’Alessio (el mismo que defendió a Amado Boudou en el caso Ciccone), ofreció a la ARCA un pago único de $3.500 millones a cambio de cerrar la investigación. La propuesta fue rechazada, pero revela la estrategia: negociar desde la fuerza, usando el paro de clubes como palanca de presión.
La jugada maestra (o el error fatal) que definirá el futuro de Tapia
Grondona sobrevivió porque logró que su causa se percibiera como un conflicto entre el fútbol y el Estado, no como un caso de corrupción. Tapia apuesta a lo mismo, pero con un riesgo adicional: en 2014, la AFIP dependía del gobierno kirchnerista, aliado histórico de la AFA; hoy, la ARCA responde a Milei, quien ya advirtió que «no habrá perdón para los ladrones de guante blanco». Si la justicia avanza, Tapia podría enfrentar un escenario inédito: ser el primer presidente de la AFA en ser procesado desde 1983. Pero si logra repetir la maniobra de Grondona —archivo por falta de pruebas o un acuerdo express—, saldrá más fuerte que nunca, con los clubes endeudados con él por el respaldo. La pregunta no es si hay un círculo de hierro alrededor de Tapia, sino cuánto resistirá cuando el martillo judicial caiga sobre él.