Australia golpea a Irán: sanciones por represión sangrienta en protestas de 2025
Respuesta contundente: Canberra impone restricciones a 23 objetivos iraníes por violencia letal contra manifestantes.
El Gobierno australiano ha anunciado este martes un nuevo paquete de sanciones financieras contra Irán, como respuesta al “uso horrible de la violencia” durante la represión de las protestas masivas que estallaron en diciembre de 2025 por la crisis económica y el colapso de la calidad de vida. Las medidas, coordinadas con aliados internacionales, buscan presionar al régimen de Teherán por lo que el Ministerio de Exteriores calificó como “una campaña sistemática de opresión”.
Las sanciones afectan a 20 altos funcionarios —incluyendo mandos de la Guardia Revolucionaria Iraní— y tres entidades vinculadas a la represión. Según el comunicado oficial, estos individuos son “cómplices directos” en la violencia contra civiles, el bloqueo de telecomunicaciones y las amenazas transfronterizas. Australia ya había declarado a la Guardia Revolucionaria como “patrocinadora estatal del terrorismo” en 2023, sentando un precedente en su política exterior.
Desde el 28 de diciembre de 2025, el régimen iraní ha sido acusado de masacrar a miles de manifestantes y detener arbitrariamente a otros miles, según datos de la cancillería australiana. El informe destaca que Teherán implementó un corte nacional de Internet para ocultar la magnitud de la represión, una táctica ya utilizada durante las protestas de 2019 y 2022, cuando la ONG NetBlocks registró apagones digitales de hasta 120 horas.
El primer ministro Anthony Albanese, en el poder desde mayo de 2022, ha liderado una escalada sancionadora sin precedentes: su gobierno ha penalizado a más de 200 individuos y entidades iraníes, con un enfoque especial en la Guardia Revolucionaria. “Estas acciones refuerzan nuestro compromiso con el pueblo iraní y la comunidad internacional”, declaró el Ministerio de Exteriores, alineándose con posturas similares de la UE y EE.UU.
Teherán contraataca: acusaciones de “terrorismo extranjero”
Las autoridades iraníes han rechazado las sanciones y denunciado la infiltración de “terroristas respaldados por EE.UU. e Israel” en las protestas. Según su versión, estos grupos habrían orquestado ataques para justificar una intervención militar extranjera, en referencia a las amenazas del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, quien en 2024 advirtió sobre un “ataque preventivo” contra instalaciones nucleares iraníes.
El balance oficial de Teherán reconoce 3.000 muertos, entre civiles y fuerzas de seguridad, pero la ONG Human Rights Activists in Iran (HRAI) eleva la cifra a 6.854 fallecidos, incluyendo 6.430 manifestantes y 152 menores de edad. Este patrón de subestimación de víctimas ya se documentó en 2019, cuando el régimen reportó 200 muertos mientras Amnistía Internacional contabilizó más de 1.500.
Contexto: ¿Por qué ahora?
Las protestas de 2025 estallaron tras un aumento del 300% en el precio de los alimentos básicos y un desempleo juvenil superior al 40%, según datos del Banco Mundial. Australia, que alberga una diáspora iraní de más de 120.000 personas, ha sido destino de denuncias de exiliados que relataron torturas y desapariciones forzadas. ¿Lograrán las sanciones frenar la represión o profundizarán el aislamiento de Irán?
El precedente ignorado: cómo la ONU falló en frenar la represión iraní en 2019 y 2022
Mientras Australia justifica sus sanciones como una respuesta a la “campaña sistemática de opresión” de 2025, un patrón idéntico —y documentado— quedó impune en dos olas de protestas anteriores. En noviembre de 2019, cuando el régimen iraní sofocó manifestaciones contra el alza de los combustibles, la ONU no logró aprobar ni una sola resolución vinculante pese a que Amnistía Internacional verificó 1.500 muertos en menos de dos semanas, incluyendo 23 menores de 18 años abatidos por francotiradores de la Guardia Revolucionaria. El entonces Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, limitó su respuesta a un “llamado a la moderación” sin consecuencias legales.
El guión se repitió en septiembre de 2022, tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial por “llevar mal el hiyab”. Aunque 47 países —incluida Australia— firmaron una declaración conjunta en el Consejo de Derechos Humanos, el régimen bloqueó cualquier investigación formal invocando su “soberanía nacional”. El resultado: 551 manifestantes asesinados (según Iran Human Rights), 22.000 detenidos y 4 ejecuciones públicas en menos de tres meses. La única medida concreta fue la expulsión de Irán de la Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en diciembre de 2022, una sanción simbólica que no afectó su aparato represivo.
Lo más revelador: en ambos casos, la Guardia Revolucionaria —ahora objetivo central de Canberra— recibió un aumento del 28% en su presupuesto (datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos), financiado con ventas petroleras a China e India. Mientras la ONU debatía, Pekín firmaba un acuerdo por 400.000 millones de dólares en 2021 para comprar crudo iraní a cambio de inversiones en infraestructura, eludiendo las sanciones estadounidenses.
¿Por qué esta vez sería diferente?
Australia apuesta por sanciones “coordinadas con aliados”, pero el historial muestra que sin un frente unificado —y con actores como China y Rusia vetando medidas en el Consejo de Seguridad— las represalias económicas se diluyen. La clave estará en si Canberra logra que la Interpol active red notices contra los 20 funcionarios sancionados, algo que solo ha ocurrido una vez con iraníes: en 2020, contra el exjuez Gholamreza Mansouri, acusado de torturas. Escapó a Rumania y nunca fue extraditado.