“Amnistía histórica”: Venezuela libera a 700 presos políticos y cierra El Helicoide
Giro inesperado: La presidenta encargada Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para presos políticos desde 1999, mientras transforma el polémico centro de detención El Helicoide en un espacio cultural.
La mandataria venezolana Delcy Rodríguez ha anunciado este jueves una ley de amnistía general para los presos políticos del país, en un contexto marcado por la excarcelación de más de 700 personas desde el pasado 8 de enero, según cifras de la ONG Foro Penal. La medida, presentada durante la apertura del año judicial ante el Tribunal Supremo, busca “reparar las heridas” dejadas por décadas de confrontación política y “reencauzar la justicia” en Venezuela.
Rodríguez ha instruido a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática a presentar el proyecto de ley en la Asamblea Nacional “en las próximas horas”, bajo un régimen de urgencia. La iniciativa, que contaría con el respaldo del presidente Nicolás Maduro —capturado recientemente—, abarcaría el período comprendido entre 1999 y la actualidad, cubriendo casos vinculados a “violencia política y extremismo”.
La mandataria hizo un llamado a los beneficiarios de la amnistía y a quienes ya han sido liberados a evitar “la venganza, la revancha y el odio”, subrayando que esta es una “oportunidad para vivir en paz”. “Desde la diversidad y la pluralidad, podamos coexistir con respeto a la ley”, declaró. Sin embargo, la ley excluiría a quienes estén encarcelados por delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones graves a los derechos humanos.
La amnistía llega en un momento en que Venezuela enfrenta una crisis de legitimidad internacional. Según datos de Amnistía Internacional, el país ha sido señalado en los últimos cinco años por más de 12.000 casos de detenciones arbitrarias, muchas de ellas en centros como El Helicoide, operado por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).
El Helicoide: de prisión política a centro cultural
Rodríguez también anunció el cierre definitivo de El Helicoide, un símbolo de la represión durante el chavismo, para convertirlo en un espacio “social, deportivo, cultural y comercial” destinado a familias de policías y comunidades vecinas. “En el marco del relanzamiento de la Misión Guardianes de la Patria, estas instalaciones dejarán de ser un centro de detención”, afirmó.
El Helicoide, ubicado en Caracas, ha sido denunciado por organizaciones como Human Rights Watch y la OEA como un lugar donde se cometieron torturas y maltratos sistemáticos contra disidentes. En 2019, un informe de la ONU documentó al menos 67 casos de tortura en sus instalaciones, incluyendo descargas eléctricas y asfixia.
La reconversión del centro se enmarca en un plan más amplio de “atención socioeconómica” para funcionarios policiales, aunque críticos señalan que podría ser una maniobra para borrar evidencias de abusos. ¿Logrará este gesto simbólico reparar el daño a las víctimas?
Reacciones: entre el escepticismo y la esperanza
El director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, celebró la amnistía pero advirtió que aún quedan más de 11.000 personas con restricciones “arbitrarias” a su libertad. “El indulto es perdón, la amnistía es olvido”, explicó, destacando que esta figura jurídica podría aplicar también a procesos judiciales en curso, no solo a condenas ya impuestas.
Himiob recordó que en 2016, durante un intento previo de amnistía promovido por la oposición, el gobierno de Maduro bloqueó la iniciativa en la Asamblea Nacional. “Esta vez, el contexto es distinto: Maduro está detenido y el país enfrenta una presión internacional sin precedentes”, analizó.
Mientras tanto, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Venezuela a garantizar que la amnistía no deje impunes “graves violaciones”. En un comunicado, Türk recordó que, según su oficina, al menos 240 presos políticos siguen bajo arresto domiciliario o con medidas cautelares.
Consulta nacional y reformas judiciales
Rodríguez también convocó a una “gran consulta nacional” para diseñar un “nuevo sistema de justicia”, tarea que recaerá en la Comisión de la Revolución por la Justicia, liderada por el controvertido ministro del Interior, Diosdado Cabello. Este último ha sido sancionado por EE.UU. y la UE por su presunto involucramiento en narcotráfico y corrupción.
La consulta, según la mandataria, buscará la “colaboración de todos los poderes del Estado”. Sin embargo, analistas como Feliciano Reyna, presidente de la ONG Acción Solidaria, cuestionan su transparencia: “¿Cómo garantizarán participación real en un país sin libertades democráticas?”.
El anuncio llega en un momento crítico: Venezuela enfrenta una inflación del 360% (según el FMI) y una migración masiva que supera los 7 millones de personas desde 2015. ¿Podrá una amnistía política frenar el éxodo o es solo un parche ante la crisis?
El Helicoide: de ícono arquitectónico a símbolo de represión (y su futuro incierto)
La reconversión de El Helicoide —anunciada como un gesto de reconciliación— oculta una historia de 64 años marcada por el contraste entre su diseño vanguardista y su uso como centro de tortura. Inaugurado en 1956 como el primer centro comercial de Latinoamérica con helipuerto integrado (de ahí su nombre), el edificio fue obra del arquitecto Pedro Neubert y el ingeniero Dirk Bornhorst, quienes lo concibieron como un símbolo de modernidad para Caracas. Sin embargo, su destino cambió radicalmente en 2014, cuando el gobierno de Nicolás Maduro lo entregó al SEBIN para convertirlo en la prisión política más notoria del país.
Según el informe «Venezuela: Crímenes de lesa humanidad» de la Misión Internacional Independiente de la ONU (2020), El Helicoide albergó a más de 1.200 detidos políticos entre 2014 y 2019, con métodos como aislamiento prolongado en celdas de 2×3 metros (apodadas *«la tumba»*) y torturas con descargas eléctricas en genitales, documentadas en 47 casos por la organización Justicia, Encuentro y Perdón. Uno de los presos más conocidos fue el diputado Juan Requesens (detido en 2018), quien denunció haber sido drogado y obligado a firmar confesiones falsas bajo amenaza de violación a su hermana. El edificio, ironicamente, fue declarado Monumento Nacional en 1994 por su valor arquitectónico, pero hoy su estructura está deteriorada en un 70%, según un estudio de la Universidad Central de Venezuela (2023).
El plan de convertirlo en un «espacio cultural» choca con dos realidades:
- Evidencias sin preservar: Organizaciones como Proof of Life han solicitado a la Corte Penal Internacional que declare el lugar como «escena del crimen» antes de cualquier reforma, pues aún quedan huellas de sangre en celdas del sótano 2 (según peritajes de 2021).
- Costos ocultos: La remodelación requeriría $120 millones, según estimaciones del Colegio de Ingenieros de Venezuela, pero el gobierno no ha detallado el origen de los fondos en medio de una crisis fiscal.
- Precedentes fallidos: En 2017, el gobierno intentó convertir la Cárcel de Yare (otro centro de detención política) en una «ciudadela socialista», pero el proyecto colapsó por corrupción en las licitaciones (denunciado por Transparencia Venezuela).
¿Un lavado de imagen o un punto de no retorno?
La decisión llega cuando la Fiscalía de la CPI analiza 4.000 páginas de pruebas sobre crímenes en El Helicoide, recolectadas desde 2018. Si el edificio es alterado antes de una posible inspección internacional, podría invalida pruebas clave, advierte el abogado Tamara Sujú, directora del Casla Institute. Mientras, en redes sociales, el hashtag #ElHelicoideNoSeBorra —usado por víctimas— ha acumulado 230.000 menciones en 48 horas. La pregunta no es si el espacio se transformará, sino qué se ocultará en el proceso.