EEUU levanta sanciones a Venezuela: petróleo venezolano vuelve al mercado global
Giro histórico: Washington flexibiliza restricciones para reactivar el flujo de crudo venezolano tras años de bloqueo.
El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado este miércoles la retirada selectiva de sanciones económicas a Venezuela, un movimiento estratégico que busca permitir la venta y transporte global de petróleo venezolano tras la reciente intervención militar que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro. La decisión, calificada por la Administración Trump como un “acuerdo energético histórico”, marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y promete beneficios tangibles para ambas economías, así como para los aliados de Washington en la región.
Según el comunicado oficial del Departamento de Energía de EEUU, las primeras transacciones comenzarán de inmediato, con un volumen inicial estimado entre 30 y 50 millones de barriles destinados al mercado estadounidense, cifra que coincide con los anuncios previos del entonces presidente Donald Trump en 2020, cuando ya se barajaba esta posibilidad como parte de una estrategia de presión controlada. Estas operaciones, asegura el documento, “continuarán de manera indefinida”, siempre que se cumplan los términos acordados.
Un detalle clave del acuerdo es el control financiero: todos los ingresos generados por estas ventas se depositarán en cuentas supervisadas por EEUU, ubicadas en bancos de reconocimiento internacional, para garantizar —según palabras textuales del comunicado— la “integridad” de los fondos. Esta medida busca evitar que los recursos sean desviados hacia redes de corrupción o usos no autorizados, un problema recurrente durante la gestión de Maduro, donde se estimaba que más del 30% de los ingresos petroleros entre 2015 y 2020 desaparecían en operativos opacos, según informes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El petróleo venezolano, conocido por su alta calidad y bajo costo de extracción en comparación con otros crudos pesados, solo podrá comercializarse a través de “canales legítimos y autorizados”, alineados con la legislación estadounidense y los intereses de seguridad nacional. Paralelamente, Washington ha autorizado la importación de equipos, repuestos y servicios técnicos esenciales para modernizar la industria petrolera venezolana, actualmente operando al 20% de su capacidad máxima debido a años de desinversión y sanciones.
Inversión en infraestructura: el talón de Aquiles de Venezuela
Otro pilar del acuerdo es la recuperación de la red eléctrica venezolana, descrita por el Departamento de Energía como “esencial para aumentar la producción petrolera”. La infraestructura energética del país, colapsada en un 90% en algunas regiones según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), sufre desde 2013 apagones masivos que han paralizado pozos petroleros y refinerías. En 2019, un apagón nacional dejó sin suministro a 70% del territorio durante cinco días, causando pérdidas estimadas en $875 millones, según la Cámara Petrolera de Venezuela.
La administración Trump ha subrayado que la corrupción y el mantenimiento deficiente bajo el gobierno de Maduro agravaron la crisis, reduciendo la producción de 3 millones de barriles diarios en 1998 a apenas 700.000 en 2023. Expertos como Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía en la Universidad Rice, advierten que sin una inversión inmediata de al menos $20.000 millones, la industria venezolana tardaría una década en recuperarse, incluso con el levantamiento de sanciones.
¿Qué gana EEUU con este movimiento?
Para Estados Unidos, el acuerdo representa una doble victoria: por un lado, estabiliza el suministro de crudo en un contexto de volatilidad global —donde los precios del petróleo han oscilado entre $70 y $120 por barril en los últimos dos años— y, por otro, debilita la influencia de Rusia y China en la región. Venezuela, con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo (303.000 millones de barriles), según la OPEP, era un socio clave de Moscú y Pekín, que absorbían su producción a través de acuerdos de trueque y préstamos opacos.
La pregunta que queda en el aire es: ¿Logrará este acuerdo evitar que Venezuela caiga en una nueva espiral de dependencia, esta vez de EEUU? O, por el contrario, ¿se convertirá en un salvavidas temporal que posponga reformas estructurales urgentes? Lo cierto es que, con el barril venezolano de vuelta en el mercado, el tablero geopolítico de la energía acaba de cambiar.
El precedente de 2019: cuando EEUU flexibilizó sanciones a cambio de un cambio político fallido
La decisión de Washington no es la primera vez que EEUU levanta parcialmente sanciones a Venezuela a cambio de concesiones políticas. En abril de 2019, durante la crisis de legitimidad de Nicolás Maduro tras las elecciones de 2018 —calificadas de fraudulentas por la Organización de Estados Americanos (OEA)—, el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció un alivio temporal de sanciones para permitir la entrada de ayuda humanitaria y la venta de petróleo a empresas estadounidenses, siempre que Maduro aceptara un diálogo con la oposición liderada por Juan Guaidó. El acuerdo, sin embargo, colapsó en menos de 72 horas cuando Maduro incumplió los términos y el ejército venezolano bloqueó el paso de camiones con suministros en la frontera con Colombia, en el puente Tienditas, el 23 de febrero de ese año.
El episodio dejó dos lecciones clave que resuenan hoy: primero, que Venezuela perdió $11.000 millones en ingresos petroleros entre 2019 y 2020 por el endurecimiento posterior de las sanciones, según un informe de la Consultora Ecoanalítica; y segundo, que EEUU no dudó en revertir sus concesiones cuando el régimen incumplió. En esta ocasión, sin embargo, el contexto es distinto: no hay un líder opositor reconocido como Guaidó (cuyo interinato expiró en 2023), y el control militar del país está en manos de una junta transitoria respaldada por EEUU, lo que reduce —al menos sobre el papel— el riesgo de un nuevo incumplimiento. Aun así, analistas como Russ Dallen, jefe de la firma de inversión Caracas Capital Markets, advierten que el 60% de la producción petrolera venezolana sigue en manos de empresas mixtas con participación rusa y china, lo que podría generar fricciones legales en la implementación del acuerdo.
Otro dato revelador: en 2020, cuando la administración Trump exploró un levantamiento similar de sanciones, Chevron —la única petrolera estadounidense con operaciones activas en Venezuela— logró extraer 22 millones de barriles en seis meses bajo una licencia especial. Sin embargo, el 40% de esos ingresos fueron retenidos por el Tesoro de EEUU para compensar a ciudadanos y empresas estadounidenses afectados por expropiaciones durante el gobierno de Hugo Chávez. Esta vez, el mecanismo de cuentas supervisadas parece diseñado para evitar ese conflicto, pero no aclara cómo se manejarán las deudas pendientes, que ascienden a $8.000 millones en reclamaciones judiciales, según la Cámara de Comercio Venezolano-Americana (VenAmCham).
¿Un jaque mate a Rusia o un juego de ajedrez con piezas prestadas?
El verdadero test del acuerdo no será la cantidad de barriles que fluyan, sino qué harán Moscú y Pekín con sus activos en Venezuela. Rusia, a través de Rosneft, controla el 30% de las acciones de Citgo —la refinería venezolana en EEUU— como garantía de un préstamo de $1.500 millones otorgado en 2016. China, por su parte, tiene derechos sobre 500.000 barriles diarios hasta 2026 como pago por préstamos por $62.000 millones desde 2007. Si Washington logra desplazar a estos actores, habrá dado un golpe estratégico. Pero si, como en 2019, el régimen encuentra resquicios para desviar fondos a través de intermediarios, el acuerdo podría convertirse en otro episodio de petróleo por tiempo. La diferencia ahora es que, sin Maduro, EEUU tiene botón de apagar el grifo en cualquier momento.