EEUU toma el control: pagará servicios clave de Venezuela con fondos del petróleo
Giro histórico: Washington administrará recursos venezolanos para evitar el colapso de servicios básicos como policía y recolección de basura.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este martes que su gobierno gestionará —a través de los ingresos por ventas de petróleo venezolano— el financiamiento de servicios públicos esenciales que el régimen de Nicolás Maduro no puede cubrir. Entre ellos destacan la Policía Nacional, los sistemas de recolección de basura y otros rubros críticos para la población, según declaró en su primera comparecencia ante el Congreso tras la reciente operación militar en Caracas que terminó con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores.
“Parte de lo recaudado se destinará a financiar una auditoría independiente para garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente en estos fines“, precisó Rubio. Este mecanismo, descrito como una solución de corto plazo, obligará a las autoridades venezolanas a presentar presupuestos mensuales detallados que justifiquen cada gasto. “Es un proceso que hemos diseñado para satisfacer las necesidades urgentes del pueblo venezolano“, añadió, agradeciendo la “cooperación” de las nuevas autoridades en Caracas.
De las amenazas a la diplomacia: el cambio de estrategia de EEUU
El tono de Rubio contrastó con sus declaraciones previas, cuando advirtió sobre una posible intervención militar si Venezuela no cedía a las demandas de Washington. Ahora, destacó que las “honestas, respetuosas, pero muy directas” conversaciones con el Gobierno interino han evitado un escenario más violento. Este viraje diplomático llega tras cinco años de relaciones rotas: desde 2019, cuando EEUU cerró su embajada en Caracas y retiró a su personal, las tensiones escalaron con sanciones económicas y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo.
El funcionario también reveló que “muy pronto” se restablecerá la presencia diplomática estadounidense en Venezuela. Fuentes en Washington confirmaron que la CIA ya opera en el terreno para establecer los primeros contactos oficiales. La encargada de liderar esta misión será Laura Dogu, exembajadora en Honduras y Nicaragua, quien asumirá el cargo desde Bogotá antes de trasladarse definitivamente a Caracas. “Creemos que podremos abrir una oficina en el terreno en las próximas semanas, lo que nos permitirá tener información en tiempo real e interactuar directamente“, afirmó Rubio.
Un equipo técnico ya evalúa el estado de las instalaciones de la antigua embajada, clausurada desde 2019 tras la ruptura de relaciones. Según datos del Departamento de Estado, el complejo diplomático en Caracas requiere reparaciones por valor de US$12 millones, incluyendo sistemas de seguridad y comunicaciones dañados durante los años de abandono.
Petróleo por servicios: ¿un modelo sostenible?
El plan de EEUU se basa en redirigir los ingresos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuya producción cayó un 70% desde 2013 (de 3 millones a menos de 1 millón de barriles diarios en 2024). Aunque Rubio no detalló el monto exacto, fuentes cercanas al proceso estiman que se manejarán entre US$500 millones y US$800 millones anuales, provenientes de las ventas de crudo a mercados autorizados como India y Europa.
El mecanismo recuerda al Fondo Humanitario para Venezuela, creado en 2019 bajo la administración Trump, que administró US$348 millones en ayudas sin pasar por el gobierno de Maduro. Sin embargo, esta vez el control será más directo: EEUU supervisará cada desembolso, con auditorías mensuales de empresas privadas como Deloitte y KPMG, según filtró el diario The Wall Street Journal.
¿Logrará este esquema evitar el colapso total de los servicios públicos en un país donde el 96% de la población vive en pobreza (según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2023)? La respuesta dependerá de dos factores clave: la transparencia en el uso de los fondos y la capacidad de las nuevas autoridades para implementar los presupuestos sin corrupción. El riesgo de desvío de recursos persiste: en 2022, un informe de la ONU denunció que el 40% de la ayuda humanitaria destinada a Venezuela nunca llegó a su destino.
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El precedente que EEUU no quiere repetir: el caso de Irak y los fondos del petróleo
La decisión de Washington de administrar directamente los ingresos petroleros venezolanos evoca un esquema similar implementado en Irak tras la invasión de 2003, cuando EEUU creó el Fondo para el Desarrollo de Irak (DFI) para gestionar los recursos del crudo iraquí. Sin embargo, aquel modelo —que manejó más de US$23.000 millones entre 2003 y 2011— terminó salpicado por escándalos de corrupción y desvío de fondos. Según un informe de la Oficina del Inspector General para la Reconstrucción de Irak (SIGIR), al menos US$8.800 millones (38% del total) desaparecieron sin rastro, mientras que proyectos críticos como la reconstrucción de hospitales y escuelas quedaron paralizados por sobrecostos del 400% en algunos contratos.
El paralelo no es casual: en ambos casos, EEUU asumió el control de los ingresos petroleros de un país con instituciones debilitadas, argumentando la necesidad de evitar el colapso humanitario. Pero en Irak, la falta de transparencia y la dependencia de contratistas privados —como Halliburton, vinculada al entonces vicepresidente Dick Cheney— generaron un sistema opaco donde, por ejemplo, se pagaron US$160 millones por una planta de oxígeno que nunca funcionó. Venezuela enfrenta riesgos similares: según Transparencia Internacional, el país ocupa el puesto 177 de 180 en percepción de corrupción (2023), y su burocracia heredada del chavismo mantiene redes clientelares en sectores clave como PDVSA.
Otro punto crítico es la sostenibilidad a largo plazo. En Irak, el DFI se disolvió en 2011 dejando un vacío institucional que contribuyó a la crisis posterior. En Venezuela, donde la producción petrolera sigue en caída libre (642.000 barriles diarios en abril 2024, según la OPEP), los US$800 millones anuales estimados por Rubio podrían cubrir apenas el 12% del presupuesto necesario para servicios básicos, según cálculos de la Asamblea Nacional de 2023. La diferencia debería saldarse con ayuda internacional o créditos, pero la experiencia iraquí muestra que los donantes reducen su aportes cuando perciben falta de control: entre 2005 y 2007, las contribuciones al DFI cayeron un 60%.
¿Podrá Venezuela evitar el error iraquí?
La clave estará en dos elementos que faltaron en Irak: auditorías en tiempo real (no trimestrales, como entonces) y la participación de actores locales verificables. Rubio mencionó a Deloitte y KPMG, pero su reputación está en entredicho tras escándalos como el de Wirecard (2020), donde KPMG fue acusada de no detectar un fraude de US$2.100 millones. Si EEUU repite el modelo iraquí —subcontratando la supervisión a firmas con conflictos de interés—, el resultado podría ser otro elefante blanco financiero. La primera señal llegará en 90 días, cuando venza el plazo para presentar el primer presupuesto auditado. Si para entonces no hay informes públicos detallados, el esquema habrá reproducido el primer error de Irak: la opacidad.