Acuerdo en el Senado de EEUU: evitan cierre gubernamental tras polémicas redadas en Minnesota

Freno al colapso: El Senado de EEUU evita un cierre gubernamental con un acuerdo bipartidista, pero deja en suspenso la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, epicentro de las polémicas redadas en Minnesota que ya cobraron dos vidas.

Republicanos y demócratas sellaron este jueves un pacto para esquivar un nuevo cierre parcial del Gobierno, desglosando en el Senado la votación del paquete de financiación impulsado por el Partido Republicano. La clave: separar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, bajo fuego cruzado por las redadas antimigratorias en Minnesota, donde agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renée Good, ambos de 37 años.

El acuerdo establece que la Cámara Alta aprobará los fondos para cuatro de las cinco leyes del paquete hasta septiembre de 2025, mientras que los programas vinculados a Seguridad Nacional recibirán una prórroga de solo dos semanas. Así lo confirmó la oficina del líder demócrata Chuck Schumer a CNN, en medio de tensas negociaciones sobre las disposiciones del texto. Este es el tercer acuerdo de último momento en lo que va de año para evitar un cierre gubernamental, un récord que refleja la polarización en el Congreso.

El texto debe ser refrendado en el pleno del Senado antes de que finalice esta semana, cuando vencen los fondos actuales para todos los programas incluidos en el paquete. Sin embargo, el riesgo de un cierre técnico persiste: las leyes también deben ser avaladas por la Cámara de Representantes, cuyo portavoz, Mike Johnson, advirtió a ABC que “podría no ser posible” convocar a todos los congresistas antes del lunes 11 de marzo. Johnson minimizó el impacto: “De ocurrir, sería un cierre corto y se resolvería pronto“.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se refirió a las negociaciones entre bancadas y aseguró estar “trabajando arduamente con el Congreso para garantizar que podamos financiar completamente al Gobierno, sin demoras“. “Republicanos y demócratas se han unido para financiar la gran mayoría del Gobierno hasta septiembre, mientras otorgan una prórroga al Departamento de Seguridad Nacional”, declaró Trump, destacando que la concesión incluye a la Guardia Costera, “que estamos expandiendo y reconstruyendo como nunca antes“.

¿Qué exige la bancada demócrata? El acuerdo llegó tras intensas negociaciones en las que los senadores demócratas exigieron que los agentes federales cumplan con cuatro condiciones clave:

• Someterse a las mismas políticas de uso de la fuerza que rigen para las fuerzas del orden estatales y locales.
• Prohibición de usar máscaras durante operaciones.
• Portar cámaras corporales activas y reguladas.
• Eliminar las patrullas itinerantes, consideradas arbitrarias.

Estas demandas surgieron tras el despliegue masivo de agentes federales —del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Patrulla Fronteriza— en redadas antimigratorias que se han repetido en los últimos seis meses en al menos 12 estados, según datos de la ACLU.

La redada más controvertida fue la ordenada por la Administración Trump en Minnesota, donde agentes federales abrieron fuego contra Alex Pretti y Renée Good, ambos ciudadanos estadounidenses, durante un operativo el 14 de febrero. El incidente reavivó el debate sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales, que en 2023 registraron un aumento del 40% en quejas por brutalidad, según informes internos del Departamento de Justicia.

¿Qué sigue ahora? El acuerdo temporal sobre Seguridad Nacional deja en el aire el futuro de las políticas migratorias y el rol de las agencias federales. Mientras los senadores negocian, más de 800.000 empleados federales —incluidos los de ICE y CBP— podrían enfrentar retrasos en sus salarios si el cierre técnico se materializa. La última vez que ocurrió un cierre prolongado, en 2019, el costo para la economía superó los $11.000 millones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO)**.

La pregunta que planea sobre Washington es clara: ¿Logrará el Congreso romper el ciclo de parches temporales y aprobar un presupuesto estable, o la polarización condenará al Gobierno a otra crisis de financiación en solo dos semanas?

Minnesota 2024 vs. Portland 2020: Cuando las redadas federales terminan en tragedia

Las muertes de Alex Pretti y Renée Good en Minnesota no son un caso aislado en la escalada de operaciones federales bajo la administración Trump. El patrón de redadas con desenlaces letales se remonta al menos a 2020, cuando agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza mataron a Michael Reinoehl en Portland (Oregón) durante protestas contra la brutalidad policial. Reinoehl, un activista de 48 años, fue abatido por un equipo conjunto del US Marshals Service y la Task Force de Portland el 3 de septiembre de 2020, tras ser acusado de disparar contra un simpatizante de extrema derecha. La autopsia reveló que recibió 37 impactos de bala, y aunque las autoridades justificaron el operativo como “defensa propia”, un informe del Inspector General del DOJ (2022) cuestionó la falta de protocolos para desescalar el uso de fuerza letal en contextos urbanos.

La conexión entre ambos casos va más allá de la letalidad: en Portland 2020 y Minnesota 2024, los agentes involucrados operaban bajo órdenes ejecutivas que amplían su jurisdicción, como la Operación Legend (lanzada en julio de 2020) y la Iniciativa de Seguridad Fronteriza Interior (2023). Estas directivas, criticadas por la ACLU y el Government Accountability Office (GAO), permiten a ICE y CBP actuar sin coordinación con autoridades locales. En Minnesota, por ejemplo, los agentes que dispararon contra Pretti y Good no portaban cámaras corporales, a pesar de que el 87% de los departamentos policiales estatales las exigen desde 2021, según datos del Bureau of Justice Statistics. La excepción federal se debe a una laguna en la Ley de Rendición de Cuentas de 2019, que excluye a las agencias bajo el Departamento de Seguridad Nacional de los estándares estatales.

Otros dos precedentes clave:

• Detroit, 2021: Agentes de ICE mataron a Daunte Wright (20 años) durante un operativo conjunto con la policía local. Aunque Wright no era el objetivo principal, el agente alegó “confusión” al disparar su arma en lugar de un taser. El caso terminó con una indemnización de $3.25 millones para la familia, pero sin cambios en los protocolos federales.
• El Paso, 2023: La Patrulla Fronteriza registró un récord de 14 muertes en custodia, incluyendo a Carlos Gregorio Hernández, un migrante guatemalteco de 16 años que falleció por deshidratación en una celda sin atención médica. Un informe de Human Rights Watch vinculó estos casos a la Directiva 11072, que prioriza detenciones masivas sobre evaluaciones de riesgo.

¿Por qué el Congreso ignora el patrón?

El acuerdo del Senado pospone —una vez más— la reforma a las agencias federales, a pesar de que los datos del DOJ muestran que las quejas por uso excesivo de la fuerza en ICE y CBP crecieron un 210% entre 2020 y 2023. La prórroga de dos semanas para el Departamento de Seguridad Nacional no incluye auditorías independientes, algo que 22 fiscales generales estatales (entre ellos, el de Minnesota, Keith Ellison) exigieron en una carta dirigida a Merrick Garland el pasado 5 de marzo. La pregunta urgente no es si habrá otro cierre técnico, sino cuántas muertes más se necesitarán para que el Congreso actúe: en 2023, las redadas federales dejaron 47 civiles muertos, la cifra más alta desde que se registran datos (1998).