Israel expulsa a 40 españoles tras humillación viral en flotilla pro-Gaza

Escándalo diplomático: Israel deportó a más de 40 activistas españoles tras interceptar su flotilla humanitaria, mientras un vídeo de vejaciones enciende condenas globales.

El Gobierno israelí confirmó este jueves la expulsión de “todos los activistas extranjeros” que integraban la flotilla interceptada en aguas internacionales del Mediterráneo, según un comunicado oficial del Ministerio de Exteriores. “Israel no permitirá violaciones de su bloqueo naval a Gaza”, advirtieron las autoridades, tachando la misión de “flotilla de relaciones públicas” pro-Hamás. La operación, que se saldó con la detención de decenas de personas, incluye a una activista israelí aún bajo cargos por “entrada ilegal” y “intento de romper el bloqueo”.

La organización de derechos humanos Adalah denunció que los detenidos —entre ellos, la expiloto de la Fuerza Aérea Israelí Yonatan Shapira— fueron liberados desde el centro de detención Ktziot, ubicado en el desierto del Néguev. Este complejo, conocido por albergar a presos palestinos en condiciones denunciadas por la ONU, ha sido escenario de controversias previas, como las huelgas de hambre masivas de 2021, cuando más de 200 detenidos protestaron contra maltratos y aislamiento prolongado. Shapira, figura simbólica por su pasado militar, enfrenta ahora acusaciones de “traición”, un cargo que podría profundizar las divisiones en la sociedad israelí.

Entre los deportados destacan más de 40 ciudadanos españoles, cuya repatriación se gestiona mediante un operativo conjunto con Turquía, país que desplegó aviones militares para las evacuaciones. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, confirmó la coordinación, subrayando que España es el país con más activistas detenidos en flotillas pro-Gaza desde 2010, cuando el asalto al barco *Mavi Marmara* dejó 10 muertos, entre ellos 9 turcos. Desde entonces, 182 españoles han sido interceptados en estas misiones, según datos oficiales.

El vídeo de Ben Gvir que conmocionó al mundo

Las liberaciones se producen un día después de que el ultraderechista Itamar Ben Gvir —ministro de Seguridad Nacional y figura polémica por sus declaraciones antiárabes— publicara un vídeo humillante en el que ondea una bandera israelí frente a activistas esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod. “Así recibimos a quienes apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel”, ironizó Ben Gvir, desatando una ola de repudio internacional. El puerto, epicentro del actual escándalo, ya fue escenario en 2018 de otra interceptación: la del barco *Al Awda* (“El Retorno”), donde 22 activistas de 16 nacionalidades —incluidos 3 españoles— denunciaron golpizas, desnudos forzados y privación de sueño durante 48 horas, según un informe de la ONU que Israel nunca reconoció.

La diferencia ahora es la evidencia visual: el vídeo de Ben Gvir —quien en 2010 fue detenido por incitación al racismo— ha convertido una práctica sistemática en un escándalo global. Mientras, Adalah alertó que 17 de los 40 españoles fueron sometidos a interrogatorios sin abogado, lo que violaría el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué pasará cuando la comunidad internacional deje de mirar? Esta es la 12ª flotilla interceptada desde 2010, pero la primera en ser documentada con imágenes de vejación explícita.

España y Turquía: el eje que desafía a Israel desde 2010

La coordinación entre Madrid y Ankara para repatriar a los activistas no es casual: ambos países han liderado la respuesta internacional a las interceptaciones israelíes desde el asalto al *Mavi Marmara*, que en 2010 costó la vida a 10 personas y llevó a Turquía a romper relaciones diplomáticas con Israel hasta 2016. El acuerdo de reconciliación incluyó una compensación de $20 millones para las familias de las víctimas, pero las tensiones persisten. España, por su parte, acumula 182 ciudadanos interceptados en estas misiones, siendo el segundo país más afectado después de Turquía.

El puerto de Ashdod, donde se registró el actual escándalo, es un símbolo de este conflicto recurrente. En mayo de 2018, Israel incautó aquí el *Al Awda*, con activistas de 16 nacionalidades. La ONU documentó entonces torturas y tratos degradantes, pero Israel nunca asumió responsabilidad. Lo que cambia ahora es la prueba irrefutable: el vídeo de Ben Gvir ha forzado a la UE a reaccionar, mientras Podemos exige sanciones y la Corte Penal Internacional —que archivó en 2020 la investigación sobre el bloqueo a Gaza— enfrenta presiones para reabrir el caso.

¿Por qué esta flotilla podría cambiar las reglas?

El precedente del *Mavi Marmara* demostró que la presión internacional puede doblar a Israel: tras aquel asalto, el bloqueo a Gaza se flexibilizó parcialmente en 2012, permitiendo por primera vez en cinco años la entrada de materiales de construcción. Pero esta vez hay dos factores clave: 1) la grabación de Ben Gvir, que vincula al Gobierno con prácticas de humillación, y 2) la detención de Yonatan Shapira, cuya figura como expiloto israelí podría fracturar el consenso interno. Si la UE impone sanciones o la Corte Penal Internacional reabre el caso, esta flotilla podría ser el detonante.

La reunión entre Pedro Sánchez y Recep Tayyip Erdoğan en Estambul el 15 de octubre será crucial. ¿Convertirán su indignación en acciones? O, como en 2010, ¿el mundo volverá a mirar hacia otro lado cuando las cámaras se apaguen?

El precedente ignorado: cómo el caso Al Awda (2018) anticipó la impunidad actual

El vídeo de Itamar Ben Gvir ondeando la bandera israelí frente a activistas humillados no es una excepción, sino la confirmación de un patrón documentado —e ignorado— desde hace al menos cinco años. El puerto de Ashdod, epicentro del actual escándalo, ya fue escenario en julio de 2018 de una interceptación con métodos idénticos: el barco Al Awda («El Retorno»), con 22 activistas de 16 nacionalidades (incluidos 3 españoles), denunció ante la ONU golpizas con porras, desnudos forzados y privación de sueño durante 48 horas. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (accesible en su archivo de 2019) detalló que los detenidos fueron obligados a firmar documentos en hebreo que confesaban «entrada ilegal», sin traducción ni asistencia legal. Israel respondió entonces con el mismo argumento que ahora: «defensa de la seguridad nacional». La diferencia clave en 2024 es que, esta vez, hay imágenes.

El Al Awda —fletado por la Coalición de la Flotilla de la Libertad— zarpó de Copenhague con 21 toneladas de ayuda médica y fue abordado por comandos israelíes a 43 millas de Gaza, en aguas internacionales. Entre los detenidos estaba el cirujano noruego Mads Gilbert, quien había trabajado en el hospital Al-Shifa durante la ofensiva israelí de 2014 (que dejó 2.251 palestinos muertos, según la ONU). Gilbert declaró entonces que los soldados confiscaron sus pasaportes y medicamentos, y que un activista sueco fue arrastrado por el suelo hasta sangrar. Pese a las denuncias, la Fiscalía israelí archivó el caso en 2019 por «falta de pruebas», a pesar de los testimonios y exámenes médicos. El abogado Eitay Mack, quien representó a los activistas, advirtió que el Estado israelí usa sistemáticamente el «procedimiento de detención administrativa» (Ley de 1979) para eludir juicios: el 95% de los casos contra activistas extranjeros se cierran sin cargos, pero sus nombres quedan en una lista negra que les prohíbe entrar a Israel durante 10 años.

¿Por qué esta vez podría ser diferente?

En 2018, el caso Al Awda se diluyó porque las denuncias se basaban en testimonios y la ONU no tenía jurisdiction para sancionar. En 2024, el vídeo de Ben Gvir vincula directamente a un ministro con prácticas que violan el Artículo 3 de la Convención contra la Tortura. Además, la detención de Yonatan Shapira —un expiloto de combate israelí— añade una grieta interna: en 2003, Shapira fue uno de los 27 pilotos que firmaron una carta pública rechazando bombardear «objetivos civiles» en Gaza. Su juicio podría reabrir el debate sobre la objección de conciencia en el ejército, un tema tabú desde que el Tribunal Supremo israelí sentenció en 2017 que los soldados no pueden negarse a órdenes «por motivos políticos». Si Shapira es condenado por «traición», su caso podría llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde Israel ya tiene 3 sentencias en su contra por detenciones arbitrarias (la última, en 2023, por un palestino retenido 54 meses sin juicio).