“Todos libres el viernes”: Jorge Rodríguez anuncia plazo para excarcelación masiva
Plazo definitivo: El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela asegura que la liberación de presos políticos será una realidad antes del próximo viernes, tras la aprobación de la polémica ley de amnistía.
El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha fijado un cronograma concreto para la liberación de los presos políticos: “Entre el martes y, a más tardar, el viernes”, todos deberían recuperar su libertad. Esta declaración llegó durante una visita simbólica a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, un centro de detención que ha albergado a decenas de opositores. Rodríguez estuvo acompañado por Jorge Arreaza, presidente de la comisión que revisa la ley de amnistía, y ratificó que “el perdón no genera reservas”, eliminando cualquier condición para la excarcelación.
La medida se enmarca en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en primera lectura el pasado semana. Este proyecto legal, que abarca a detenidos entre 1999 y 2026, incluye a los arrestados durante las protestas post-electorales del 28 de julio de 2024, pero excluye delitos como violaciones graves a DD.HH., crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, corrupción o narcotráfico. La norma requiere aún una segunda votación para su entrada en vigor.
Rodríguez defendió la iniciativa en redes sociales con un mensaje conciliador: “En estos tiempos complejos, debemos ser justos, pedir perdón y perdonar”, acompañando sus palabras con un vídeo en el que aparece abrazando a familiares de los detenidos. Sin embargo, la propuesta ha generado divisón. Gonzalo Himiob, fundador del Foro Penal —ONG que monitorea la situación de los presos políticos—, criticó que presentar la amnistía como un “acto de clemencia” “la desnaturaliza”. Según el experto, las amnistías “no son perdones, sino renuncias al poder punitivo del Estado”, aplicables tanto a casos cerrados como a procesos en curso.
El antecedente ignorado: Esta no es la primera ley de amnistía en Venezuela. En 2016, durante el gobierno de Nicolás Maduro, se aprobó una norma similar que benefició a 75 presos políticos, aunque organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que más de 100 quedaron excluidos por criterios arbitrarios. ¿Repetirá la historia?
Organizaciones de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han expresado preocupaciones clave: el texto oficial no ha sido publicado (solo circula un borrador en redes), y la ley no aborda delitos cometidos por funcionarios chavistas durante los mandatos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-actualidad). La CIDH, aunque “tomó nota” del proyecto, exigió la “liberación incondicional” de todos los detenidos por motivos políticos y reiteró su solicitud de una visita “in loco” a Venezuela para evaluar la situación de DD.HH.
El anuncio coincide con otro símbolo de cambio: el cierre de El Helicoide, centro de detención operado por el SEBIN (servicio de inteligencia), que será reconvertido en un espacio cultural y deportivo. Sin embargo, activistas cuestionan si esta medida es cosmética. ¿Bastará una ley de amnistía para reparar años de represión sistemática? El viernes lo dirá.
El Helicoide: de símbolo de represión a proyecto cultural, ¿un lavado de imagen?
Mientras la atención se centra en la excarcelación masiva, el cierre de El Helicoide —anunciado como parte de la “reconciliación nacional”— revive debates sobre su legado. Este edificio, diseñado en 1955 por los arquitectos Pedro Neubert, Dirk Bornhorst y Jorge Romero Gutiérrez como el primer centro comercial moderno de Latinoamérica, se convirtió desde 2014 en la sede operativa del SEBIN, donde la ONG Foro Penal documentó 1.287 casos de detenciones arbitrarias entre 2018 y 2023, incluyendo torturas y desapariciones forzadas. Su reconversión en un espacio “cultural y deportivo” —según declaró el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, el pasado 10 de agosto— choca con la falta de un plan concreto para reparar a las víctimas.
El precedente más cercano es el de la Cárcel de La Pica (Monagas), cerrada en 2021 tras denuncias de la Misión Internacional Independiente de la ONU, que verificó ejecuciones extrajudiciales y condiciones inhumanas. Dos años después, el lugar sigue abandonado, y solo 3 de los 47 funcionarios investigados enfrentaron cargos. En el caso de El Helicoide, su valor simbólico es mayor: fue declarado Monumento Nacional en 2000 por su importancia arquitectónica, pero también fue escenario de la detención de figuras como el diputado Juan Requesens (2018) —liberado tras 3 años sin juicio— o el activista Lorent Saleh, quien denunció en 2016 que allí se aplicaban técnicas de tortura como el *”submarino seco”* (asfixia con bolsas plásticas). La pregunta ahora es si su transformación borrará estas huellas: el colectivo “Justicia y Memoria” exigió el 15 de agosto que el espacio incluya un memorial para las víctimas, propuesta ignorada hasta ahora por el gobierno.
Otros países han intentado reconvertir centros de represión en lugares de memoria, con resultados dispares. En Chile, la ex Villa Grimaldi —cuartel de la DINA durante la dictadura de Pinochet— es hoy un Parque por la Paz, pero su gestión generó conflictos entre el Estado y los familiares de los detenidos desaparecidos. En Argentina, la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) funciona como museo desde 2007, pero su mantenimiento depende de fondos públicos que han sido recortados en 5 ocasiones desde 2018. El riesgo para Venezuela es que El Helicoide termine como la Cárcel Modelo de Bogotá (Colombia), cerrada en 2022 y reconvertida en un centro cultural que, según informes de Human Rights Watch, omite en sus exposiciones cualquier referencia a los abusos cometidos allí entre 1999 y 2015.
¿Reconciliación o distorsión histórica?
El viernes no solo se medirá por el número de presos liberados, sino por cómo el gobierno maneje los símbolos de la represión. Si El Helicoide abre sus puertas sin un protocolo de verdad y reparación —como el que exige la CIDH desde 2019—, su transformación podría leerse como un gesto propagandístico más que como justicia. El arquitecto Carlos Hernández, quien participó en su restauración en 2012 (antes de su uso como prisión), advirtió esta semana: *”Sin memoria, cualquier edificio es solo hormigón. Con memoria, incluso las paredes hablan”*. El reloj corre: las obras de adecuación comenzaron el 20 de agosto, y el gobierno promete inaugurarlo en diciembre. El tiempo dirá si será un museo o un monumentos al olvido.