“Golpe de Estado en Venezuela: Delcy Rodríguez asume el poder tras detención de Maduro”
Crisis sin precedentes: El Tribunal Supremo de Venezuela ordena a Delcy Rodríguez tomar la presidencia tras la detención de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha dictaminado este sábado que la vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez debe asumir de inmediato la presidencia del país, tras declarar la “ausencia forzosa” del mandatario Nicolás Maduro, quien fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, durante un operativo militar ejecutado por fuerzas estadounidenses en la madrugada. La operación incluyó bombardeos en Caracas, así como en los estados de Aragua y La Guaira, según informes de prensa local.
La magistrada Tania D”Amelio, en una alocución transmitida por la cadena estatal, declaró: “Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación“.
El fallo del TSJ se sustenta en el artículo 335 de la Constitución venezolana (CRBV), que regula los mecanismos para asegurar la estabilidad del Estado ante situaciones excepcionales. Según el tribunal, la interpretación de este artículo —junto a los 234 y 239— justifica la medida, al tratarse de un escenario “público y notorio” que configura una “situación atípica y de fuerza mayor“, no prevista explícitamente en la Carta Magna. D”Amelio subrayó que el evento del 3 de enero de 2026 exige “certeza constitucional” para evitar un vacío de poder.
El comunicado oficial, difundido por medios como El Universal, insiste en que la designación de Rodríguez busca “eliminar cualquier incertidumbre jurídica” y preservar el orden institucional “en este momento trascendental” para Venezuela. La decisión llega horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara —tras la captura de Maduro— que su país “se hará cargo” del Gobierno venezolano “para facilitar una transición“.
Rodríguez, una figura clave en el chavismo, ha ocupado cargos estratégicos como canciller (2014-2017) y vicepresidenta desde 2018. Su gestión al frente de la diplomacia venezolana estuvo marcada por tensiones con Washington, incluyendo sanciones económicas y la ruptura de relaciones bilaterales en 2019. ¿Podrá mantener la cohesión interna del oficialismo en medio de una crisis sin precedentes?
El operativo militar estadounidense, que incluyó el despliegue de tropas y ataques aéreos, ha sido calificado por analistas como el primer caso de intervención directa en América Latina desde la Guerra Fría. Según fuentes del Pentágono citadas por The Washington Post, la operación contó con apoyo de disidentes dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, aunque el Gobierno de Maduro no había confirmado esta versión antes de su detención.
¿Qué sigue para Venezuela? La comunidad internacional observa con cautela: mientras países como Rusia y China han condenado la intervención, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha convocado una sesión de emergencia. ¿Reconocerán los actores globales a Rodríguez como presidenta interina, o se profundizará el aislamiento de Caracas?
El precedente de 2002: Cuando el TSJ avaló un vacío de poder en 48 horas
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de designar a Delcy Rodríguez como presidenta interina evoca un episodio clave en la historia reciente de Venezuela: el golpe de Estado de abril de 2002, cuando el mismo órgano judicial legitimó en menos de 48 horas la salida de Hugo Chávez y el ascenso de Pedro Carmona como presidente *de facto*. En aquel entonces, el TSJ —bajo presión de sectores militares y empresariales— declaró la “vacante absoluta del cargo” de Chávez, argumentando su “abandono del poder” tras ser detenido por oficiales rebeldes. El fallo, publicado el 12 de abril de 2002 en la Gaceta Oficial N° 37.419, citaba los artículos 233 y 236 de la Constitución de 1999 (los mismos que hoy se esgrimen para justificar el traslado de poder a Rodríguez).
Sin embargo, hay una diferencia crítica: en 2002, el TSJ actuó sin respaldo popular ni internacional, y Carmona —presidente de Fedecámaras— duró apenas 47 horas en el cargo antes de que Chávez recuperara el poder con apoyo militar y masivo. Hoy, el escenario es inverso: Delcy Rodríguez cuenta con el aval de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), que en un comunicado difundo a las 03:15 a.m. del 3 de enero ratificaron su “lealtad a las instituciones“. Además, el TSJ de 2026 está integrado por magistrados alineados con el chavismo desde 2015, cuando la Asamblea Nacional (controlada entonces por la oposición) fue despojada de sus facultades. Según datos de la ONG Acceso a la Justicia, el 87% de las sentencias políticas emitidas por el TSJ entre 2016 y 2025 favorecieron al oficialismo.
Otro paralelo inquietante es el papel de Estados Unidos. En 2002, documentos desclasificados por la CIA en 2016 revelaron que la agencia había mantenido contactos con oficiales golpistas semanas antes del derrocamiento de Chávez, aunque negó participación directa. Hoy, la operación que llevó a la detención de Maduro —ejecutada por el Comando Sur de EE.UU. con base en Doral, Florida— ha sido asumida públicamente por Donald Trump, quien en un tuit a las 05:47 a.m. escribió: “Venezuela es libre. El pueblo merece democracia y prosperidad“. La diferencia radica en que, a diferencia de 2002, esta vez no hay un líder opositor visible (como lo fue Carmona) que pueda capitalizar el vacío: la Plataforma Unitaria, principal coalición antichavista, lleva 18 meses fracturada tras la salida de Juan Guaidó a España en 2024.
¿Un guión repetido o un punto de no retorno?
El TSJ ha demostrado en el pasado que sus fallos son reversibles bajo presión callejera o militar (como ocurrió en 2002 y en el intento de reforma constitucional de 2017, cuando Maduro retrocedió tras protestas masivas). Pero esta vez, el factor decisivo no será la movilización interna, sino la reacción de Rusia y China, que ya han desplegado buques de guerra cerca de las costas venezolanas. Moscú —que en 2002 limitó su respuesta a un comunicado de “preocupación“— ahora tiene 2.500 millones de dólares en deuda venezolana pendiente (según el Banco Central de Rusia) y un contrato para explotar el Campo Petrolífero Junín-10, el segundo más grande del país. Si Pekín y el Kremlin deciden reconocer a Rodríguez, el escenario se complica: en 2019, cuando Guaidó se autoproclamó presidente, 32 países lo respaldaron, pero hoy —con una economía global en recesión y el precio del petróleo en 98 dólares por barril— las apuestas geopolíticas son otras.