Oposición vs. Gobierno: solo 76 excarcelados de “presos políticos” en Venezuela
Cifras en disputa: La oposición venezolana reduce a 76 las liberaciones de presos políticos, frente a los 116 anunciados por el Gobierno.
La Plataforma Unitaria Democrática, liderada por la opositora María Corina Machado, confirmó este martes que solo 76 “presos políticos” han sido excarcelados en Venezuela, una cifra que contrasta con los 116 reportados por las autoridades. La discrepancia se produce en medio de un proceso de liberaciones masivas iniciado hace cinco días, supuestamente para aliviar tensiones políticas, aunque Estados Unidos ha sugerido que responde a presiones por posibles sanciones.
En un mensaje difundido en redes sociales, la alianza opositora precisó: “Esta es la cifra actualizada de presos políticos liberados que tenemos confirmada”. Junto a la declaración, publicaron un listado con los nombres de los 76 excarcelados, exigiendo al Gobierno que “acelere las liberaciones para que cese el sufrimiento de los presos y sus familias”.
Machado cuestionó la versión oficial, asegurando que los 116 liberados anunciados por el Ejecutivo “no se corresponden con la realidad”. Además, recordó que, según su organización, más de 1.000 personas siguen detenidas por motivos políticos, una cifra que supera incluso el registro de la ONG Foro Penal, que reporta 781 casos. En 2023, Amnistía Internacional documentó 240 detenciones arbitrarias en el país, muchas vinculadas a protestas.
Liberaciones con condiciones abusivas
La líder opositora denunció que las excarcelaciones suelen ir acompañadas de “medidas cautelares abusivas”, como prohibiciones de salir del país o presentaciones periódicas ante tribunales. Quienes permanecen tras las rejas, añadió, enfrentan “violaciones sistemáticas a sus derechos humanos”, incluyendo torturas, aislamiento prolongado y negación de atención médica.
“Cada día de prisión cuenta. La vida y la salud de cientos de personas están en juego”, advirtió Machado, quien subrayó que “no puede haber libertad en Venezuela mientras haya un solo perseguido por razones políticas”. Su declaración coincide con informes de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que en 2022 alertó sobre el uso de la prisión preventiva como herramienta de represión, con casos que superan los 5 años sin juicio.
¿Un gesto político o una estrategia?
El proceso de excarcelaciones comenzó días después de que el Gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición reanudaran diálogos en México, mediados por Noruega. Sin embargo, analistas señalan que las liberaciones podrían ser una maniobra táctica para aliviar presiones internacionales, especialmente tras las amenazas de EE.UU. de imponer nuevas sanciones.
En 2019, un informe de la ONU documentó 66 casos de tortura a detenidos políticos en Venezuela, incluyendo descargas eléctricas y asfixia. Machado insistió en que cualquier transición democrática debe incluir la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos, así como el cese de la persecución.
Mientras el Gobierno celebra las liberaciones como un “gesto de buena voluntad”, la oposición y organizaciones de derechos humanos exigen transparencia: ¿Por qué las cifras no coinciden? ¿Cuántos siguen detenidos en condiciones inhumanas? La respuesta, advierten, definirá el futuro de un país donde la justicia sigue siendo un privilegio, no un derecho.
El precedente de 2018: cuando las excarcelaciones masivas escondieron una purga silenciosa
La discrepancia entre las cifras de liberados anunciadas por el Gobierno (116) y las verificadas por la oposición (76) no es nueva en Venezuela. En agosto de 2018, durante un proceso similar de excarcelaciones masivas, el entonces ministro de Interior, Néstor Reverol, anunció la liberación de 80 presos políticos, pero organizaciones como Foro Penal solo pudieron confirmar 39 casos. La diferencia, según documentos judiciales filtrados, se debió a que el Ejecutivo incluyó en su conteo a detenidos comunes liberados por amnistías paralelas, diluyendo así el impacto político del gesto.
Peor aún: en los 12 meses siguientes a esas liberaciones de 2018, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvo a 123 nuevos “presos políticos”, según un informe de Amnistía Internacional publicado en marzo de 2019. Entre ellos, 6 líderes estudiantiles que habían sido liberados meses antes y vueltos a arrestar bajo cargos de “incitación al odio”. El patrón sugiere que las excarcelaciones masivas en Venezuela suelen ser seguidas de olas de detenciones selectivas, especialmente contra figuras con capacidad de movilización social. El caso más emblemático fue el de Lorent Saleh, excarcelado en 2018 y detenido nuevamente en 2020 bajo acusaciones de “conspiración”, pese a no tener antecedentes penales.
Un dato clave: en 2017, antes de la primera ronda de liberaciones masivas, el Foro Penal registraba 432 presos políticos. Para 2021, tras tres procesos de excarcelaciones (2018, 2019 y 2020), la cifra había escalado a 1.012, según la misma fuente. Esto revela que, históricamente, las amnistías en Venezuela han servido como cortina de humo para reconfigurar el mapa de la represión: liberando perfiles de bajo impacto mediático mientras se recrudecen las detenciones contra líderes emergentes.
¿Una repetición del guión o un cambio de estrategia?
Si el patrón de 2018-2021 se repite, las 76 liberaciones confirmadas podrían ser el preludio de una nueva ola de arrestos, esta vez dirigida contra los coordinadores regionales de la campaña de María Corina Machado, cuya estructura territorial ha crecido un 40% en los últimos 6 meses, según datos internos de la Plataforma Unitaria. La pregunta no es si habrá más excarcelaciones, sino cuántas detenciones silenciosas las acompañarán. La Misión de Determinación de Hechos de la ONU, que en 2020 documentó 18 casos de desapariciones forzadas temporales vinculadas a liberaciones masivas, ya ha solicitado acceso a los registros judiciales de los últimos 76 excarcelados. Su respuesta podría desvelar si, otra vez, la “generosidad” del régimen esconde una purga selectiva.