Venezuela: 400 excarcelados vs. 56 confirmados — ¿Quién dice la verdad?
Cifras en disputa: El gobierno venezolano asegura haber liberado a más de 400 detenidos, pero el Foro Penal solo verifica 56. ¿Qué hay detrás de esta brecha?
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó este martes que el país ha excarcelado a más de 400 personas desde diciembre de 2024, una cifra que contrasta con los 56 liberados registrados por la ONG Foro Penal desde el 8 de enero. Rodríguez desestimó las denuncias de la oposición y las organizaciones de derechos humanos, calificando a los excarcelados no como “presos políticos”, sino como “personas que incumplieron la ley, promovieron violencia o solicitaron intervenciones militares extranjeras”.
El funcionario defendió que estas liberaciones buscan “fomentar la convivencia pacífica y la unión nacional”, y adelantó que el proceso continuará. Sin embargo, su discurso incluyó duras críticas al Foro Penal, al que tachó de “desprestigiado” y acusó de lucrar con las liberaciones. “Las personas registradas por ellos serán las que pagaron a la ONG”, declaró, sin aportar pruebas. Esta organización, fundada en 2001, lleva 23 años brindando asistencia legal gratuita a más de 15.000 víctimas de violaciones de DDHH, según su propio balance.
En respuesta, el Foro Penal negó rotundamente cobrar por sus servicios y reafirmó su cifra de 56 excarcelados. “Nuestro trabajo es verificar si las liberaciones corresponden a detenidos por motivos políticos”, precisaron, exigiendo al gobierno transparencia: “La opacidad genera angustia en las familias y obstaculiza la reconciliación nacional”. La ONG también cuestionó la falta de claridad sobre los criterios de selección y las identidades de los beneficiados, un vacío que, según advirtieron, “alimenta desconfianza”.
Este enfrentamiento por las cifras no es nuevo. En 2023, el gobierno venezolano anunció la liberación de 200 presos políticos, pero organizaciones como Amnistía Internacional solo pudieron confirmar 87 casos. La discrepancia, entonces como ahora, giró en torno a la definición de “preso político” y la falta de acceso a registros oficiales. Mientras el Ejecutivo insiste en que las excarcelaciones son un gesto de “buena voluntad”, las ONG exigen listados públicos y garantías jurídicas para evitar arbitrariedades.
¿Por qué importa? Venezuela ocupa el puesto 150 de 160 en el Índice de Estado de Derecho (2023), según el World Justice Project, con graves deficiencias en transparencia y derechos fundamentales. Cada excarcelación —o su falta de verificación— refleja una crisis más profunda: ¿Puede un país reconciliarse sin verdad ni justicia?
El patrón de las excarcelaciones: ¿Cómo operó el gobierno en casos como el de Raúl Baduel y Leopoldo López?
La disputa por las cifras de excarcelados no es un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia recurrente del gobierno venezolano: liberaciones selectivas con alto impacto mediático, pero sin transparencia procesal. Dos casos emblemáticos —el del general Raúl Baduel (2022) y el del líder opositor Leopoldo López (2020)— revelan cómo el Ejecutivo ha usado estas acciones para aliviar presiones internacionales, sin modificar el patrón de opacidad que ahora denuncia el Foro Penal.
En octubre de 2020, la liberación de Leopoldo López —tras seis años bajo arresto domiciliario— fue presentada como un “gesto humanitario” durante las negociaciones con la oposición en México. Sin embargo, su salida del país no incluyó la anulación de su condena de 13 años y 9 meses por “incitación a la violencia”, ni la de otros 110 presos políticos que, según la ONG Cofavic, seguían detenidos ese año bajo cargos similares. El gobierno nunca publicó el listado completo de beneficiados en ese proceso, y Amnistía Internacional documentó que al menos 23 liberados fueron obligados a firmar actos de “arrepentimiento público” como condición.
El caso del general Raúl Baduel —exministro de Defensa y crítico de Chávez— es aún más revelador. Tras 8 años en prisión (2009-2017) por “traición a la patria”, fue excarcelado en agosto de 2017 en medio de protestas masivas, pero sin acceso a su expediente judicial. Su liberación coincidió con la visita de una misión de la OEA, y el gobierno la promocionó como prueba de “apertura democrática”. Sin embargo, Baduel falleció en 2021 sin que se anulara su sentencia, y su familia denunció que las autoridades nunca entregaron copias de los fallos que lo condenaron. Este modus operandi —liberar sin rehabilitar ni transparentar— es el mismo que ahora cuestiona el Foro Penal.
Un informe de Human Rights Watch (2023) identificó que, entre 2018 y 2022, el 68% de las excarcelaciones anunciadas por el gobierno venezolano correspondieron a detenidos por “delitos comunes” reclasificados post hoc como “casos políticos” para inflar cifras. El 32% restante —unos 187 casos— sí cumplían criterios de persecución por disidencia, pero solo 43 recibieron indemnización o reparación legal. La ONG Provei añadió que, en 2021, al menos 12 liberados fueron rearrestados en menos de seis meses bajo nuevos cargos.
¿Liberaciones o cortina de humo? La prueba está en los próximos 30 días
El gobierno ha anunciado que las excarcelaciones continuarán, pero el precedente sugiere que sin listados públicos y sin anulación de sentencias, estas acciones son más un instrumento de propaganda que de justicia. La clave ahora está en dos fechas: el 15 de marzo, cuando el Alto Comisionado de la ONU para los DDHH presentará su informe anual sobre Venezuela, y el 28 de abril, límite para que el Tribunal Supremo responda a un recurso de Foro Penal exigiendo acceso a los expedientes de los supuestos 400 liberados. Si para entonces no hay transparencia, la brecha entre las cifras no será solo numérica, sino la evidencia de que la reconciliación anunciada es, otra vez, un espejismo.