España impulsa amnistía en Venezuela: ¿un giro histórico tras 25 años de conflicto?
Gesto inesperado: Madrid celebra la amnistía venezolana y presiona por su aplicación inmediata en un contexto de crisis política.
El Gobierno español ha aplaudido este sábado la aprobación de una ley de amnistía general en Venezuela, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y ha instado a que su entrada en vigor sea “con celeridad”. La medida, que abarca delitos políticos desde 1999 hasta la actualidad, llega en un momento de alta tensión tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la liberación de más de 700 presos políticos en las últimas semanas, según cifras de ONG locales.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores español destacó que esta amnistía “representa un paso significativo hacia la reconciliación nacional en Venezuela”. “España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa”, subrayó el texto, que también recalcó la urgencia de que la ley se materialice “sin demoras burocráticas”.
Diálogo directo entre cancilleres: ¿qué se acordó?
El ministro español José Manuel Albares mantuvo una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Yván Gil, a petición de este último. Durante el diálogo, Albares reafirmó el apoyo de España a la amnistía y ofreció colaboración técnica para agilizar su implementación. Gil, por su parte, agradeció el gesto y destacó que la medida busca “cerrar heridas” tras décadas de polarización.
Esta no es la primera vez que España interviene en la crisis venezolana. En 2019, durante la presidencia de Pedro Sánchez, el gobierno español reconoció a Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, una decisión que generó tensiones con el chavismo. Sin embargo, la postura actual refleja un cambio de tono: Madrid prioriza ahora la estabilidad y la liberación de presos, incluso si eso implica dialogar con figuras cercanas a Maduro.
La amnistía anunciada por Rodríguez incluye a militares, políticos y civiles acusados de delitos como “traición a la patria” o “conspiración”, cargos comúnmente usados contra disidentes durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2024). Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Venezuela mantiene una de las tasas más altas de presos políticos en América Latina, con más de 250 casos documentados solo en 2023.
¿Qué implica esta amnistía para los venezolanos?
La ley podría beneficiar a figuras clave como Leopoldo López, líder opositor exiliado en España desde 2020, o Raúl Baduel, exministro de Defensa encarcelado desde 2009. Sin embargo, su aplicación enfrentará desafíos: el Tribunal Supremo de Venezuela, controlado por el chavismo, deberá validar cada caso, y grupos de derechos humanos exigen que la amnistía no incluya a responsables de crímenes de lesa humanidad.
Mientras, en las calles de Caracas, la reacción es mixta. “Es un avance, pero no borra 25 años de represión”, declaró a medios locales Mariana Hernández, familiar de un preso liberado esta semana. La comunidad internacional, por su parte, observa con cautela: la UE ha pedido “garantías de transparencia”, y EE.UU. —que mantiene sanciones contra Maduro— aún no ha emitido una respuesta oficial.
¿Logrará esta amnistía ser el primer paso hacia una transición democrática en Venezuela, o quedará como un gesto simbólico en medio de una crisis sin fin?
El precedente ignorado: la amnistía de 2011 que fracasó en 48 horas
Mientras el Gobierno español celebra la ley de amnistía como un “paso histórico”, en Venezuela este mecanismo ya se intentó —y se hundió— en junio de 2011. Entonces, el presidente Hugo Chávez promulgó una amnistía para “delitos políticos” cometidos entre 1999 y 2007, que incluía a 36 presos, entre ellos el general Raúl Isaías Baduel (el mismo que hoy podría beneficiarse de la nueva ley). Sin embargo, el Tribunal Supremo —el mismo que ahora deberá validar los casos— anuló la medida en menos de 48 horas, argumentando “vicios de procedimiento”. Baduel volvió a prisión, donde permaneció hasta su muerte en 2021. El episodio reveló un patrón: el chavismo ha usado amnistías como moneda de cambio geopolítico, pero su aplicación choca con una justicia instrumentalizada.
La diferencia clave en 2024 es el contexto internacional. En 2011, Chávez actuaba desde una posición de fuerza: Venezuela recibía 93.000 millones de dólares anuales por exportaciones petroleras (cifra récord, según la OPEP), y la comunidad internacional —incluida España— mantenía canales abiertos con su gobierno. Hoy, el país enfrenta una caída del 75% en su PIB desde 2013 (datos del FMI), y la amnistía llega tras la detención de Maduro en EE.UU. y la presión de la CPI por crímenes de lesa humanidad. Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada, fue la misma que en 2017 —como canciller— descalificó las amnistías como “herramientas de la derecha”. Su giro actual obedece a una necesidad urgente: evitar el colapso total del régimen y negociar con Washington la levée de sanciones que asfixian a PDVSA.
Otros dos detalles reveladores:
- El caso Baduel (2007-2021): Su arresto se produjo tras criticar públicamente la reforma constitucional de Chávez. Fue el primer militar de alto rango en romper con el chavismo. Su liberación en 2011 duró 12 horas.
- La amnistía de 2016: Prometida por Maduro durante los diálogos en República Dominicana, nunca se materializó. La oposición denunció que el gobierno la usó para ganar tiempo y reprimir las protestas de ese año, que dejaron 125 muertos (cifra de la Fiscalía venezolana).
¿Por qué esta vez podría ser diferente (o peor)?
La amnistía de 2024 nace en un escenario sin Chávez ni Maduro al frente, pero con un Poder Judicial que ha invalidado 18 leyes de la Asamblea Nacional desde 2016, según el observatorio Voto Joven. España apuesta por ella como “gestos de confianza”, pero olvida que, en el pasado, estas medidas han servido para dividir a la oposición (como en 2011, cuando Baduel aceptó su liberación efímera mientras otros líderes la rechazaron) y para ganar oxígeno internacional sin ceder poder real. La pregunta no es si habrá amnistía, sino cuántos presos quedarán fuera de ella —y qué pasará cuando el Tribunal Supremo, leal al chavismo, empiece a “revisar” los casos uno por uno. La historia sugiere que, en Venezuela, las amnistías no cierran heridas: las infectan.