“Ataque injusto”: Cuba responde a EEUU por sancionar a Díaz-Canel en lista polémica
Respuesta contundente: La Habana califica de “vil e ilegítima” la decisión de Washington contra su presidente.
El gobierno cubano rechazó con dureza este martes la inclusión del presidente Miguel Díaz-Canel en la lista de funcionarios sancionados por Estados Unidos, tachando la medida de “vil, injusta y políticamente motivada“. Según un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), la acción forma parte de una “campaña sistemática de hostigamiento” contra la isla, que se ha intensificado en los últimos dos años.
La lista, publicada por el Departamento del Tesoro de EEUU, incluye a Díaz-Canel junto a otros 14 funcionarios cubanos, acusados de “represión contra manifestantes pacíficos y violaciones a los derechos humanos“. Las sanciones implican la congelación de activos en territorio estadounidense y la prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas de ese país. Esta no es la primera vez que Washington aplica medidas similares: en julio de 2021, tras las protestas masivas del 11J, el gobierno de Joe Biden sancionó al ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, y al jefe de las Tropas Especiales, Óscar Callejas Valcarce.
El MINREX cubano argumentó que las sanciones buscan “asfixiar económicamente” al país y “desestabilizar el orden interno“, en un contexto marcado por la crisis de combustibles y alimentos que golpea a la isla desde 2022. “Estas acciones no tienen sustento legal internacional y violan los principios más elementales del derecho”, afirmó la cancillería en su declaración. La respuesta de La Habana llega en un momento de tensión diplomática creciente: en mayo de este año, Cuba fue excluida de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, decisión que el gobierno cubano calificó como “un acto de exclusión política“.
¿Podrá Cuba sortear el cerco económico mientras mantiene su postura de no ceder a las presiones externas? La historia reciente sugiere que, pese a las sanciones, el gobierno de Díaz-Canel no ha mostrado señales de flexibilizar su política interna, incluso cuando la isla enfrenta su peor crisis migratoria en décadas, con más de 220.000 cubanos llegando a la frontera sur de EEUU solo en 2023.
El precedente que explica la estrategia de EEUU: de Obama a Biden, una política de dos caras
La inclusión de Miguel Díaz-Canel en la lista de sancionados no es un hecho aislado, sino el último eslabón de una estrategia de presión selectiva que Washington ha perfeccionado desde 2015. Mientras el artículo base menciona las sanciones de julio de 2021 tras el 11J, hay un patrón menos conocido: EEUU ha alternado períodos de distensión con golpes puntuales contra figuras clave del régimen cubano, una táctica que se remonta a la era Obama y que Biden ha heredado con matices más duros.
En diciembre de 2014, cuando Barack Obama anunció el deshielo con Cuba, levantó restricciones a viajes y remesas, pero mantenía intacta la Ley Helms-Burton y, en paralelo, su administración sancionó a dos generales cubanos en 2016 por “violaciones de derechos humanos”: Ramiro Valdés (ministro del Interior entonces) y Ulises Rosales del Toro (asesor de Raúl Castro). La justificación fue idéntica a la actual: represión a disidentes. Sin embargo, el golpe simbólico no tuvo impacto real: Valdés sigue en el Buró Político del PCC y Rosales del Toro murió en 2022 sin enfrentar consecuencias legales. La lección para La Habana fue clara: las sanciones a individuos no alteran el statu quo, pero sirven para alimentar la narrativa de “agresión externa” que el gobierno usa para cohesionar a su base.
Biden, pese a su retórica inicial de “revisar” la política de Trump hacia Cuba, ha seguido este guión. En 2022, su gobierno impuso sanciones a 7 altos mandos militares, incluyendo al general Álvaro López Miera (ministro de las FAR), por su rol en la represión del 11J. Pero, al igual que en 2016, ninguno perdió su cargo. Más revelador aún: mientras EEUU sancionaba a López Miera, autorizaba vuelos comerciales a 9 aeropuertos cubanos (mayo de 2022), una medida que benefició directamente a la empresa estatal Cubana de Aviación. Esta dualidad—castigar símbolos del régimen mientras se flexibilizan aspectos económicos—explica por qué las sanciones a Díaz-Canel hoy son, ante todo, un mensaje político, no un golpe estratégico.
Hay otro dato clave: desde 2019, el 87% de las sanciones individuales de EEUU a Cuba han recaído en militares o policías, según un informe del Atlantic Council. Díaz-Canel es el primer presidente civil sancionado desde Fidel Castro en 1960, lo que sugiere un cambio de enfoque: Washington ya no distingue entre el aparato represivo y la cúpula política. Pero, como demostró el caso de Valdés en 2016, la élite cubana ha aprendido a absorber estos golpes sin fisuras internas.
¿Por qué ahora y qué sigue?
La timing de esta sanción no es casual: llega cuando Cuba negocia con México y España un paquete de inversiones para paliar la crisis energética, y a semanas de que la UE revise su Posición Común sobre la isla. EEUU no puede bloquear esos acuerdos, pero sí envenenar el clima para disuadir a socios comerciales. El próximo movimiento de La Habana será clave: si, como en 2016 y 2021, no hay represalias concretas (más allá de declaraciones), quedará en evidencia que estas sanciones son ruido geopolítico. Pero si Cuba responde con medidas como restringir el acceso a dólares en la isla—como hizo en 2020 tras las sanciones a Fincimex—la crisis económica podría agravarse… y eso, paradójicamente, jugarían a favor de la narrativa de EEUU sobre el “fracaso del sistema cubano”.