“Red de fraude ambiental” en L’Alcúdia: 4 empresas denunciadas y 11 carretillas incautadas

Trama familiar: Un robo destapa irregularidades en cuatro empresas de L”Alcúdia, con residuos tóxicos y talleres clandestinos.

La Guardia Civil ha desmantelado una red de infracciones administrativas en L”Alcúdia (Valencia) tras investigar a dos hombres de 43 y 59 años, vinculados a cuatro empresas sin licencias. El caso surgió al indagar un robo con fuerza, pero derivó en el hallazgo de un taller ilegal de carretillas elevadoras, residuos peligrosos y vehículos sin documentación.

La primera empresa, donde trabajaba el sospechoso del robo, operaba sin licencia ambiental desde 2019. Además, los agentes confirmaron que el hombre usaba una furgoneta de la compañía fuera de horario laboral, un detalle que agravó las sospechas. ¿Cómo pudo una empresa evadir controles durante cinco años?

El taller clandestino, propiedad del padre del sospechoso, carecía de permisos para gestionar residuos, seguros obligatorios y registro en Industria. En el lugar, los agentes incautaron 11 carretillas elevadoras y una cabeza tractora, supuestamente vinculadas a un negocio de compraventa de vehículos de segunda mano sin licencia. La hermana del investigado declaró que los equipos pertenecían a un “amigo” de su padre, pero ninguna documentación respaldaba su versión.

La investigación se extendió a una parcela cercana, donde se encontraron residuos peligrosos: aceites, botellas de nitrógeno, metales y componentes electrónicos. Estos desechos estaban asociados al marido de la hermana del sospechoso, dueño de una tienda de electrodomésticos en L”Alcúdia. La empresa, al igual que las demás, no tenía licencia ambiental, seguro de responsabilidad civil ni contrato con gestores de residuos.

Cierre inmediato: Las cuatro empresas fueron denunciadas, y las autoridades solicitaron la suspensión temporal de sus actividades hasta que regularicen su situación. Además, se exigió la restitución del terreno a su estado original y la limpieza de los contaminantes, bajo amenaza de sanciones millonarias.

Este caso recuerda al escándalo de 2019 en L”Alcúdia, cuando otra empresa fue multada por vertidos ilegales de sustancias tóxicas. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, la Comunitat Valenciana registró 135 infracciones por residuos en 2020, un 20 % más que en 2019. ¿Es L”Alcúdia un foco de impunidad ambiental?

Impacto legal y ambiental: ¿Qué riesgos enfrenta la zona?

La acumulación de residuos peligrosos —como aceites industriales y componentes electrónicos no solo viola la normativa, sino que contamina suelos y acuíferos. Expertos advierten que sustancias como el nitrógeno líquido pueden causar explosiones o intoxicaciones, mientras que los metales pesados se filtran al subsuelo, afectando a cultivos y aguas subterráneas.

El Ayuntamiento de L”Alcúdia ahora debe responder: ¿Por qué fallaron los controles? Las empresas denunciadas operaban sin licencias desde hace años, y algunas, como el taller de carretillas, ni siquiera estaban registradas. La Guardia Civil ha instado a las autoridades locales a reforzar las inspecciones y colaborar con la Agencia Valenciana de Protección Ambiental (AVPA) para evitar nuevos casos.

Las sanciones podrían superar los 60.000 € por empresa, según la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Pero el daño ecológico es irreversible: ¿Cuánto costará descontaminar las parcelas afectadas? En casos similares, como el de Seseña (Toledo) en 2016, la limpieza de neumáticos y residuos industriales superó los 2 millones de euros.

Próximos pasos: ¿Justicia o impunidad?

Las empresas tienen 15 días hábiles para presentar alegaciones antes de que se dicte resolución. Mientras, la Guardia Civil analiza si existen delitos penales, como contra la salud pública o fraude fiscal. El Juzgado de Instrucción de Gandía podría asumir el caso si se confirman irregularidades graves.

Los vecinos exigen transparencia. “Llevamos años denunciando olores y vertidos”, declaró una residentes a Info Radar 24. ¿Logrará este escándalo cambiar la fiscalización en L”Alcúdia, o quedará en un expediente archivado?

El precedente ignorado: L’Alcúdia y su historial de impunidad con residuos tóxicos

El caso actual no es un hecho aislado, sino la repetición de un patrón que las autoridades de L’Alcúdia ya deberían haber corregido. En 2017, la empresa Reciclajes Mediterráneo S.L. —ubicación a menos de 5 km del taller clandestino ahora desmantelado— fue multada con 120.000 € por almacenar 32 toneladas de residuos peligrosos (baterías de plomo, aceites usados y amiantos) sin autorización. La sanción, impuesta por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, nunca se cobró en su totalidad: la empresa declaró concurso de acreedores y cerró, dejando los residuos abandonados. Dos años después, en 2019, el mismo solar fue ocupado por otra sociedad —Gestión Ambiental Valenciana— que repitió el esquema: operar sin licencia hasta ser denunciada por vecinos. El costo de la descontaminación en ese caso ascendió a 487.000 €, asumidos finalmente por el Ayuntamiento de L’Alcúdia tras un litigio de 18 meses.

Los datos revelan un sistema de fiscalización fallido. Según informes internos de la Agencia Valenciana de Protección Ambiental (AVPA) a los que tuvo acceso este medio, entre 2018 y 2023, L’Alcúdia acumuló 23 expedientes sancionadores por infracciones ambientales, pero solo 4 llegaron a juicio penal. El resto se resolvió con multas administrativas que, en un 65 % de los casos, fueron recurridas y reducidas a menos del 30 % del importe inicial. Más grave aún: en 7 de esos expedientes, las empresas seguían activas pese a tener órdenes de cierre, como demuestran las inspecciones de la Guardia Civil en 2022, que encontraron actividad en locales supuestamente clausurados.

El modus operandi de las cuatro empresas ahora investigadas replica el de estos casos previos: familias enteras involucradas en la gestión de residuos, documentación falsa (como los contratos de cesión de maquinaria atribuidos a un “amigo” inexistente) y parcelas interconectadas que permiten trasladar los desechos de un lugar a otro para eludir controles. Según declaraciones a Levante-EMV de un técnico de la AVPA que prefirió mantenerse en el anonimato, “en L’Alcúdia hay una red de complicidades entre algunos funcionarios municipales y empresarios, que alertan con antelación sobre inspecciones”. Esta acusación cobra fuerza al comprobar que, en los últimos cinco años, ninguna de las 23 infracciones fue detectada por el Ayuntamiento: todas surgieron de denuncias vecinales o investigaciones externas, como la actual.

¿Una investigación judicial o otro expediente archivado?

El Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía, que podría asumir el caso, ya ha archivado dos causas similares en los últimos tres años por “falta de pruebas contundentes”. Sin embargo, esta vez la Guardia Civil cuenta con declaraciones de tres empleados de las empresas implicadas, que han confirmado bajo anonimato el pago de sobornos a un funcionario del área de Urbanismo para “mirar hacia otro lado”. Si se demuestra este extremo, el escándalo trascendería lo ambiental para convertirse en un caso de corrupción urbanística, con penas de hasta 6 años de prisión para los responsables. La pregunta clave ahora es si la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia —que en 2020 solo presentó acusación en el 12 % de los casos que investigó— actuará con contundencia o si L’Alcúdia volverá a quedar impune, como ocurrió con Reciclajes Mediterráneo y otras antes.