Asamblea venezolana sanciona por unanimidad norma de indulto nacional
La Asamblea Nacional de Venezuela sancionó este jueves la norma de indulto impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, una medida que facilitará la excarcelación de personas condenadas por hechos ocurridos desde 1999.
La iniciativa contó con el apoyo unánime de la cámara legislativa presidida por Jorge Rodríguez, quien celebró «la disposición, la fortaleza y el compromiso con la reconciliación que han mostrado los integrantes de la comisión especial y de todo el parlamento».
El texto superó su segunda discusión luego de haber sido postergado por desacuerdos entre oficialismo y oposición en torno al artículo que exigía a los beneficiarios «someterse a derecho», es decir, presentarse ante las autoridades competentes. Durante la sesión plenaria se aprobaron, también por unanimidad, otros seis artículos de la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
La versión final establece que los interesados deberán personarse ante el Ministerio Público o tribunales correspondientes, aunque quienes residan en el exterior podrán ser representados por un abogado de su confianza mientras se tramita su solicitud. Además, prohíbe la detención de los beneficiarios durante la tramitación del proceso.
El alcance de la ley se circunscribe a trece eventos históricos contemplados en el artículo 8, entre ellos el golpe de abril de 2002 contra Hugo Chávez, el paro petrolero de 2002-2003, el referendo revocatorio de 2004 y protestas ocurridas en 2007, 2013, 2017 y 2024.
Quedan expresamente excluidos los delitos de corrupción, violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra, homicidio doloso, lesiones gravísimas y narcotráfico.
La norma crea una comisión especial de seguimiento encargada de garantizar el cumplimiento de la legislación, ya remitida a la mandataria para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial.
Durante la sesión, Jorge Rodríguez aludió también a la ley contra el odio, reconociendo que «hubo un uso indebido» de esa normativa y anunció su revisión, pues contempla penas de hasta 20 años de cárcel. «El programa de convivencia y paz está analizando los alcances de esa ley», indicó.
La ONG Foro Penal, que calcula en 448 los presos políticos liberados desde el 8 de enero, reaccionó afirmando que «los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben». Su director, Alfredo Romero, denunció que la ley «es muy restrictiva» porque excluye a «personas perseguidas políticamente detenidas, muchas de forma arbitraria».
En un video difundido en redes, Romero instó a «recibir con optimismo» la norma, aunque advirtió que se mantendrá la presión para lograr la libertad de todos los presos políticos.
Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que los familiares de detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la zona 7 de Caracas suspendieron la huelta de hambre iniciada hace cinco días, debido al «grave desgaste físico y la falta total de respuesta oficial».
La propuesta fue anunciada a finales de enero por el ex vicepresidente Nicolás Maduro, quien permanece recluido en una cárcel de Nueva York desde que fue capturado por Estados Unidos a comienzos de 2026.
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