Irán vs. OIEA: “Herramienta política de EEUU” en la crisis nuclear
Acusación directa: Irán denuncia al OIEA como “brazo político” de Washington en medio de tensiones por su programa nuclear.
El Gobierno iraní ha rechazado contundentemente las acusaciones de falta de transparencia lanzadas por el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, y ha escalado su retórica: la agencia nuclear de la ONU actúa como una “herramienta política de presión” contra Teherán. El conflicto se enmarca en décadas de desconfianza entre Irán y Occidente, agravado desde que EEUU abandonara el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) en 2018 bajo la presidencia de Donald Trump.
El informe reciente del OIEA —citado por el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi señala que Irán no ha aclarado el paradero, tamaño ni composición de sus reservas de uranio enriquecido, material que, en altos niveles de pureza, podría usarse para desarrollar armas. Gharibabadi respondió que las “dificultades informativas” del organismo “no surgieron por arte de magia”, sino como consecuencia de los ataques a instalaciones nucleares iraníes perpetrados por EEUU e Israel, incluyendo el sabotaje al centro de Natanz en 2021.
Grossi en la mira: “Títere de Washington”
El viceministro iraní arremetió contra Grossi, al que acusó de ser un “sirviente de Estados Unidos y Occidente” por no condenar los ataques externos a infraestructuras nucleares protegidas. “No se puede ignorar el origen de una perturbación y luego culpar a Irán por sus consecuencias”, declaró Gharibabadi, quien exigió al director del OIEA que “adopte una postura jurídica clara” contra las acciones de EEUU e Israel, calificadas como un “golpe a la seguridad nuclear global”.
La crítica se extiende al sistema de salvaguardias del OIEA, cuya credibilidad —según Teherán— se resiente por su supuesta “politización”. Gharibabadi cuestionó incluso las aspiraciones de Grossi a la Secretaría General de la ONU: “¿Cómo puede ambicionar ese cargo con un enfoque tan dependiente de Washington?”, lanzó.
El debate del enriquecimiento: ¿Límite legal o riesgo real?
Sobre el uranio enriquecido, Irán insiste en que el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) no establece un techo máximo para el porcentaje de enriquecimiento —actualmente, Teherán enriquece uranio hasta el 60%, cerca del umbral del 90% necesario para armas—. El viceministro subrayó que el criterio clave es evitar la “desviación de materiales hacia fines militares”, y reafirmó: “Nuestro programa es pacífico y cumple con los compromisos legales”.
El enfrentamiento refleja un patrón histórico: mientras Irán defiende su derecho al enriquecimiento para usos civiles (como medicina nuclear o energía), Occidente —liderado por EEUU— sospecha de un programa encubierto de armamento. La falta de acceso total de los inspectores del OIEA a sitios clave, como la planta de Fordow (construida en secreto y revelada en 2009), ha alimentado esta desconfianza durante años.
¿Podrá el OIEA mantener su neutralidad en un escenario donde Irán acusa a su máximo dirigente de parcialidad y EEUU presiona por sanciones?
El precedente de 2009: Fordow y la crisis de confianza que persiste
La actual escalada entre Irán y el OIEA revive el fantasma de 2009, cuando Teherán admitió —tras años de negaciones— la existencia de la planta de enriquecimiento de Fordow, construida en secreto cerca de la ciudad sagrada de Qom. El descubrimiento, revelado por inteligencia occidental y confirmado por satélite, marcó un punto de no retorno en la desconfianza internacional hacia el programa nuclear iraní.
Fordow no era una instalación cualquiera: estaba diseñada para albergar 3.000 centrifugadoras en túneles excavados bajo una montaña, lo que la hacía virtualmente inmune a ataques aéreos convencionales. Su revelación forzada expuso dos problemas estructurales que persisten hoy: 1) La capacidad de Irán para ocultar actividades nucleares durante años, y 2) La impotencia del OIEA para detectar infraestructuras clandestinas sin información externa. Este episodio llevó al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer sanciones adicionales en 2010, aprobadas incluso por China y Rusia.
El patrón se repitió en 2018, cuando el entonces primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exhibió en una rueda de prensa documentos supuestamente robados de un archivo nuclear iraní en Teherán. Los papeles, cuya autenticidad Irán nunca reconoció, detallaban un programa de armamento (proyecto Amad) que, según Israel, demostraba que Teherán había mentido sobre sus intenciones militares. El OIEA confirmó que los documentos eran consistentes con sus hallazgos, pero Irán los tachó de falsificación.
La trampa del 60%: ¿Un umbral simbólico o una línea roja?
El enriquecimiento al 60% —nivel que Irán alcanza desde 2021— no es casual. Es un limbo técnico: suficiente para alarmar a Occidente (por su cercanía al 90% necesario para armas), pero sin cruzar la línea que justificaría una acción militar inmediata. Históricamente, este porcentaje ha sido un punto de presión: Corea del Norte lo superó antes de sus primeras pruebas nucleares en 2006, y Pakistán lo usó como paso previo a su arsenal en los años 90. Irán, sin embargo, insiste en que su programa —a diferencia de aquellos casos— sigue bajo salvaguardias del OIEA, aunque limitadas.