Declaración en el hospital: el juez actúa en el crimen de Pere Garau
Próximos pasos judiciales: El atestado del crimen de Pere Garau llegará este jueves al juzgado, que evaluará cómo tomar declaración a la acusada, aún hospitalizada en Son Espases bajo supervisión psiquiátrica.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Europa Press que, al mantenerse la mujer ingresada, no habrá traslado físico al juzgado. Esta situación plantea un escenario excepcional: la declaración podría realizarse en el propio hospital, algo poco común en casos de esta gravedad.
El caso ha generado expectación en Mallorca, donde Pere Garau, de 32 años, fue hallado sin vida el pasado 12 de julio en su domicilio de Palma. La acusada, cuya identidad no ha sido revelada, fue detenida horas después y desde entonces permanece bajo custodia médica. ¿Podría este caso sentar un precedente en la forma de tomar declaraciones a imputados con problemas de salud mental?
El precedente del caso Son Espases 2019: cuando la justicia se adaptó al hospital
La posibilidad de que la declaración de la acusada se realice dentro del Hospital Universitari Son Espases no es inédita en las Islas Baleares, aunque sí excepcional. Este mismo centro fue escenario en octubre de 2019 de un caso similar que marcó un hito procesal: el asesinato de María José Carrasco, una mujer de 45 años apuñalada por su pareja en Calvià. El agresor, que intentó suicidarse tras el crimen, permaneció ingresado en la UCI de Son Espases durante 11 días antes de ser declarado en prisión provisional. La audiencia preliminar se celebró en una sala habilitada en el propio hospital, con un juez, fiscal, letrados y policías judiciales presentes, bajo estrictas medidas de seguridad que incluyeron el despliegue de seis agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP).
El caso de Carrasco sentó dos precedentes clave que podrían aplicarse ahora: primero, la validez legal de las declaraciones hospitalarias siempre que se garanticen las condiciones de libre voluntad y asistencia letrada (avalado por el Auto 124/2020 de la Audiencia Provincial de Palma); segundo, el protocolo de aislamiento del área para evitar fugas o interferencias, que en 2019 incluyó cortar el acceso a las plantas superiores del hospital y usar frecuencias encriptadas para las comunicaciones policiales. Según datos del Colegio de Abogados de Mallorca, desde entonces solo se han registrado tres casos similares en la comunidad autónoma, todos ellos vinculados a delitos violentos con imputados en estado crítico.
La diferencia sustancial con el crimen de Pere Garau radica en el perfil psiquiátrico de la acusada. En 2019, el agresor fue declarado imputable pese a su intento de suicidio, mientras que ahora la evaluación forense podría derivar en un informe de incapacidad transitoria, lo que retrasaría el proceso. Fuentes médicas consultadas por este medio señalan que, en casos de trastornos psicóticos agudos, la declaración podría demorarse hasta 60 días —el plazo máximo establecido por el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para prorrogar la detención por motivos de salud mental.
¿Un protocolo permanente o una solución ad hoc?
La Fiscalía de Baleares estudia desde 2021 un protocolo unificado para declaraciones en centros hospitalarios, inspirado en modelos como el de Cataluña (donde el Hospital Vall d’Hebron cuenta con una sala judicial permanente desde 2018). Sin embargo, la falta de consenso entre sanitarios y juristas ha retrasado su implementación. El crimen de Garau podría acelerar el debate: si la declaración se realiza esta semana, será la primera vez que un juzgado de Palma aplique este método en un caso de homicidio con imputada en tratamiento psiquiátrico involuntario, un escenario que ni siquiera el precedente de 2019 cubrió. La pregunta ahora es si la justicia balear optará por improvisar sobre la marcha o si este caso obligará a diseñar, por fin, un marco legal claro.