“Soy inocente”: Maduro se declara prisionero de guerra en corte de EE.UU.
Declaración histórica: Nicolás Maduro rompe silencio en Nueva York tras su captura en Caracas, negando cargos de narcotráfico y exigiendo ser reconocido como jefe de Estado.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró “inocente” este viernes en su primera audiencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, tras ser capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas la semana pasada. El mandatario, vestido con uniforme de prisión, afirmó ante el juez: “No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí. Soy un hombre decente y el presidente de Venezuela”.
Maduro insistió en que es un “prisionero de guerra” y denunció que fue detenido “en su casa, en la capital venezolana”, según transmitió en vivo la cadena CNN. Su esposa, la primera dama Cilia Flores, también presente en la sala y ataviada con el mismo uniforme, se declaró “no culpable, completamente inocente”. Ambos permanecieron sentados con un asiento de separación durante la breve audiencia, que duró menos de una hora.
El juez Alvin Hellerstein (92 años, nombrado en 1998 durante el gobierno de Bill Clinton), quien presidió la sesión, programó la próxima audiencia para el sábado 17 de marzo a las 11:00 horas (17:00 en España). Los abogados defensores informaron que, por ahora, no solicitarán libertad condicional para sus representados. El equipo legal de Maduro alertó sobre “problemas de salud” que requieren atención médica, mientras que el de Flores denunció “lesiones importantes” sufridas durante lo que calificaron como un “secuestro”.
Maduro ha contratado como defensor al penalista Barry Pollack, conocido por lograr la reciente liberación de Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Por su parte, Flores será representada por Mark Donnelly, exfiscal del Departamento de Justicia y especialista en delitos económicos. Este equipo legal enfrenta cargos graves: conspiración narco-terrorista (bajo el Título 21, Sección 960a del Código Penal de EE.UU.), fabricación y distribución de cocaína (específicamente, posesión de 5 kilogramos con trazas detectables), así como conspiración para importar cocaína y tenencia de ametralladoras o artefactos destructivos.
Este caso recuerda al del general venezolano Hugo Carvajal (2019), exjefe de inteligencia chavista extraditado a EE.UU. por narcotráfico y quien, tras declararse inocente, pasó cuatro años en prisión antes de ser liberado en un intercambio de prisioneros en 2023. La extradición de Maduro, sin embargo, marca un precedentes sin igual: es la primera vez que un jefe de Estado en funciones es capturado y juzgado en territorio estadounidense por estos cargos.
Protestas en Nueva York: “No al secuestro ilegal”
Fuera del tribunal, decenas de manifestantes se congregaron bajo el lema “No al secuestro ilegal de Nicolás Maduro”, convocados por The People”s Forum NYC y la Coalición Answer. Esta última organización, que ha liderado más de 100 protestas en EE.UU. desde la captura de Maduro, acusó al gobierno de Donald Trump de cometer un “acto de guerra”.
“Esta Administración Trump ha cometido un nuevo e indignante acto de guerra, atacando Venezuela y secuestrando a su presidente”, declaró un portavoz de Answer. La coalición denunció que el objetivo no es combatir el narcotráfico, sino “robar el petróleo venezolano y dominar América Latina”, y advirtió: “La máquina de guerra consume sumas inimaginables de nuestros impuestos mientras familias trabajadoras no llegan a fin de mes”.
El grupo hizo un llamado a la movilización ciudadana: “Tenemos que tomar las calles y decir no a otra guerra sin fin”. Las protestas, que comenzaron horas después de conocerse la captura, se han replicado en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Miami, donde colectivos de izquierda y activistas antiintervencionistas exigen la liberación inmediata de Maduro.
¿Podrá Maduro usar su inmunidad como jefe de Estado para anular el proceso? La respuesta dependerá de cómo interprete la corte su estatus diplomático, un tema que ya generó tensiones en 2020 cuando EE.UU. ofreció una recompensa de US$15 millones por su captura. Mientras tanto, en Venezuela, el oficialismo ha convocado a una “marcha mundial” para el 20 de marzo bajo el hashtag #LibertadParaMaduro.
El precedente que podría salvar (o condenar) a Maduro: el caso de Manuel Noriega en 1992
La estrategia legal de Nicolás Maduro para evitar la extradición o reducir su pena podría basarse en un caso histórico que EE.UU. prefirió olvidar: el juicio al general panameño Manuel Noriega en 1992. Como Maduro, Noriega fue un líder extranjero capturado por fuerzas estadounidenses (en su caso, durante la invasión a Panamá en diciembre de 1989) y juzgado en Miami por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y racketeering. Su defensa argumentó que, como jefe de Estado de facto, gozaba de inmunidad soberana. Aunque el tribunal lo declaró culpable y lo condenó a 40 años de prisión (luego reducidos a 17 por buena conducta), el caso sentó un peligroso precedente: EE.UU. puede juzgar a líderes extranjeros por crímenes cometidos fuera de su territorio, pero solo si logra demostrar que sus acciones tuvieron un impacto directo en el país.
Maduro enfrentará el mismo obstáculo que Noriega: probar que sus supuestas actividades de narcotráfico no estaban vinculadas a operaciones en suelo estadounidense. En el caso de Noriega, la fiscalía presentó pruebas de que había permitido que el Cártel de Medellín (liderado por Pablo Escobar) usara Panamá como ruta de tráfico hacia EE.UU. a cambio de sobornos. Si la defensa de Maduro logra desvincularlo de redes que operen en territorio estadounidense —como hizo parcialmente el equipo de Hugo Carvajal en 2021, cuando un juez anuló cargos por falta de pruebas directas—, el caso podría desmoronarse. Sin embargo, hay una diferencia clave: Noriega fue capturado durante una invasión militar, mientras que Maduro fue detenido en Caracas en una operación encubierta, lo que abre la puerta a que su equipo alegue violación de la soberanía venezolana bajo el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU.
Otro factor que juega en contra de Maduro es el Título 21 del Código Penal de EE.UU., usado en su acusación, que permite enjuiciar a extranjeros por conspiración para introducir drogas en el país incluso si nunca pisaron suelo estadounidense. Esta ley, aprobada en 1986 durante la guerra contra las drogas de Ronald Reagan, ya fue aplicada con éxito en casos como el del mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán (condenado en 2019) y el colombiano Dairo Antonio Úsuga (‘Otoniel’, extraditado en 2021). La tasa de condenas bajo este estatuto supera el 95%, según datos del Departamento de Justicia de EE.UU..
¿Un intercambio de prisioneros como el de Carvajal?
La única salida realista para Maduro podría ser un acuerdo político, no legal. En 2023, EE.UU. liberó a Hugo Carvajal —el exjefe de inteligencia chavista— a cambio de la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, incluyendo a ejecutivos de Citgo condenados por corrupción. Si Maduro logra que su caso se convierta en una moneda de cambio en negociaciones más amplias (como el levantamiento de sanciones al petróleo venezolano o la estabilización de la frontera con Colombia), podría evitar una condena de décadas. Pero el tiempo apremia: Noriega pasó 22 meses en prisión preventiva antes de su juicio, y Carvajal estuvo 4 años tras las rejas. La próxima audiencia, el 17 de marzo, definirá si Maduro seguirá sus pasos o si su equipo logra una maniobra legal que ni siquiera Noriega pudo ejecutar.