Sánchez activa escudo económico: ayudas urgentes contra el impacto de la guerra
Escudo social: El Gobierno prepara un paquete de medidas para blindar a familias y pymes del shock económico por la guerra en Oriente Próximo.
El presidente Pedro Sánchez anunció este miércoles desde La Moncloa que el Ejecutivo ya trabaja en “escenarios y actuaciones concretas” para mitigar el impacto en trabajadores, hogares, autónomos y empresas. La decisión llega tras el repunte del petróleo Brent (que superó los USD 90 por barril esta semana) y las advertencias de la OCDE sobre un posible freno al crecimiento global en 2024.
Sánchez destacó que la solidez macroeconómica de España —con un déficit del 3,6 % en 2023 (el más bajo desde 2007) y un crecimiento del 2,5 %— y una política fiscal “responsable” permiten al Estado desplegar recursos inmediatos. “Tenemos capacidad, voluntad política y actuaremos con los agentes sociales, como hicimos durante la pandemia, la crisis energética de 2022 o la guerra arancelaria con EE.UU.”, recalcó, en referencia a los 45.000 millones movilizados en ayudas directas desde 2020.
El mandatario advirtió que el conflicto podría prolongarse, con “efectos globales graves”: desde disrupciones en el comercio marítimo (el 12 % de las mercancías mundiales pasa por el Mar Rojo) hasta presiones inflacionistas. Según datos de la AIReF, un alza sostenida del crudo en +10 USD elevaría la inflación en España 0,8 puntos en un año.
Entre los riesgos inmediatos que enumeró el Gobierno destacan:
- Mayor incertidumbre económica: El Ibex 35 ya acumula una caída del 3,2 % en octubre, su peor registro mensual desde marzo.
- Petróleo por encima de 90 USD: El barril de Brent cotiza en máximos de 2023, lo que encarecerá gasolinas y transporte.
- Repunte del gas: Los futuros del TTF holandés (referencia europea) subieron un 15 % en una semana, reviviendo el fantasma de la crisis de 2022.
- Presión sobre tipos de interés: El BCE podría retrasar recortes si la inflación repunta, según analistas de Goldman Sachs.
Sánchez no detalló las medidas concretas, pero fuentes de Moncloa apuntan a subvenciones a pymes, bonificaciones al transporte público (como en 2022) y ampliación de los fondos para familias vulnerables. La vicepresidenta Nadia Calviño convocará la próxima semana a sindicatos y patronal para diseñar el paquete, que podría anunciarse antes de que acabe octubre.
¿Logrará España blindarse esta vez sin repetir los errores de 2022, cuando las ayudas llegaron tarde a 1,2 millones de hogares?
El precedente de 2022: ¿Por qué las ayudas llegaron tarde a 1,2 millones de hogares?
Cuando el presidente Sánchez mencionó los 45.000 millones movilizados desde 2020 como ejemplo de agilidad, omitió un detalle crítico: en la crisis energética de marzo de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, el 43 % de los beneficiarios potenciales (1,2 millones de hogares) no recibió las ayudas hasta cuatro meses después de su aprobación. El motivo, según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicado en julio de 2022, fue un cuello de botella administrativo: las comunidades autónomas —encargadas de gestionar el bono social térmico y las subvenciones a pymes— tardaron una media de 90 días en verificar los requisitos, pese a que el Gobierno central había desbloqueado los fondos en solo 15 días.
El caso más paradigmático fue Andalucía, donde el 78 % de las solicitudes (unas 320.000) se resolvieron fuera de plazo, según datos de la Consejería de Hacienda andaluza. La demora se debió a la saturación de los Servicios Sociales municipales, que debían cruzar manualmente los datos con la Agencia Tributaria y las comercializadoras de energía. Mientras, en Cataluña, la Generalitat desplegó un sistema telemático que redujo el plazo a 21 días, pero solo cubrió al 60 % de los solicitantes por fallos en la interoperabilidad con el Estado. El resultado: familias que pagaron facturas de luz con subidas del 300 % (como las registradas en abril de 2022) sin alivio inmediato, mientras el IBEX 35 caía un 8,7 % en ese trimestre.
El error se repitió con las ayudas a autónomos: el Real Decreto-ley 6/2022 prometía pagos en 30 días, pero el 35 % de los beneficiarios (unos 200.000) cobró con dos meses de retraso, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). La razón: la Seguridad Social exigía certificados de caída de ingresos que muchas gestorías no podían emitir a tiempo. Ahora, con el petróleo en 90 USD y el gas disparado, el Gobierno enfrenta el mismo dilema: ¿centralizar la gestión para evitar demoras, arriesgándose a conflictos con las autonomías, o confiar en su coordinación, sabiendo que en 2022 falló?
La prueba de fuego: ¿Podrá España evitar el “efecto dominó” de 2022?
Esta vez, el margen de error es menor. En octubre de 2022, la inflación ya había alcanzado su techo (10,8 %), lo que dio cierto respiro a las medidas. Hoy, con el BCE alertando de un posible rebrote inflacionista y los futuros del gas en máximos de seis meses, un retraso como el de entonces podría ser letal. La clave estará en dos datos que Sánchez no mencionó: 1) si el nuevo paquete incluirá pagos automáticos (sin solicitud previa) para los colectivos ya identificados como vulnerables, y 2) si habrá un sistema único de verificación, evitando que las autonomías repliquen sus propios criterios. El Ibex 35, que ya acumula pérdidas del 3,2 % en octubre, será el termómetro: en 2022, la bolsa española no tocó suelo hasta que las ayudas llegaron… y para entonces, el daño ya estaba hecho.