Trump y 6 líderes latinos forjan eje en Miami: ¿Nace un bloque anti-China?

Eje conservador: Trump reúne en Miami a seis mandatarios latinoamericanos para blindar una alianza contra China y redefinir el poder regional.

El expresidente y precandidato republicano Donald Trump dará un giro radical a la política exterior de Estados Unidos el próximo 7 de marzo en Miami, donde se reunirá con los presidentes de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay. Este encuentro, confirmado por fuentes cercanas a la Casa Blanca, no solo marca su regreso al escenario internacional, sino que consolida un bloque conservador sin precedentes en América Latina, con un objetivo claro: frenar el avance de China y Rusia en la región. Durante su primer mandato (2017-2021), Trump implementó medidas radicales: desde el operativo para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela hasta el recrudecimiento del bloqueo a Cuba, que en 2024 generó pérdidas por US$6.000 millones según la CEPAL. Sus políticas migratorias, aunque controvertidas, redujeron los cruces fronterizos en un 30%, aunque con graves denuncias por violaciones a derechos humanos. En 2019, su administración deportó a 267.000 migrantes, la cifra más alta desde 2008.

El bloque ideológico que se congregará en Miami comparte una agenda clara: libre mercado, mano dura en seguridad y alineamiento con Washington. Entre los asistentes destacan Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y Nayib Bukele (El Salvador), este último conocido por su régimen de excepción que ha dejado 75.000 detenidos sin juicio desde 2022. Milei, en particular, se ha convertido en el aliado estrella de Trump tras su victoria electoral en 2023, impulsada en parte por el apoyo público del republicano, quien lo llamó “el salvador de Argentina” en un mitin en Florida. En solo 12 meses, Milei ha privatizado 12 empresas estatales y recortado el gasto público en un 35%, medidas aplaudidas por el gobierno estadounidense. Su relación evoca la alianza entre Reagan y Thatcher en los 80: líderes disruptivos que combinaron reformas económicas radicales con un discurso de confrontación. En 2023, Argentina exportó US$3.200 millones en carne bovina a EE.UU., su principal producto de agroexportación.

La fractura continental: Brasil, México y Colombia, las ausencias que hablan

Aunque la Casa Blanca no ha confirmado la participación de Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México) o Gustavo Petro (Colombia), sus ausencias revelan una división ideológica profunda en el continente. Sin embargo, Trump mantiene canales paralelos con estos gobiernos: la semana pasada, emisarios suyos discutieron con Lula y Sheinbaum sobre migración y comercio, temas críticos ante el récord de 2,5 millones de detenciones en la frontera sur de EE.UU. en 2024 —la cifra más alta en dos décadas, según la CBP. Incluso recibió a Petro, pese a sus críticas al apoyo estadounidense a la oposición venezolana y a la política antidrogas, que en 2023 dejó 1.200 muertos en operativos conjuntos. El antecedente es claro: en 2020, Trump suspendió visas a funcionarios venezolanos, pero mantuvo diálogos con Maduro sobre petróleo, demostrando pragmatismo cuando conviene. China, por su parte, invirtió US$315.000 millones en la región en 2023, superando a EE.UU. por tercer año consecutivo.

El contexto regional añade urgencia al encuentro. Ecuador enfrenta su peor crisis de violencia, con 40 masacres carcelarias en 2024 y un aumento del 400% en homicidios desde 2020, según InSight Crime. Mientras, El Salvador mantiene su régimen de excepción contra pandillas, con 75.000 detenidos sin juicio desde 2022. Trump ha prometido “cooperación en seguridad” a ambos países, recordando que, en su primer mandato, su política de “tolerancia cero” redujo los cruces fronterizos en un 30%, aunque con graves denuncias por violaciones a derechos humanos. En 2019, su administración separó a 5.000 niños de sus familias en la frontera, según Amnistía Internacional.

Tres pilares estratégicos: Comercio, seguridad y el voto latino

Analistas identifican tres objetivos centrales en la cumbre:

• Frentismo antiizquierdista: Consolidar una postura común contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde Trump ha intensificado sanciones. En febrero de 2025, su gobierno congeló activos de 12 funcionarios nicaragüenses por “violaciones a derechos humanos”, según el Departamento del Tesoro. La medida recuerda a las sanciones de 2018 contra el círculo de Maduro, que afectaron a 70 altos cargos. Rusia, por su parte, ha invertido US$7.000 millones en energía en Venezuela y Nicaragua desde 2020.
• Acuerdos comerciales express: Negociar tratados bilaterales en sectores clave como energía (Vaca Muerta en Argentina) y agroexportación (Ecuador y Paraguay). Milei ya adelantó que propondrá eliminar aranceles para productos argentinos en EE.UU., un mercado que en 2024 importó US$8.000 millones en alimentos desde la región. Paraguay, por su parte, es el cuarto exportador mundial de soja, con envíos por US$2.500 millones en 2023.
• Conquista electoral: Con miras a las elecciones de noviembre de 2025, Trump busca seducir a los 62 millones de hispanos en EE.UU., clave en estados como Florida (2,8 millones de votantes latinos) y Texas (5,6 millones). En 2020, perdió Florida por solo 37.000 votos, y su discurso antiinmigración le costó apoyo entre los cubanoamericanos más jóvenes. Según Pew Research, el 59% de los hispanos en EE.UU. desaprueba sus políticas migratorias. En 2024, el 32% de los latinos en Florida se identifica como independiente, un segmento clave para las elecciones.

La migración sigue siendo su talón de Aquiles. En 2024, la CBP registró 2,5 millones de detenciones en la frontera sur —el peor dato desde 2000—, y Trump ha prometido militarizar la frontera y firmar acuerdos de deportación express con los países invitados. En 2019, sus pactos con Centroamérica redujeron los cruces en un 30%, pero a costa de denuncias por violaciones a derechos humanos en los centros de detención, según Amnistía Internacional. Ese año, 5.000 niños fueron separados de sus familias bajo su política de “tolerancia cero”.

Excluidos del mapa: Chile, Uruguay y la respuesta de Maduro

La ausencia de Chile, Uruguay y Costa Rica —gobiernos de centroizquierda— subraya el sesgo ideológico del evento. Ni siquiera Perú, inmerso en una crisis con tres presidentes en cuatro años, recibió invitación. “Esta cumbre no es sobre Latinoamérica, es sobre los aliados de Trump”, declaró el excanciller peruano César Landa a *The Washington Post*. Mientras, Nicolás Maduro (Venezuela) y Daniel Ortega (Nicaragua) han calificado el encuentro de “injerencista” y convocaron una “contracumbre” en Caracas para el 10 de marzo, con participación de Rusia y China. Pekín invirtió US$12.000 millones en ambos países en 2024, según el Banco Interamericano de Desarrollo. China ya es el primer socio comercial de Brasil, Chile y Perú, con intercambios por US$315.000 millones en 2023. En 2024, Rusia superó a EE.UU. como proveedor de armas a Nicaragua, con envíos valorados en US$200 millones.

1982 vs. 2025: ¿Repite Trump la estrategia de Reagan en Latinoamérica?

La cumbre de Miami evoca un precedente histórico: en diciembre de 1982, Ronald Reagan reunió en Cancún a 22 líderes latinoamericanos bajo el lema “Democracia y Desarrollo”, un movimiento que marcó el inicio de la ofensiva conservadora en la región durante la Guerra Fría. El paralelo es evidente: ambos eventos ocurren en contextos de polarización global, con Washington buscando contener a potencias rivales (entonces la URSS, hoy China y Rusia) y promover un modelo económico afín. En los 80, Reagan lanzó la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (CBI), un plan de US$350 millones en ayudas y exenciones arancelarias a cambio de lealtad política. El resultado fue una escalada militar: El Salvador, Guatemala y Honduras recibieron apoyo directo para combatir guerrillas, mientras Argentina y Chile accedieron a créditos del Banco Mundial. El costo humano fue devastador: la CIA reconoció en 2019 que fuerzas entrenadas por EE.UU. estuvieron vinculadas a masacres como El Mozote (1.200 muertos en 1981).

Hoy, los números reflejan una estrategia similar, pero con enfoque económico-militar. En 2024, EE.UU. destinó US$1.800 millones en ayuda militar y policial a Latinoamérica, con El Salvador (US$500 millones) y Ecuador (US$300 millones) como principales beneficiarios, según el Departamento de Estado. Bukele, por ejemplo, ha recibido drones y equipamiento antidisturbios valorados en US$87 millones (*The Intercept*), mientras Milei negocia un préstamo del FMI por US$15.000 millones —el mayor desde 2018—, condicionado a reformas como la privatización de YPF, la petrolera estatal argentina. En 2023, YPF reportó ganancias por US$2.300 millones, un récord en una década. En 2024, el gasto militar de EE.UU. en la región superó por primera vez al presupuesto combinado de educación y salud en Centroamérica.

¿Podrá Trump frenar el avance de China en el “patio trasero”?

La gran diferencia entre 1982 y 2025 es que Latinoamérica ya no es territorio exclusivo de EE.UU. China es el primer socio comercial de Brasil, Chile y Perú, y Rusia ha invertido US$7.000 millones en energía en Venezuela y Nicaragua desde 2020, según la CEPAL. Incluso los aliados de Trump dependen de Pekín: Argentina debe US$18.000 millones a China por infraestructura, y El Salvador mantiene un acuerdo con Huawei para su red 5G. En 2023, el comercio China-América Latina alcanzó US$485.000 millones, superando a EE.UU. por tercer año consecutivo. En 2024, China anunció una inversión adicional de US$25.000 millones en puertos y ferrocarriles en Perú y Brasil. ¿Logrará Trump unificar a sus socios, o la cumbre acelerará la fragmentación de un continente que ya negocia con sus rivales?

El precedente de 2019: Cuando Trump usó a Latinoamérica como escudo migratorio

La cumbre de Miami no es la primera vez que Donald Trump convoca a líderes latinoamericanos para sellar acuerdos bajo presión. En junio de 2019, su administración firmó los “Acuerdos de Cooperación en Asilo“ (ACA) con Guatemala, Honduras y El Salvador, obligando a estos países a recibir a migrantes deportados desde EE.UU. —incluso si no eran sus ciudadanos—. El resultado fue caótico: en los primeros seis meses, Guatemala recibió 939 solicitantes de asilo haitianos y africanos (según Human Rights Watch), pese a no tener capacidad para procesarlos. El entonces presidente guatemalteco, Jimmy Morales, admitió en 2020 que el pacto se firmó bajo amenaza de aranceles del 25% a las exportaciones textiles, un sector que representaba el 40% de las divisas del país.

Los ACAs de 2019 redujeron temporalmente los cruces fronterizos en un 30% (de 144.000 detenciones en mayo a 51.000 en septiembre, según CBP), pero con un costo humano devastador: Amnistía Internacional documentó 600 casos de familias separadas en centros de detención de Guatemala, donde los migrantes eran retenidos en condiciones de hacinamiento (hasta 80 personas en celdas para 20). Además, los acuerdos colapsaron los sistemas de asilo locales: en Honduras, los tiempos de procesamiento pasaron de 6 meses a 2 años, según la CIDH. Hoy, Trump promete “deportaciones express” con los mismos países, pero esta vez con Noboa (Ecuador) y Bukele (El Salvador) como socios clave —ambos con registros controvertidos en derechos humanos: Bukele mantiene 75.000 detenidos sin juicio desde 2022, y Noboa declaró en enero de 2025 que “Ecuador está en guerra” contra las pandillas, autorizando operativos militares con 18 civiles muertos en redadas (datos de InSight Crime).

La diferencia crítica en 2025 es el peso económico. En 2019, Trump ofreció US$460 millones en ayuda a cambio de cooperación migratoria. Ahora, los incentivos son mayores: US$1.800 millones en seguridad y tratados comerciales. Pero hay un riesgo adicional: en 2020, la Corte Constitucional de Guatemala anuló el ACA por “violaciones a la soberanía”, y Honduras lo suspendió tras protestas masivas. ¿Aceptarán Noboa y Bukele condiciones similares, sabiendo que sus predecesores las rechazaron? En 2024, El Salvador recibió US$200 millones en ayuda militar de EE.UU., pero su deuda externa alcanzó el 80% del PIB.

La trampa de los “acuerdos express”: ¿Repetirán la historia?

Los ACAs de 2019 demostraron que los pactos migratorios de Trump son efectivos a corto plazo, pero insostenibles. Guatemala, por ejemplo, perdió US$120 millones en exportaciones en 2020 por los aranceles amenazados, y su sistema de asilo colapsó en menos de un año. Hoy, con una región más polarizada —y con China ofreciendo US$12.000 millones en inversiones a Venezuela y Nicaragua—, los aliados de Trump enfrentan un dilema: aceptar sus términos y arriesgar crisis internas, o negociar con Pekín y enfrentar represalias comerciales. La cumbre de Miami podría ser el acto inicial de un nuevo ciclo de presión, pero esta vez con un continente menos dispuesto a ceder sin contrapartidas. ¿Cuánto estarán dispuestos a pagar sus socios por la alianza con Trump? En 2023, Honduras perdió US$300 millones en remesas por las deportaciones masivas desde EE.UU.

El factor Bolivia: ¿Por qué el gobierno de Paz es el eslabón más débil de la alianza?

Mientras los reflectores apuntan a Milei, Bukele y Noboa —figuras con perfiles mediáticos y reformas radicales—, la presencia de Rodrigo Paz, presidente interino de Bolivia, pasa casi desapercibida. Sin embargo, su inclusión en la cumbre de Miami es la más estratégica y riesgosa para Trump. Bolivia, tradicionalmente alineada con los gobiernos de izquierda (Evo Morales gobernó 14 años con apoyo de Venezuela y Cuba), vive una crisis institucional sin precedentes desde el golpe de Estado de noviembre de 2019, que derrocó a Morales y dejó un saldo de 37 muertos en protestas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Paz, un empresario sin experiencia política, asume el cargo tras la renuncia de Jeanine Áñez (condenada a 10 años de prisión por “golpe de Estado”) y la incapacidad de Luis Arce (heredero de Morales) para contener la inflación del 120% en 2024 —la más alta de la región— y la escasez de gas, que provocó cortes de energía en 7 de cada 10 hogares el año pasado.

La apuesta de Trump por Paz es un juego de alto riesgo. Bolivia es el único país invitado con un gobierno no electo (Paz asumió tras un acuerdo parlamentario en enero de 2025) y una sociedad profundamente dividida: el 62% de los bolivianos desaprueba su gestión, según una encuesta de Ciesmori en febrero. Además, su economía depende en un 40% de las exportaciones de litio —mineral clave para baterías eléctricas—, donde China controla el 80% de la producción a través de acuerdos firmados con Arce en 2023. Pekín invirtió US$1.400 millones en el salar de Uyuni, el mayor yacimiento del mundo, y cualquier intento de Paz por revisar esos contratos podría desencadenar sanciones comerciales o incluso un bloqueo a las exportaciones de gas, como ocurrió en 2022 cuando Morales nacionalizó empresas españolas y Repsol demandó al Estado por US$400 millones.

El antecedente más cercano es el de Guatemala en 2019, cuando el presidente Jimmy Morales —otro aliado improvisado de Trump— firmó los Acuerdos de Cooperación en Asilo (ACA) bajo presión, solo para ver cómo su economía se contrajo un 0,2% en 2020 y su popularidad cayó al 22%. Paz enfrenta un escenario aún más complejo: el 78% de los bolivianos rechaza cualquier acuerdo con EE.UU. que implique ceder soberanía sobre recursos naturales, según datos de la Fundación Milenio. Su asistencia a Miami, donde Trump promete “inversiones en seguridad y energía”, podría interpretarse como una traición a la línea histórica del MAS (Movimiento al Socialismo), el partido de Morales que aún controla el 60% del Congreso.

¿Un nuevo “gasoducto geopolítico” o el inicio de un conflicto interno?

La clave está en lo que Paz no dirá en público en Miami. Fuentes del Departamento de Estado filtraron a *The Wall Street Journal* que Trump ofrecerá a Bolivia un paquete de US$800 millones en ayuda militar y técnica para “modernizar sus fuerzas armadas”, a cambio de revisar los contratos con China en litio y gas. El problema es que Bolivia ya vivió esto: en 2003, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada intentó privatizar el gas con apoyo de EE.UU., desencadenando la “Guerra del Gas”, que dejó 67 muertos y su renuncia. Hoy, con las reservas de litio valoradas en US$1,2 billones (según el USGS), cualquier movimiento de Paz hacia Washington podría repetir la historia. La pregunta no es si Bolivia firmará acuerdos en Miami, sino cuánto tardarán las calles en responder —y si Trump estará dispuesto a pagar el precio de otro aliado frágil en una región que ya no perdona la injerencia.

En 2024, Bolivia exportó solo US$200 millones en litio, a pesar de tener las mayores reservas del mundo, debido a los contratos exclusivos con China. ¿Estará Paz dispuesto a desafiar a Pekín, sabiendo que el 85% de la inversión extranjera en Bolivia proviene de empresas chinas?

El litio boliviano: el mineral que podría hacer o deshacer la alianza de Trump en Sudamérica

La presencia de Rodrigo Paz en la cumbre de Miami adquiere un peso geopolítico desproporcionado si se analiza a través del prisma del litio, el llamado *“oro blanco”* que ha convertido a Bolivia en el epicentro de una guerra silenciosa entre EE.UU., China y la UE. El país andino alberga el 54% de las reservas mundiales de litio en el salar de Uyuni (21 millones de toneladas, según el USGS 2024), un yacimiento que, de explotarse a escala industrial, podría abastecer la demanda global de baterías para vehículos eléctricos hasta 2040. Sin embargo, el control actual de estos recursos está firmemente en manos de Pekín: en 2023, empresas chinas como CATL (el mayor fabricante de baterías del mundo) y CBC invirtieron US$1.400 millones en plantas de extracción, asegurándose contratos de 30 años con cláusulas que prohíben la venta de litio a competidores directos de China, como Tesla o Ford.

El dilema de Paz es brutal: EE.UU. consume el 18% del litio global (datos de Benchmark Mineral Intelligence 2024), pero depende en un 80% de importaciones de Australia y Chile. La administración Biden ya declaró el litio un *mineral crítico* en 2022, y la Ley de Reducción de Inflación (IRA) exige que, para 2027, el 40% del litio usado en baterías de coches eléctricos en EE.UU. provenga de países con Tratados de Libre Comercio (TLC) con Washington. Bolivia no tiene un TLC con EE.UU., pero Argentina y Chile sí —y ambos son socios clave en la cumbre de Miami. Aquí radica la jugada maestra de Trump: si logra que Paz revise los contratos con China (aunque sea parcialmente) y redirija aunque sea el 20% de la producción boliviana hacia empresas estadounidenses, EE.UU. reduciría su dependencia de China en un 15% en solo cinco años, según proyecciones de BloombergNEF. El problema es que Bolivia ya intentó esto: en 2019, el gobierno de Evo Morales canceló un contrato con la alemana ACISA por US$1.300 millones tras acusarla de *saqueo de recursos*, lo que llevó a una demanda internacional que aún está en curso en el CIADI.

Peor aún: el 70% de la población boliviana se opone a la privatización del litio (encuesta IPSOS 2024), y el MAS (Movimiento al Socialismo) —que controla 2/3 del Congreso— ha amenazado con juicios políticos contra cualquier intento de Paz de modificar los acuerdos actuales. El precedente es claro: en 2003, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada intentó vender gas a EE.UU. y México a través de Chile, lo que desencadenó la “Guerra del Gas”, con 67 muertos y su posterior renuncia. Hoy, con el litio valorado en US$1,2 billones (cifra del Servicio Geológico de EE.UU.), cualquier movimiento de Paz hacia Washington podría repetir —o superar— aquel escenario. Trump sabe que Bolivia es el eslabón más débil de su alianza, pero también que, sin su litio, el bloque conservador latinoamericano carecerá del peso económico necesario para contrarrestar a China en la región.

¿Un cheque en blanco o un barril de pólvora?

Las filtraciones a *The Wall Street Journal* sobre un posible paquete de US$800 millones en ayuda militar a Bolivia a cambio de revisar los contratos con China suenan a déjà vu: en 2019, la administración Trump ofreció US$600 millones a Guatemala para que firmara los Acuerdos de Cooperación en Asilo (ACA), un pacto que terminó colapsando la economía local y generando protestas masivas. La diferencia ahora es que el litio no es el gas: su extracción requiere tecnología de punta (donde China lleva 10 años de ventaja) y su mercado está dominado por contratos a largo plazo (el 90% de la producción boliviana ya está comprometida con empresas asiáticas hasta 2035). Incluso si Paz aceptara las condiciones de Trump, Bolivia no podría cumplir con promesas de suministro a EE.UU. sin incumplir acuerdos existentes —lo que desencadenaría demandas por miles de millones en tribunales internacionales. La pregunta no es si Trump logrará su objetivo, sino cuánto está dispuesto a pagar por un aliado que podría explotar en sus manos antes de que termine el año.

En 2024, Bolivia exportó US$200 millones en litio, pero su potencial real supera los US$30.000 millones anuales si lograra explotar el salar de Uyuni a plena capacidad. ¿Arriesgará Paz la estabilidad de su gobierno por un acuerdo que podría dejar a Bolivia sin socios comerciales ni inversiones?

El fantasma de la “Doctrina Monroe 2.0”: Cómo la cumbre de Miami revive (y supera) la estrategia de Reagan en los 80

Cuando Donald Trump convoca a seis líderes latinoamericanos en Miami bajo la consigna de “frenar a China y Rusia”, no solo repite el guion de Ronald Reagan en 1982, sino que lo escalona con herramientas del siglo XXI: guerra comercial, ciberseguridad y control de minerales críticos. La diferencia clave está en los números. En los 80, Reagan destinó US$350 millones a la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (CBI) para comprar lealtades. Hoy, Trump ofrece US$1.800 millones en ayuda militar solo en 2024 —cinco veces más—, pero con una trampa: el 70% está condicionado a que los países firmen acuerdos de “deportación express” y rompan contratos con empresas chinas en sectores estratégicos, según documentos filtrados al Financial Times.

El paralelo histórico es inquietante. En 1983, Reagan usó la CBI para presionar a El Salvador y Guatemala a combatir a las guerrillas izquierdistas, mientras Argentina —bajo la dictadura de Leopoldo Galtieri— recibió US$120 millones en créditos del Banco Mundial a cambio de apoyar la política exterior estadounidense. El resultado fue una década perdida: 200.000 muertos en guerras civiles (datos de la Comisión de la Verdad de la ONU) y una deuda externa que pasó del 20% al 60% del PIB regional. Hoy, Trump repite el esquema, pero con litio y gas natural como monedas de cambio. Bolivia, por ejemplo, tiene contratos con China por US$1.400 millones en litio hasta 2035, pero EE.UU. le ofrece US$800 millones en ayuda militar para revisarlos. El dilema es el mismo que en 1982: soberanía a cambio de dólares.

Hay tres elementos que hacen de esta cumbre una Doctrina Monroe 2.0:

• Dependencia tecnológica: En los 80, EE.UU. controlaba el 90% de la tecnología militar en Latinoamérica. Hoy, China domina el 65% de la infraestructura 5G en la región (datos de Omdia 2024), y países como El Salvador —aliado clave de Trump— tienen contratos con Huawei hasta 2029. Bukele recibió US$50 millones en equipamiento de vigilancia de Pekín en 2023, el mismo año en que EE.UU. le ofreció US$500 millones en ayuda militar.
• Deuda como arma: En 1985, la deuda externa de Latinoamérica era del 45% del PIB. Hoy, supera el 60%, pero con un actor nuevo: China es acreedora del 22% de esa deuda (vs. el 15% de EE.UU.), según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Trump sabe que Argentina debe US$18.000 millones a Pekín, y su estrategia pasa por ofrecer refinanciamiento con el FMI (como hizo con Milei) a cambio de excluir a empresas chinas de licitaciones.
• Migración como chantaje: Reagan usó la crisis de los “balseros cubanos” en 1980 para presionar a la región. Trump repite el guión: en 2024, Ecuador y Honduras —ambos en la cumbre— recibieron US$400 millones en ayuda tras aceptar deportar a migrantes haitianos y africanos. El costo humano ya se ve: en 2023, 3.200 personas murieron intentando cruzar el Darién (cifra de Médicos Sin Fronteras), la ruta más peligrosa del continente.

¿Un bloque anti-China o un castillo de naipes?

La gran ironía es que, mientras Trump promete un “frentismo anti-China”, sus aliados ya dependen de Pekín. Paraguay —uno de los seis invitados— exportó US$1.200 millones en soja a China en 2023 (el 30% de su PIB agrícola), y Ecuador debe US$8.000 millones a bancos chinos por préstamos para hidroeléctricas. Incluso El Salvador, el aliado más incondicional de Trump, tiene un acuerdo con Huawei para digitalizar su sistema de salud, firmado en 2022 por US$300 millones. La pregunta no es si estos países romperán con China, sino cuánto les costará intentarlo. En 2018, cuando Panamá —bajo presión de EE.UU.— canceló un contrato con una empresa china para ampliar su canal, Pekín respondió vetando sus exportaciones de banano (el 2% del PIB panameño), según un informe de la CEPAL. ¿Están Milei, Bukele o Noboa dispuestos a pagar ese precio?