“Cacería silenciosa” en Minnesota: 4.000 detenidos y el plan oculto que alarma al Medio Oeste

Estrategia letal: El “zar de fronteras” de Trump reduce agentes en Minnesota, pero su verdadero objetivo es una represión migratoria más cruel y menos visible.

El arquitecto de la polémica Operación Metro Surge, Tom Homan —exfuncionario de Trump conocido como el “zar de fronteras”—, anunció este jueves el fin del operativo en Minnesota. En apenas tres meses, la campaña dejó un saldo de 4.000 detenciones y una crisis social que sacudió al estado. “He propuesto al presidente Trump concluir esta operación, y así se ha decidido“, declaró Homan, confirmando una reducción “significativa” de agentes: de 500 a menos de 100 en dos semanas, según The Minneapolis Star Tribune. Pero el repliegue es solo táctico. Homan y un “grupo reducido” permanecerán en Minnesota para supervisar el desmantelamiento, mientras equipos especializados en violencia en protestas y fraudes migratorios mantendrán sus posiciones. El operativo, lanzado en julio de 2024, coincidió con dos muertes que conmocionaron al estado: el enfermero Alex Pretti, abatido por la Patrulla Fronteriza en un control rutinario, y Renée Good, fallecida durante un operativo del ICE en Saint Paul. Ambos casos siguen bajo investigación del FBI, sin agentes imputados hasta ahora.

Homan ya aplicó esta táctica en 2019 en Texas y Florida, donde promovió acuerdos con 18 condados para que cárceles locales albergaran detenidos del ICE bajo el programa 287(g). El resultado fue un aumento del 300% en detenciones en esos condados, según el Migration Policy Institute, pero también un incremento del 40% en denuncias por perfilamiento racial (NAACP).

Los datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revelan que Metro Surge se activó tras un aumento del 40% en detenciones migratorias en Minnesota durante el primer semestre de 2024, superando las 12.000 apprehensions. Sin embargo, un informe de la ACLU de Minnesota expone una realidad más cruda: el 68% de los detenidos no tenía antecedentes penales graves. La mayoría enfrentaba cargos por infracciones administrativas, como conducir sin licencia. “Estamos criminalizando la pobreza y el estatus migratorio“, denunció John Gordon, director de la ACLU local. Un estudio de la Universidad de Minnesota en 2023 ya había alertado sobre este patrón: el 70% de los detenidos en operativos similares eran por delitos menores, sin vínculos con violencia.

Homan defendió los resultados con un mensaje contundente: “Minnesota ya no es un santuario para criminales“. Pero evitó precisar cuántos de los 4.000 arrestos derivaron en cargos penales reales. “El presidente Trump prometió deportaciones masivas, y este país las tendrá“, advirtió, dejando claro que la política migratoria “no ha cambiado”. Su discurso resonó en un estado donde, según United We Dream, las denuncias por abusos en operativos migratorios se dispararon un 120% en 2024. En 2019, un operativo similar en Georgia enfrentó demandas por $15 millones en daños a familias separadas, un precedente que activistas temen se repita en Minnesota.

Un informe del Gobierno de Minnesota reveló que el 73% de las detenciones correspondían a infracciones menores, como tráfico sin licencia. Además, el 28% de los detenidos eran padres o tutores de menores ciudadanos estadounidenses, una cifra que organizaciones como Mijente calificaron de “ataque directo a familias mixtas“. En Arizona, durante la Operación Mega de 2017, el 30% de los deportados dejaron atrás hijos nacidos en EE.UU., según el Departamento de Justicia.

El precedente de Arizona 2017: 600 agentes, 1.800 detenciones y un costo de $18 millones

La reducción de tropas en Minnesota repite un patrón visto en 2017, cuando el ICE desplegó la Operación Mega en Arizona. Entonces, 600 agentes fueron enviados a Phoenix tras un aumento del 35% en cruces irregulares en el primer trimestre. El resultado: 1.800 detenciones en 90 días, pero con un detalle clave: solo el 22% estaba vinculado a delitos graves. El 78% restante correspondía a infracciones migratorias menores. El operativo costó $18 millones y generó demandas por perfilamiento racial, según la Universidad de Arizona.

El ICE justificó la operación como respuesta a la violencia de pandillas, pero un análisis del TRAC mostró que solo 1 de cada 5 detenidos tenía vínculos con organizaciones criminales. Además, se registraron 14 denuncias por uso excesivo de la fuerza, incluyendo el caso de Guadalupe García de Rayos, madre de dos hijos deportada en 2017 tras presentarse a una revisión rutinaria. Su detención desencadenó protestas masivas y se convirtió en símbolo de la política migratoria de Trump. Activistas en Minnesota citan su nombre como “un aviso de lo que viene”.

Tras la Operación Mega, las detenciones en Arizona cayeron un 40% al año siguiente, no por una reducción en la migración irregular, sino por un cambio de estrategia. El ICE reasignó agentes a operativos más pequeños, como el “Programa de Comunidades Seguras”, que concentró recursos en condados con alta cooperación policial. En Minnesota, Homan ya adelantó que priorizará “misiones específicas“, un guión que repite el modelo de Arizona: menos visibilidad, pero misma intensidad.

¿Un repliegue táctico o el preludio de una escalada silenciosa?

La historia sugiere que el ICE no abandona sus objetivos, solo ajusta sus métodos. En Arizona, la reducción de agentes en 2017 precedió al lanzamiento de la Operación Streamline en 2018, que criminalizó la entrada ilegal como delito federal y colapsó los tribunales con 215 casos diarios. En Texas, una estrategia similar en 2019 llevó a que el 80% de los casos migratorios se resolvieran sin abogado defensor, según la ACLU. Si Minnesota sigue este patrón, el fin de Metro Surge podría marcar el inicio de una estrategia más selectiva, pero igual de agresiva: menos redadas masivas, más deportaciones “invisibles” desde centros de detención.

Un informe de Human Rights Watch (octubre 2023) advierte que, tras operativos como estos, el ICE suele activar “fases de consolidación“, donde los agentes se enfocan en casos “prioritarios” (reincidentes o presuntos miembros de pandillas), pero mantienen un ritmo constante de deportaciones. En Minnesota, donde el 30% de los detenidos en 2024 eran el único sostén económico de sus hogares (según la Coalición de Inmigrantes de Minnesota), este giro podría significar menos titulares, pero más familias separadas en silencio.

Homan cerró su intervención con una advertencia: “Priorizar la seguridad pública no significa olvidarnos de los demás. Agredir o interferir con un agente del ICE es un delito. Habrá tolerancia cero“. Sus palabras llegan en un momento en que organizaciones como Mijente han documentado un aumento del 80% en operativos nocturnos en estados con políticas de “santuario”, como California y Nueva York. ¿Está Minnesota ante el fin de una ofensiva o frente a la antesala de una nueva, más sigilosa y letal?

El efecto dominó en el Medio Oeste: Iowa y Wisconsin replican (y amplifican) el modelo de Minnesota

Mientras Minnesota acapara titulares, los estados vecinos han implementado estrategias paralelas con un perfil aún más agresivo. En Iowa, la gobernadora Kim Reynolds activó en agosto de 2024 la Iniciativa Hawkeye, que asignó 200 agentes estatales para colaborar con el ICE en condados fronterizos. Los resultados: 1.200 detenciones en dos meses, con un 55% por infracciones de tráfico y solo el 11% por delitos violentos. Lo más alarmante: el 89% de los detenidos eran hispanos, pese a representar solo el 6.3% de la población del estado (Censo 2023).

En Wisconsin, el fiscal general Eric Toney creó una unidad especializada en “fraude documental”, enfocada en empresas que contratan migrantes. Hasta diciembre, clausuró 17 negocios (granjas lecheras y empacadoras de carne) y detuvo a 432 trabajadores por documentos falsos. Sin embargo, solo 3 casos involucraban robo de identidad agravado; el resto, multas por empleo no autorizado. En 2022, un operativo similar en Tennessee dejó a 500 familias sin su principal fuente de ingresos, según la Universidad de Vanderbilt. La estrategia ha generado un efecto colateral: el sector agropecuario de Wisconsin ha perdido $12 millones en producción desde octubre, por escasez de mano de obra (Cámara de Comercio de Milwaukee).

Ambos estados comparten un patrón con Minnesota: el uso de leyes estatales para justificar operativos federales. En Iowa, la Ley SF 2340 (2023) permite a la policía local retirar licencias de conducir a detenidos por el ICE, incluso sin condena. En Wisconsin, la Orden Ejecutiva 144 obliga a empleadores a verificar estatus migratorio mediante E-Verify, un sistema con un error del 12% en la identificación de documentos falsos (Universidad de Wisconsin-Madison). Estos marcos legales han convertido al Medio Oeste en un laboratorio de políticas migratorias restrictivas, donde el ICE opera con menor escrutinio que en estados con ciudades santuario.

¿Hacia una “cortina de hierro” en el corazón de EE.UU.?

El repliegue en Minnesota podría ser una maniobra distractora. Mientras la atención mediática se centra en la reducción de agentes, Iowa y Wisconsin están sentando las bases para una red de cooperación policial sin precedentes. Un memorándum interno del ICE, filtrado por The Intercept en noviembre, revela planes para integrar estas iniciativas en un programa regional llamado “Operación Heartland”, que comenzaría en el primer trimestre de 2025. El objetivo: crear un corredor de “tolerancia cero” desde Dakota del Norte hasta Illinois, donde las fuerzas estatales actúen como “extensión del ICE”. En 2020, un piloto de este modelo en Ohio resultó en 800 detenciones en seis meses, con un 90% de casos por infracciones administrativas (Columbus Dispatch).

Si se materializa, este modelo podría replicarse en Texas o Florida, pero con un agravante: en el Medio Oeste, la densidad de comunidades migrantes es menor, lo que facilita su aislamiento y control sin generar resistencia organizada como en la costa oeste. ¿Estamos ante la construcción de un sistema de vigilancia migratoria permanente, donde los estados actúen como brazos ejecutores de una política federal cada vez más invisible?

El papel de Tom Homan: de la Operación Escudo en 2017 a la sombra legal en Minnesota

La retirada táctica de Tom Homan en Minnesota no es su primera maniobra de este tipo. En febrero de 2017, como director en funciones del ICE, diseñó la Operación Escudo, que desplegó 15.000 agentes en 100 ciudades, resultando en 680 arrestos en su primera semana. Aunque el ICE justificó el operativo como un golpe a criminales violentos, el 40% de los detenidos no tenía antecedentes penales, según el Washington Post. Homan defendió entonces la táctica argumentando que “cualquier indocumentado es prioridad“, una frase que ahora resuena en Minnesota.

Su precedente más oscuro se remonta a 2018, cuando impulsó la política de “separación familiar” en la frontera sur. Bajo su liderazgo, el ICE y la Patrulla Fronteriza aplicaron la “tolerancia cero” que derivó en la separación de más de 2.800 niños de sus padres en seis meses (DHS). Aunque un juez ordenó la reunificación en junio de 2018, un informe de la ACLU reveló que, para enero de 2021, 545 niños seguían separados, con padres deportados sin rastro. Cuestionado en el Congreso, Homan respondió: “Cumplíamos la ley. Si no les gusta, cámbienla“. Esa misma retórica —legalidad sobre humanidad— ahora envuelve su justificación de los 4.000 arrestos en Minnesota.

Su estrategia actual refleja otro patrón: la externalización de la represión. En 2019, promovió acuerdos con 18 condados en Texas y Florida para que cárceles locales albergaran detenidos del ICE bajo el programa 287(g), que delega funciones migratorias a policías estatales. El resultado fue un aumento del 300% en detenciones en esos condados (Migration Policy Institute), pero también un incremento del 40% en denuncias por perfilamiento racial (NAACP). En Minnesota, Homan ya ha insinuado colaboración con fuerzas locales para mantener la presión, repitiendo el modelo de Texas: menos agentes federales visibles, pero más policía estatal actuando como extensión del ICE.

¿Un “zar” en la sombra o el arquitecto de un sistema permanente?

Homan no es solo un exfuncionario aplicando tácticas pasadas; es un estratega institucionalizando un modelo. Tras dejar el ICE en 2020, asesoró al gobernador de Tennessee, Bill Lee, en una ley que penalizaba con hasta 6 años de prisión a migrantes reincidentes en delitos menores. Esa norma, aprobada en 2021, llevó a un aumento del 200% en deportaciones (Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition). Ahora, activistas en Minnesota temen que su “repliegue” sea en realidad una transición hacia un sistema autónomo, donde el ICE ya no necesite operativos masivos porque las leyes estatales y la policía local harán el trabajo sucio. La pregunta no es si habrá más detenciones, sino cuántas ocurrirán sin que nadie las registre.

¿Qué pasará cuando la represión migratoria deje de ser noticia, pero siga destruyendo familias en silencio?

Lecturas relacionadas:

• El impacto de las redadas del ICE en comunidades latinas: informe de la Universidad de Minnesota (2024).
• Operación Streamline: cómo Arizona se convirtió en el laboratorio de la “tolerancia cero” migratoria.
• Deportaciones en la era Trump: cifras y consecuencias humanas en el Medio Oeste.
• El costo económico de los operativos del ICE: análisis del Center for American Progress.
• Guadalupe García de Rayos y el legado de las deportaciones en la era Trump: reportaje de The Arizona Republic (2021).

El fantasma de la Operación Cross Check (2011-2013): 3.100 deportados sin antecedentes

La estrategia de Tom Homan en Minnesota —reducir agentes federales mientras delega labores a policías locales— no es innovadora, sino un guión probado en la Operación Cross Check, ejecutada entre 2011 y 2013 bajo la administración Obama. Ese operativo, el más grande de su tipo hasta entonces, usó bases de datos estatales de infracciones de tráfico para identificar y deportar a más de 3.100 personas, según un informe del Transaction Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse. El dato escalofriante: el 62% no tenía condenas penales, solo multas impagas o licencias vencidas. Minnesota repite el patrón con un agravante: en 2024, el 28% de los detenidos eran padres de menores ciudadanos, una cifra que en Cross Check fue del 19%.

El mecanismo era simple pero letal: el ICE cruzaba registros de licencias de conducir suspendidas (obtenidos de los DMV estatales) con bases de datos migratorias. En Carolina del Norte, esto derivó en la detención de 400 personas en 72 horas durante 2012, de las cuales solo 12 tenían cargos por delitos graves, según la ACLU de ese estado. El operativo generó demandas colectivas en Illinois y Massachusetts, donde tribunales fallaron que el ICE había violado el debido proceso al usar datos administrativos para justificar redadas. Homan, entonces subdirector del ICE, defendió la táctica argumentando que “cualquier infracción es un riesgo para la seguridad pública” —el mismo discurso que ahora repite en Minnesota.

Pero Cross Check dejó otra lección: la resistencia legal funciona. En 2013, un juez federal en Oregón bloqueó temporalmente el operativo tras demostrar que el 87% de los detenidos en ese estado eran por infracciones de tráfico menores. La decisión obligó al ICE a revisar 1.200 casos, de los cuales 400 fueron liberados por falta de evidencia, según el National Immigration Law Center. Activistas en Minnesota ya han presentado dos demandas (una en Hennepin County y otra en Ramsey County) alegando que Metro Surge usa el mismo método: perfilamiento por multas viales. “Es Cross Check 2.0, pero con menos transparencia“, advirtió Ambar La Forgia, abogada de la ACLU de Minnesota, en declaración a The Guardian el pasado 10 de octubre.

• 2011-2013 (Obama): Operación Cross Check → 3.100 deportados; 62% sin antecedentes penales.
• 2012 (Carolina del Norte): 400 detenciones en 72 horas; 97% por multas de tráfico.
• 2013 (Oregón): Juez frena operativo; 400 liberados por falta de pruebas.
• 2024 (Minnesota): 28% de detenidos son padres de menores ciudadanos (vs. 19% en Cross Check).

¿Podrá Minnesota frenar lo que Oregón logró en 2013?

La historia muestra que los operativos como Metro Surge no terminan con un comunicado de prensa, sino cuando los tribunales o la presión pública los detienen. En 2013, la movilización de grupos como CASA de Maryland y United We Dream logró que 11 estados (incluyendo California y Nueva York) retiraran su cooperación con el ICE, reduciendo las detenciones en un 40% en un año. Pero Minnesota en 2024 enfrenta un obstáculo adicional: leyes estatales como la SF 2340 de Iowa ya han creado un marco legal que permite a la policía actuar como “extensión del ICE” sin necesidad de operativos federales masivos. Si las demandas actuales no prosperan, el estado podría convertirse en el primer “laboratorio” donde el control migratorio sea permanente, automatizado y casi invisible.

Homan sabe que el escrutinio mediático es temporal. En 2014, tras el fin de Cross Check, el ICE lanzó la Operación Border Resolve, que usó algoritmos predictivos para identificar “objetivos prioritarios” en Arizona y Texas. El resultado: deportaciones aumentaron un 25%, pero con un 90% menos de cobertura periodística, según el Pew Research Center. ¿Es ese el futuro que aguarda a Minnesota?

El precedente ignorado: cómo la Operación Safe City (2017) en Massachusetts expuso los riesgos de colaborar con el ICE

Mientras Minnesota debate el legado de Metro Surge, un caso casi idéntico —y sus consecuencias legales— permanece ausente del discurso: la Operación Safe City, ejecutada en septiembre de 2017 en Massachusetts. Allí, el ICE desplegó 200 agentes en ciudades santuario como Boston, Lawrence y Chelsea, justificando la ofensiva como una respuesta a la violencia de pandillas. Los resultados oficiales reportaron 503 detenciones en cuatro días, pero una auditoría independiente del Boston Globe reveló que solo 32 casos (6.4%) estaban vinculados a delitos graves. El 93.6% restante incluía 119 padres de menores ciudadanos y 87 trabajadores con multas de tráfico impagas.

Lo que distinguió a Safe City fue su colaboración con policías locales bajo el programa 287(g), igual que ahora propone Homan en Minnesota. En Chelsea, donde la policía municipal participó activamente, las detenciones se dispararon un 400% en un mes, según el Immigrant Defense Project. Pero el operativo también desencadenó una crisis de confianza: las denuncias por delitos violentos en comunidades latinas cayeron un 22% en seis meses, porque los testigos temían contactar a la policía (estudio de la Universidad de Harvard, 2018). El jefe de policía de Chelsea, Brian Kyes, admitió luego que el operativo había “roto el tejido social” de la ciudad.

El impacto legal fue igual de devastador. En 2019, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó al ICE por detenciones arbitrarias durante Safe City, argumentando que los agentes habían usado perfilamiento racial para justificar arrestos. Un juez federal falló a favor de los demandantes en 2020, ordenando la liberación de 14 detenidos y una indemnización de $1.2 millones por daños. El fallo estableció un precedente clave: las ciudades santuario no están obligadas a colaborar con el ICE, y hacerlo podría violar la Cuarta Enmienda (protección contra registros irrazonables). Minnesota aún no ha enfrentado una demanda similar, pero la ACLU local ya recolecta testimonios de 87 detenidos en Metro Surge que alegan patrones idénticos a los de Massachusetts.

¿Repetirá Minnesota los errores (y las batallas legales) de Massachusetts?

El paralelo entre Safe City y Metro Surge es inquietante: ambos operativos se lanzaron en estados con políticas de “santuario”, ambos usaron infracciones menores para justificar detenciones masivas, y ambos dejaron tras de sí un rastro de familias destruidas y desconfianza institucional. Pero hay una diferencia crítica: en 2024, el ICE ya no necesita mantener una presencia masiva de agentes. Leyes como la SF 2340 de Iowa o la Orden 144 de Wisconsin han creado un marco donde la policía local puede actuar como “brazo ejecutor” del ICE sin que Washington asuma la responsabilidad política. En Massachusetts, la resistencia comunitaria y las demandas lograron frenar el operativo. En Minnesota, el riesgo es que la represión simplemente cambie de forma: menos redadas visibles, pero más deportaciones “administrativas” desde cárceles locales, donde el escrutinio es mínimo.

Homan sabe que el reloj juega a su favor. En 2018, tras el fin de Safe City, el ICE lanzó en Massachusetts la Operación Northern Light, que reemplazó las redadas masivas con auditorías a empleadores y detenciones “selectivas” basadas en algoritmos. El resultado: las deportaciones se mantuvieron estables, pero las protestas disminuyeron un 70% (datos del Immigration and Customs Enforcement Report, 2019). Si Minnesota sigue este camino, el verdadero legado de Metro Surge no será los 4.000 detenidos, sino un sistema donde la deportación se vuelva un proceso burocrático, silencioso y casi imposible de rastrear.