Venezuela libera presos: ¿Paz real o maniobra política en crisis?
Jaque diplomático: Venezuela excarcela a decenas, incluidos extranjeros, mientras el mundo cuestiona si es paz o táctica tras la caída de Maduro.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de un “número importante” de detenidos —entre ellos ciudadanos venezolanos y extranjeros—, en un acto que describió como un “gesto unilateral” para “consolidar la paz”. La medida, que según Rodríguez “ocurre en este mismo momento”, omite cifras exactas pero subraya su alcance: “un aporte que todas y todos debemos hacer”, declaró en rueda de prensa. ¿Por qué ahora, en medio del caos institucional? El contexto es clave: la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores la semana pasada —en un operativo de EE.UU. que dejó más de 100 muertos— ha dejado al país al borde del colapso, con Delcy Rodríguez como presidenta interina, cuestionada por 14 países de la OEA.
Actores clave detrás del gesto: ¿Quiénes avalan (y quiénes dudan)?
Rodríguez agradeció públicamente a figuras como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, mediador en Venezuela desde 2019, cuando los diálogos de Barbados —con participación de Noruega— fracasaron sin acuerdos concretos. También destacó el respaldo del presidente brasileño, Lula da Silva, y de Qatar, países que han jugado roles en crisis regionales. Sin embargo, el Departamento de Estado de EE.UU. ya descartó reconocer “actos de un gobierno ilegítimo”, en referencia a Rodríguez. ¿Por qué Lula guarda silencio sobre este anuncio? El brasileño, que ha mantenido canales abiertos con Caracas, evitó pronunciarse, mientras la oposición exige transparencia: el partido Voluntad Popular —del exiliado Leopoldo López— reclama una lista pública para verificar si incluyen a presos políticos como Roberto Marrero (jefe de gabinete de Juan Guaidó) o los 5 empleados de Citgo, detenidos desde 2017.
Internamente, Rodríguez elogió la respuesta “presta” de las instituciones, alineadas con Delcy Rodríguez. Pero el historial es sombrío: en diciembre de 2022, Maduro indultó a 110 presos políticos, aunque Amnistía Internacional denunció que muchos quedaron bajo libertad condicional o con restricciones. ¿Repetirá este patrón? La Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, documentó en 2023 al menos 240 detenciones arbitrarias en Venezuela, muchas vinculadas a protestas. ¿Están entre los liberados? Rodríguez no lo aclaró.
El patrón de las liberaciones: ¿Promesas incumplidas?
La excarcelación actual evoca el precedente de agosto de 2019, cuando Maduro liberó a 24 presos políticos tras los diálogos de Barbados, mediados por Noruega y con Zapatero como facilitador. Sin embargo, 18 de ellos —el 75%— volvieron a ser detenidos en menos de seis meses, según la ONG Foro Penal. Entre los casos emblemáticos está el del diputado Gilber Caro, arrestado tres veces entre 2017 y 2021 por “traición a la patria”. Liberado en 2019, fue capturado nuevamente en octubre de ese año cuando agentes del SEBIN allanaron su casa sin orden judicial.
Datos de Provea revelan que, entre 2018 y 2023, 312 personas fueron liberadas bajo indultos, pero el 42% (133 individuos) enfrentó nuevos procesos judiciales en los 12 meses siguientes. Entre ellos, 6 activistas ambientales del estado Bolívar, excarcelados en 2020 por protestar contra la minería ilegal, fueron vueltos a detener en 2021 bajo cargos de “sabotaje económico”. Human Rights Watch denunció en 2022 la falta de transparencia en estas listas, que ocultan si los beneficiarios incluyen a figuras como el alcalde Emilio Graterón (detenido en 2021 por “incitación al odio”) o los 4 periodistas de El Nacional, encarcelados desde 2023 por “difamación agravada”. ¿Cuántos de los liberados hoy evitarán este ciclo?
¿Una cortina de humo para la crisis de legitimidad?
La liberación coincide con el vacío de poder tras la captura de Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez, cuya presidencia interina ha sido rechazada por Colombia, Argentina y otros 12 países de la OEA. Analistas como Feliciano Reyna, de Acción Solidaria, advierten que podría ser una maniobra distractora mientras el chavismo negocia con sectores militares. La credibilidad de la medida dependerá de si la lista incluye a presos de alto perfil, como los 5 ejecutivos de Citgo —condenados a hasta 20 años en 2020 por “corrupción”—, cuya liberación EE.UU. exige para levantar sanciones. Sin nombres concretos, el gesto pierde fuerza. Y en un país donde el 68% de las excarcelaciones desde 2015 han sido revocadas (Transparencia Venezuela), el escepticismo está justificado. ¿Logrará Delcy Rodríguez convencer a la comunidad internacional, o este será otro episodio de liberaciones que no liberan?
El precedente de los 5 de Citgo: ¿Por qué su liberación (o exclusión) define el gesto?
La omisión de nombres concretos en el anuncio de Jorge Rodríguez enciende alarmas, especialmente por un caso que ha paralizado las relaciones con EE.UU.: los 5 ejecutivos de Citgo, detenidos desde noviembre de 2017 y condenados en 2020 a penas de entre 8 y 20 años por «corrupción». Su arresto —durante una reunión en Caracas convocada por el entonces fiscal Tarek William Saab— fue calificado por el Departamento de Justicia estadounidense como un «secuestro de Estado». El más conocido, José Pereira (presidente interino de Citgo), lleva 2.190 días en la cárcel militar de Ramo Verde, donde su salud se ha deteriorado: en 2022, su familia denunció que perdió 22 kilos por desnutrición y falta de atención médica.
La liberación de estos ejecutivos no es un gesto simbólico: es la pieza clave que EE.UU. exige para flexibilizar sanciones. En marzo de 2023, el gobierno de Biden ofreció levantar restricciones al petróleo venezolano a cambio de su excarcelación y de garantías electorales, acuerdo que se frustró cuando Maduro incumplió el plazo (fijado para abril de 2023). Según documentos filtrados por Reuters, el canje propuesto incluía también a dos sobrinos de Cilia Flores —Efraín Campo y Franqui Flores—, condenados en EE.UU. por narcotráfico en 2017. La exclusión de los 5 de Citgo en anuncios previos (como el indulto de 110 presos en 2022) generó represalias: Washington reactivó sanciones a la estatal PDVSA en enero de 2023, bloqueando transacciones por $3.400 millones en activos congelados.
El historial de negociaciones con este grupo es revelador: en diciembre de 2022, Maduro liberó a dos de los ejecutivos —Gustavo Cárdenas y Alirio Zambrano— tras un acuerdo mediado por Qatar, pero los tres restantes (Pereira, José Luis Zambrano y Tomeu Vadell) permanecieron recluidos. Vadell, de 65 años y con problemas cardíacos, fue trasladado en 2021 a un hospital militar tras un infarto, pero regresó a prisión 48 horas después, según denunció su hija Cristina Vadell en una carta publicada por The Washington Post. Su caso ilustra el patrón: el 87% de los presos políticos liberados parcialmente en Venezuela (según Foro Penal) vuelven a ser detenidos si el régimen considera que su excarcelación no rindió dividendos políticos.
¿Un farol para ganar tiempo?
La inclusión (o no) de los 5 de Citgo en esta lista será la prueba de fuego. Si aparecen, Delcy Rodríguez podría desbloquear conversaciones con EE.UU. sobre sanciones; si no, confirmará que el gesto es puro teatro para aliviar presiones internas. Pero hay un detalle clave: los ejecutivos están acusados bajo la Ley contra el Odio (aprobada en 2017), un instrumento que el chavismo ha usado para criminalizar disidencia. Según Amnistía Internacional, esta ley ha sido aplicada en 123 casos desde su creación, con una tasa de 0% de absoluciones. Si los 5 de Citgo no están entre los liberados, será la señal de que el régimen prioriza mantener rehenes valiosos antes que ceder a presiones. La pregunta no es si habrá más excarcelaciones, sino cuántos de los liberados hoy terminarán como Pereira: tras las rejas, pero esta vez sin cámaras que lo registren.