“Liberación masiva en Venezuela: 22 presos excarcelados, entre ellos un hispanovenezolano”
Nueva ola de excarcelaciones: Venezuela libera a 22 presos políticos, incluyendo al hispanovenezolano Alejandro González de Canales, en medio de tensiones internacionales y negociaciones clave.
Las autoridades venezolanas han liberado este lunes a 22 presos políticos, entre ellos al ciudadano hispanovenezolano Alejandro González de Canales Plaza, exmarido de la reconocida abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Esta acción se enmarca en una serie de excarcelaciones impulsadas por el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras la liberación de otros 20 presos la semana pasada, cinco de ellos españoles.
Según confirmó el Foro Penal, organización venezolana pro Derechos Humanos, nueve personas salieron de la prisión de “La Crisálida” y 13 de “Rodeo 1”. Además, la entidad está verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que podrían haber ocurrido durante la madrugada. El total de liberados en las últimas horas asciende a 116, según el Servicio Penitenciario venezolano, que destacó que estas medidas benefician a personas acusadas de “alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”.
Esta nueva ronda de liberaciones se suma a las 187 registradas en diciembre de 2025, como parte de una “revisión integral” ordenada por el presidente Nicolás Maduro y continuada por Rodríguez. El proceso, según las autoridades, busca “justicia, diálogo y preservación de la paz”, aunque críticos señalan que podría responder a presiones internacionales tras el reciente ataque de la Administración Trump, que dejó un saldo de 100 muertos y la captura temporal de Maduro y la primera dama Cilia Flores.
Reacciones internacionales y contexto político
El diputado del Partido Popular (PP) español, Sergio Sayas, expresó su “alegría inmensa” por la liberación de González de Canales, a quien ha seguido de cerca “gracias a su familia y amigos”. Sayas insistió en que “todos los presos políticos deben ser puestos en libertad”, una demanda que resuena en la comunidad internacional. Mientras tanto, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, confirmó la liberación de dos ciudadanos italianos, Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes ya se encuentran en la Embajada de Italia en Caracas.
Estas excarcelaciones ocurren en un momento crítico para Venezuela, tras el ataque liderado por EE.UU. la semana pasada, que escaló las tensiones geopolíticas. Las liberaciones también han sido vinculadas a las negociaciones con Qatar, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quienes han mediado en el conflicto. ¿Podría esta ola de liberaciones ser un gesto para aliviar la presión internacional sobre el régimen de Maduro?
El patrón de las liberaciones: ¿Estrategia o concesión?
Desde 2018, Venezuela ha utilizado las liberaciones de presos políticos como moneda de cambio en negociaciones. En ese año, tras diálogos con la oposición en República Dominicana, se liberaron 80 presos políticos. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que muchas de estas liberaciones son selectivas y temporales, mientras el número de detenidos por motivos políticos sigue creciendo. Según el Foro Penal, en 2025 había más de 260 presos políticos en el país, una cifra que contrasta con los discursos oficiales sobre “reconciliación nacional”.
El caso de González de Canales es emblemático: detenido en 2023 bajo acusaciones de “conspiración”, su liberación llega tras dos años de campaña internacional. ¿Lograrán estas excarcelaciones reducir la presión sobre el Gobierno venezolano, o son solo un parche en una crisis de derechos humanos que persiste?
El caso San Miguel-González: un patrón de represión contra familias de activistas
La liberación de Alejandro González de Canales no es un hecho aislado en la estrategia del régimen venezolano, sino parte de un patrón documentado: la detención de familiares cercanos a figuras críticas para ejercer presión. Su exesposa, Rocío San Miguel —abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, especializada en temas de seguridad y defensa—, fue detenida en febrero de 2024 bajo acusaciones de *traición a la patria* y *conspiración*, tras denunciar la compra irregular de armamento ruso por parte del Gobierno. San Miguel sigue en prisión, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera en mayo de 2024 una medida cautelar exigiendo su liberación inmediata por riesgo a su vida e integridad. Este modus operandi recuerda al caso de Lorent Saleh (activista venezolano-colombiano) y su padre, Lorent Saleh García, detenidos en 2014 y 2015 respectivamente: el hijo fue liberado tras presión internacional, pero el padre permaneció recluido otros 18 meses como *garantía* de silencio.
Los datos del Foro Penal revelan que, desde 2018, al menos 17 casos han seguido este esquema: detenciones de cónyuges, hijos o padres de disidentes para forzar confesiones o exilios. En 2022, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos documentó que el 68% de los presos políticos tenían al menos un familiar directo también bajo custodia del Estado. El caso de González de Canales es especialmente simbólico porque su detención en 2023 ocurrió dos semanas después de que San Miguel presentara un informe ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Según declaraciones de su equipo legal a El País en octubre de 2023, las autoridades le ofrecieron libertad a cambio de que San Miguel retirara las denuncias —propuesta que ella rechazó.
La liberación de González ahora, mientras San Miguel sigue tras las rejas, sugiere una negociación fragmentada: el régimen cede en casos con alta visibilidad internacional (como el de un ciudadano español), pero mantiene el control sobre los activistas clave. Este movimiento coincide con el aumento del 300% en solicitudes de asilo de venezolanos en España entre 2023 y 2024, según datos de CEAR, muchas de ellas vinculadas a familias de presos políticos que huyen tras liberaciones selectivas.
¿Un intercambio silencioso?
La pregunta que planea —y que ni el Gobierno venezolano ni los mediadores como Zapatero han respondido— es si estas liberaciones están atadas a concesiones no públicas. En 2021, un informe de Transparencia Venezuela reveló que al menos 12 excarcelaciones entre 2019 y 2020 estuvieron vinculadas a acuerdos con empresas europeas para levantar sanciones a PDVSA. Hoy, con la economía venezolana al borde del colapso (el FMI proyecta una inflación del 200% para 2025) y las reservas internacionales en mínimos históricos ($3.400 millones en marzo de 2025), Maduro necesita desesperadamente oxígeno financiero. ¿Podría la libertad de González de Canales —y la de los dos italianos— ser el primer paso para desbloquear fondos congelados en Bancos españoles e italianos, como ocurrió en 2020 con el caso del empresario Alex Saab?