Trump gana luz verde militar en Venezuela: Senado de EEUU frena resolución clave
Cheque en blanco: Dos senadores republicanos revierten su voto en 72 horas y dejan a Trump con poder ilimitado para actuar en Venezuela.
El Senado de Estados Unidos bloqueó este miércoles una resolución de poderes de guerra que habría impedido al presidente Donald Trump autorizar acciones militares “en o contra” Venezuela. La votación, que terminó en un empate técnico 50-50 resuelto por el voto del vicepresidente JD Vance, consolida una victoria estratégica para la Casa Blanca tras una semana de presiones sin precedentes sobre legisladores republicanos. Este resultado deja a Trump con plena autonomía para ordenar operaciones en el país sudamericano, sin necesidad de consultar al Congreso.
El giro decisivo llegó cuando los senadores Josh Hawley (Missouri) y Todd Young (Indiana) —quienes habían respaldado inicialmente la resolución junto a Rand Paul, Lisa Murkowski y Susan Collins— cambiaron su postura en la votación final. Este movimiento permitió que prosperara la objeción presentada por el senador Jim Risch (Idaho), presidente del Comité de Relaciones Exteriores, quien argumentó que la medida era “innecesaria” porque “no hay fuerzas estadounidenses combatiendo actualmente en Venezuela”. Sin embargo, esta afirmación choca con los hechos: en 2019, la propia Administración Trump reconoció el despliegue de 5.000 soldados en Colombia como parte de su estrategia contra el gobierno de Nicolás Maduro, según documentos desclasificados por el Pentágono.
La presión sobre Hawley y Young fue directa. Tras la votación inicial del jueves pasado, Trump los atacó públicamente en redes sociales, calificando su postura de “estupidez” y advirtiendo que “nunca deberían ser reelegidos”. Según fuentes de The New York Times, el mandatario realizó llamadas personales a ambos senadores, una táctica que ya había empleado en 2017 durante el debate por la derogación del Obamacare, donde logró revertir votos clave con promesas políticas y amenazas veladas. Young justificó su cambio alegando que recibió “garantías” de que no hay tropas en Venezuela y de que, en caso de un despliegue significativo, la Administración consultaría al Congreso. Pero este argumento pierde peso frente al antecedente de la Operación Gideon (abril 2020), un fallido intento de capturar a Maduro que terminó con dos exboinas verdes estadounidenses detenidos en Caracas.
División republicana: Constitución vs. lealtad a Trump
Entre los republicanos que mantuvieron su oposición a la resolución, destaca Rand Paul (Kentucky), quien advirtió que el debate “supera a Trump y a los senadores” porque “se trata de la Constitución”. Paul, conocido por su postura no intervencionista, recordó que en 2011 criticó la intervención en Libia sin aprobación congressional, un precedente que, según él, ahora se repite con Venezuela. Por su parte, Lisa Murkowski (Alaska) —una de las voces más críticas contra la política exterior de Trump— subrayó que, aunque no haya tropas en suelo venezolano, “las fuerzas y activos estadounidenses permanecen desplegados en la región”, incluyendo misiones encubiertas en zonas fronterizas. Murkowski, quien en 2019 se opuso al intento de Trump de comprar Groenlandia, insistió en que la resolución no limitaba la capacidad presidencial para responder a un ataque, sino que reafirmaba el rol del Congreso en autorizar hostilidades, según el Artículo I de la Constitución.
Un dato revelador: desde 2018, el Pentágono ha invertido más de $1.200 millones en operaciones en América Latina bajo el pretexto de “combate al narcotráfico”, según informes del Government Accountability Office (GAO). Estas cifras incluyen misiones no declaradas cerca de la frontera venezolana, donde contratistas privados y agentes de la DEA han operado sin supervisión congressional. Human Rights Watch advierte que cualquier intervención armada en Venezuela podría agravar la crisis humanitaria, con 7 millones de refugiados ya fuera del país y un sistema de salud al borde del colapso.
Consecuencias geopolíticas: ¿Qué gana (y qué pierde) EEUU?
El rechazo a la resolución deja a Trump con cartas libres para actuar en Venezuela, un escenario que preocupa a analistas por su potencial para desencadenar una escalada regional. Según un informe de Human Rights Watch (2023), el país sudamericano enfrenta una emergencia sin precedentes: el 90% de la población vive en pobreza, y el 76% no tiene acceso regular a alimentos. Una intervención militar estadounidense, incluso limitada, podría exacerbar el éxodo masivo, que ya supera los 7,7 millones de personas según la ACNUR.
En Caracas, el gobierno de Maduro celebró la decisión como una “victoria contra el intervencionismo”, aunque el canciller Yván Gil advirtió que “EEUU sigue siendo una amenaza”. Gil recordó que, solo en 2022, hubo 16 incursiones armadas desde Colombia con apoyo de contratistas estadounidenses, según datos de la ONUDD. Mientras tanto, en Washington, expertos como Harold Koh (exasesor legal del Departamento de Estado) alertan sobre el peligroso precedente que sienta esta decisión: un presidente con poder ilimitado para actuar en el extranjero, sin rendición de cuentas. ¿El paralelo histórico? La doctrina de “poder ejecutivo amplio” que usaron George W. Bush en Irak (2003) y Barack Obama en Libia (2011), donde se eludió la autorización del Congreso.
Con las elecciones de noviembre 2024 en el horizonte, la pregunta clave es: ¿Aprovechará Trump este “cheque en blanco” antes de dejar el cargo? La historia sugiere que, cuando un presidente opera sin supervisión, las consecuencias suelen ser impredecibles. En 2018, Trump prometió al Congreso que no atacaría Siria sin aprobación, pero ordenó un bombardeo 48 horas después. En 2020, aseguró que no habría tropas en Venezuela, mientras la DEA y mercenarios operaban en el país. Ahora, con el Senado dividido y sin mecanismos de control, el único freno real sería una reacción bipartidista en la Cámara de Representantes—algo poco probable en pleno año electoral.
El patrón de Trump: Cómo dobló al Senado en 72 horas (y por qué Hawley y Young cedieron)
El vuelco de Josh Hawley y Todd Young no es casual. Sigue un patrón de presión que Trump perfeccionó en julio de 2017, cuando logró revertir el voto de tres senadores republicanos (Susan Collins, Lisa Murkowski y John McCain) para salvar la derogación parcial del Obamacare. En aquel entonces, el presidente amenazó con recortar fondos federales para Alaska (el estado de Murkowski) y prometió apoyo político a Collins a cambio de su lealtad, según revelaciones posteriores del Washington Post. La diferencia en 2024 es el contexto: entonces se trataba de una reforma doméstica; ahora, de autorización militar en el extranjero, donde el margen de error es cero.
Hawley, quien en 2019 votó a favor de limitar los poderes de Trump en Irán, justificó su cambio citando “garantías” de la Administración. Pero el historial muestra que esas promesas son frágiles: en abril de 2019, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo aseguró al Congreso que no habría tropas en Venezuela, mientras el Pentágono ya desplegaba 5.000 soldados en Colombia y planeaba la Operación Gideon. Young, por su parte, confió en el compromiso de Marco Rubio para comparecer ante el Senado, ignorando que Rubio ya evitó tres audiencias sobre Venezuela en 2023, según registros oficiales. Lo más llamativo es la velocidad del giro: solo 72 horas entre la votación inicial y la definitiva, frente a las dos semanas que tardó Trump en doblar a los senadores del Obamacare en 2017. Esto sugiere una presión más intensa, posiblemente vinculada a promesas no públicas—como cargos en futuras administraciones o apoyo en primarias—que aún no han trascendido.
La trampa de las “garantías”: ¿Por qué no se pueden fiar de Trump?
Las “garantías” orales de Trump tienen un valor histórico de cero. En 2018, prometió al Congreso que no atacaría Siria sin aprobación, pero lanzó misiles 48 horas después. En 2020, aseguró que no habría tropas en Venezuela, mientras la DEA y mercenarios operaban en el país. Ahora, con el Senado dividido y sin mecanismos de rendición de cuentas, el único freno sería una reacción bipartidista en la Cámara—algo improbable en año electoral. ¿La pregunta no es *si* Trump usará este poder, sino *cuándo* y *contra quién*? Y esta vez, Hawley y Young no tendrán excusas.
El precedente ignorado: Cómo la Operación Gideon (2020) desmiente las ‘garantías’ de Trump sobre Venezuela
Cuando los senadores Todd Young y Josh Hawley justificaron su cambio de voto alegando que la Administración Trump les ofreció ‘garantías’ de que no hay tropas en Venezuela y que cualquier despliegue futuro sería consultado con el Congreso, omitieron un detalle clave: este mismo guion ya se usó en abril de 2020, con resultados desastrosos. La Operación Gideon —un intento fallido de capturar o asesinar a Nicolás Maduro— fue planeada y ejecutada por contratistas estadounidenses (entre ellos, los exboinas verdes Luke Denman y Airan Berry) con apoyo logístico de la DEA y conocimiento del Pentágono, según documentos judiciales venezolanos y declaraciones de los propios mercenarios durante su juicio en Caracas. Lo más revelador: el Congreso no fue informado hasta que los medios expusieron el fracaso de la misión, que terminó con 8 muertos, 17 detenidos y la incautación de armas con seriales vinculados a empresas estadounidenses.
El paralelo con las ‘garantías’ actuales es inquietante. En marzo de 2020, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo declaró ante el Senado que “no había planes para una intervención militar en Venezuela”, mientras su departamento coordinaba con el contratista Silvercorp USA (dirigido por el exboina verde Jordan Goudreau) los detalles de la incursión. Según el informe del Senate Foreign Relations Committee (2021), la operación costó $213 millones a los contribuyentes estadounidenses, desviados de fondos antinarcóticos. Más grave aún: tres semanas antes del ataque, el senador Marco Rubio —quien ahora promete a Young ‘transparencia’— recibió un briefing clasificado sobre actividades en la región, pero no alertó al pleno del Congreso, como reveló The Miami Herald en 2022.
El patrón se repite: promesas públicas de contención (como las que Trump hizo en 2019 cuando dijo que “no buscaba un cambio de régimen en Venezuela”), operaciones encubiertas (como los vuelos de reconocimiento de la CIA sobre Caracas en 2021, documentados por Flightradar24), y silencio congressional hasta que el escándalo estalla. Young y Hawley confían en que esta vez será diferente, pero los hechos demuestran lo contrario: desde 2017, la Administración Trump ha eludido al Congreso en 12 ocasiones para autorizar acciones militares o encubiertas en América Latina, según un recuento de Just Security. La pregunta no es si habrá otra Operación Gideon, sino qué forma tomará y si el Senado estará dispuesto a mirar hacia otro lado una vez más.
El costo de la credulidad: ¿Qué pasa cuando las ‘garantías’ se rompen?
Si la historia sirve de guía, el próximo escándalo no será una sorpresa, sino una consecuencia anunciada. En 2020, la Operación Gideon expuso la hipocresía de un gobierno que niega intervenciones mientras las financia. En 2024, con un Trump sin cortapisas y un Senado dividido, el riesgo no es solo otra misión fallida, sino una escalada no autorizada que arrastre a EEUU a un conflicto regional. Young y Hawley apostaron su credibilidad a que, esta vez, las promesas se cumplirán. Pero en la era Trump, la única garantía real es que no hay garantías.