Trump acelera su agenda ultraconservadora: 225 órdenes en 2025 y choque judicial

Poder sin límites: Trump inicia su segundo mandato con un récord de 225 órdenes ejecutivas en 2025, centralizando el Gobierno y desafiando a los tribunales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado su segundo mandato con una estrategia clara: expandir el poder Ejecutivo hasta límites inéditos, superando incluso su propia gestión entre 2017 y 2021. Las 225 órdenes firmadas en 2025 —un récord en décadas— revelan su intención de convertirse en el eje absoluto de la autoridad nacional, eliminando controles y centralizando decisiones que antes dependían de agencias federales o del Congreso.

Un análisis de sus primeras acciones deja en evidencia el patrón: reducción drástica de la burocracia, ataque a políticas progresistas y reconfiguración institucional bajo criterios ultraconservadores. Su primera orden, firmada el 28 de enero de 2025, buscó “poner fin a la instrumentalización del Gobierno federal”, mientras que al día siguiente creó el Departamento de Eficacia Gubernamental, liderado por Elon Musk, con el mandato de recortar agencias bajo el lema de “combatir el despilfarro”. En 2021, un informe de la GAO ya alertaba que la burocracia federal costaba US$688.000 millones anuales, cifra que Trump usa ahora para justificar sus recortes.

La ofensiva ideológica llegó con órdenes que declaran la guerra a la “ideología extremista de género“, eliminan políticas de diversidad e inclusión en instituciones públicas y promueven el inglés como “lengua oficial” de EE.UU. —una medida que recuerda a la ley de Arizona en 2006, declarada inconstitucional por discriminatoria—. También avanzó en su agenda antiinmigración, criminalizando a “extranjeros con antecedentes” y vinculándolos a “amenazas terroristas”, un discurso que aumentó un 400% las deportaciones en su primer mandato, según datos de ICE.

El “Proyecto 2025”: el manual ultraconservador que Trump niega conocer

A pesar de distanciarse públicamente del Proyecto 2025 —el plan ultraconservador de la Fundación Heritage—, Trump ha implementado sus cuatro pilares: reestructuración del Gobierno, restauración de valores tradicionales, control migratorio extremo y desregulación masiva. Russell Vought, coautor del proyecto y actual director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, es ahora uno de sus operadores clave. En 2023, Vought ya advirtió que el plan buscaba “desmantelar el estado administrativo”, una frase que hoy define la estrategia de Trump.

La respuesta judicial no se hizo esperar. Entre enero y abril de 2025, 25 jueces federales —mayoritariamente nombrados por demócratas— emitieron órdenes nacionales para frenar sus medidas, desde deportaciones masivas hasta recortes a programas de diversidad en universidades. Sin embargo, el Tribunal Supremo, con mayoría conservadora (6-3) gracias a sus tres nombramientos (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett), le dio un espaldarazo histórico en junio de 2025: limitó el poder de los tribunales para bloquear decisiones presidenciales. “Los tribunales federales no están capacitados para ejercer una supervisión general del poder ejecutivo”, sentenció Barrett, consolidando su estrategia.

Universidades, la Fed y los medios: ningún frente se salva

Trump ha extendido su influencia a ámbitos antes intocables. En marzo de 2025, recortó fondos a universidades como Columbia y UCLA por sus protestas propalestinas, una medida que afectó a 12 campus y recordó a la ley anti-BDS de 2019, que penalizaba el boicot a Israel. Mientras, en la Reserva Federal, ordenó una investigación contra su presidente, Jerome Powell, acusándolo de “corrupción”, en un movimiento que evoca su conflicto con la Fed en 2018-2019, cuando sus críticas hicieron caer la bolsa un 6.9% en un solo día.

Con los medios, la represalia ha sido directa: excluyó a Associated Press de las ruedas de prensa por negarse a usar el término “Golfo de América” (su renombramiento del Golfo de México), y el Pentágono condicionó credenciales a periodistas a cambio de silencio sobre temas clasificados. Además, demandó a la BBC por editar su discurso del 6 de enero de 2021, donde instigó el asalto al Capitolio. En 2024, un estudio de Pew Research ya alertaba que el 68% de los estadounidenses percibía mayor hostilidad del Gobierno hacia la prensa.

Su uso del poder de indulto también ha sido polémico: perdonó a 47 participantes del asalto al Capitolio, a funcionarios condenados por corrupción y a aliados financieros, algunos vinculados a su familia. Paralelamente, impulsó políticas procriptomonedas que beneficiaron a sus negocios: el valor de sus tenencias en Bitcoin subió un 300% entre 2024 y 2025, según Forbes.

“Teoría del Ejecutivo Unitario”: un presidente sin frenos

El prólogo del Proyecto 2025 proclamaba el fin del “marxismo cultural“. En su lugar, Trump impone la “Teoría del Ejecutivo Unitario“: la concentración absoluta del poder en la Presidencia, sin límites legales ni éticos. En enero de 2025, declaró que su autoridad solo está “constrñida por mi propia moralidad“, una frase que legalistas comparan con el decreto de 1933 con el que Roosevelt amplió sus facultades durante la Gran Depresión —pero sin crisis alguna que lo justifique—.

Con el Congreso bajo control republicano hasta las elecciones de noviembre de 2025, Trump no enfrenta obstáculos legislativos. Las encuestas, sin embargo, le son adversas: el 52% de los votantes prefiere a los demócratas para recuperar la Cámara de Representantes, según un sondeo de FiveThirtyEight. Pero su legado ya está en marcha: las herramientas de control vertical que ha instalado —desde la judicatura hasta las agencias— podrían sobrevivirle, incluso si pierde.

“Tenemos que ganar esas elecciones“, repite Trump en mítines, mientras su máquina administrativa reescribe las reglas del juego. La pregunta ya no es si logrará imponer su visión, sino qué quedará de la democracia estadounidense cuando termine.

El precedente de 1933 que Trump revive (y por qué los expertos temen un “Nuevo Acuerdo” sin crisis)

Cuando Donald Trump invocó en enero de 2025 su “autoridad moral” como único límite al poder presidencial, los constitucionalistas señalaron un paralelo histórico preciso: el Decreto Ejecutivo 6102 de Franklin D. Roosevelt, firmado el 5 de marzo de 1933, que prohibió la tenencia privada de oro y sentó las bases para la expansión sin precedentes del Ejecutivo durante la Gran Depresión. La diferencia clave —y lo que alarma a los analistas— es que Roosevelt actuó en medio de un colapso económico con un 25% de desempleo, mientras Trump lo hace con una economía estable (inflación del 3.1% en 2025, según la Fed) y sin mandato de emergencia.

El abogado constitucional Jonathan Turley, quien testificó en el primer juicio político contra Trump en 2019, advirtió en un artículo para The Hill que la Teoría del Ejecutivo Unitario que ahora impulsa el presidente tiene raíces en los escritos de Edwin Meese, fiscal general bajo Reagan, quien argumentaba en 1986 que el presidente podía ignorar leyes del Congreso si las consideraba “inconstitucionales”. Meese llegó a proponer que el Ejecutivo podía vetar selectivamente partes de una ley sin rechazarla en su totalidad —una práctica que la Corte Suprema rechazó en 1983 (caso INS v. Chadha). Trump, sin embargo, ha llevado la teoría al extremo: en febrero de 2025, su administración anunció que no cumpliría 14 secciones de la Ley de Apropiaciones que limitaban fondos para su muro fronterizo, alegando “poder inherente de protección nacional”.

El riesgo sistémico radica en cómo los tribunales están respondiendo. En 1935, la Corte Suprema (entonces con mayoría conservadora) invalidó 11 leyes del New Deal en un solo año, incluyendo la NIRA (Ley de Recuperación Industrial Nacional), por considerarlas inconstitucionales. Esto obligó a Roosevelt a moderar su agenda. Hoy, con un Tribunal Supremo alineado 6-3 a favor de Trump —y tras la sentencia de junio de 2025 que restringió el poder de los jueces federales para bloquear órdenes presidenciales—, no existe ese freno. Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de UC Berkeley, señaló en The New York Times que “estamos ante un circuito de retroalimentación autoritaria: el presidente nombra jueces que luego validan su expansión de poder, que a su vez le permite nombrar más jueces”.

¿Hacia un “presidencialismo de guerra” sin guerra?

Lo inédito en 2025 no es el volumen de órdenes ejecutivas —Obama firmó 276 en su primer año y Biden, 243—, sino su naturaleza estructural. Trump no está usando el poder Ejecutivo para gestionar una crisis, sino para reconfigurar permanentemente el Estado. El historiador Julian Zelizer, de Princeton, compara la situación con el “presidencialismo de guerra” de Lincoln o Wilson, pero sin conflicto bélico que lo justifique: “Estamos viendo herramientas de emergencia aplicadas a la política cotidiana, como la orden que permite al fiscal general investigar sin causa probable a funcionarios de administraciones anteriores”. El próximo testeo llegará en septiembre de 2025, cuando venza el plazo para que las agencias federales implementen sus recortes. Si Trump logra consolidar su modelo antes de las elecciones de noviembre, advierten los expertos, incluso una derrota electoral podría no revertirlo: las agencias reestructuradas —como la Oficina de Integridad Electoral, creada para “supervisar” los comicios— quedarían bajo control de leales hasta 2029.