Juez de Minnesota exige declaraciones al director del ICE por posible desacato judicial
Presión legal extrema: Un juez federal cita a declarar al máximo responsable del ICE tras ignorar órdenes judiciales que afectan a decenas de migrantes.
El juez de distrito de Minnesota, Patrick Schiltz, ha tomado una medida sin precedentes este martes: citar a declarar al director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, tras su sistemática negación a cumplir órdenes judiciales que garantizarían audiencias a migrantes detenidos. La decisión, confirmada por CNN, abre la puerta a un posible proceso por desacato judicial, un delito que podría acarrear sanciones severas para Lyons y su equipo.
Schiltz, conocido por su firmeza en casos migratorios, ha dejado claro que su “paciencia ha llegado a su límite”. Las acciones del ICE bajo la administración de Donald Trump —marcadas por redadas masivas y detenciones prolongadas— han sido denunciadas por la oposición y organizaciones como Amnistía Internacional, que en 2023 documentó un aumento del 40% en detenciones arbitrarias en estados como Minnesota.
El juez no solo ha señalado a Lyons, sino también a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al jefe del ICE en Saint Paul, David Easterwood, por incumplir decenas de órdenes judiciales en las últimas semanas. Este bloqueo ha retrasado indefinidamente los procesos de migrantes que, en muchos casos, llevan años viviendo y trabajando legalmente en EE.UU. sin antecedentes penales. “La consecuencia fundamental de este fracaso —advirtió Schiltz— es la violación de derechos básicos de personas que no han cometido ningún delito”.
Protestas y un caso que estremeció a Minnesota
Las operaciones del ICE en Minnesota han desencadenado manifestaciones multitudes y críticas transversales. El punto de inflexión fue el asesinato del enfermero Alex Pretti, ocurrido el pasado sábado cuando un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó en repetidas ocasiones durante una redada en Minneapolis. Pretti, de 32 años, no estaba armado y su muerte ha reavivado el debate sobre el uso excesivo de la fuerza en operaciones migratorias. Según datos del Bureau of Justice Statistics, desde 2020 se han registrado 18 muertes similares en intervenciones del ICE, aunque solo 3 resultaron en procesos judiciales contra los agentes.
El caso de Pretti no es aislado. En 2022, un informe del ACLU de Minnesota reveló que el 68% de las detenciones del ICE en el estado se realizaron sin orden judicial previa, una práctica que Schiltz ya había calificado como “inconstitucional” en un fallo de 2021. Ahora, con la citación a Lyons, el juez busca frenar un patrón de impunidad que, según activistas, se ha agravado bajo políticas como el “Título 42”, usado para expulsar a migrantes sin debido proceso.
¿Logrará esta citación cambiar el rumbo de una agencia acusada de actuar al margen de la ley? La respuesta podría redefinir el futuro de miles de migrantes atrapados en un sistema que, según Schiltz, ya no tiene excusas.
El precedente que persigue al ICE: de Obama a Biden, una historia de desacatos repetidos
La citación al director interino del ICE, Todd Lyons, no es un hecho aislado, sino el último capítulo de una trayectoria de incumplimientos judiciales que se remonta a más de una década. En 2014, durante la administración Obama, el juez Dolly Gee (Corte Federal de California) declaró que el ICE violaba sistemáticamente el acuerdo *Flores* —que limita a 20 días la detención de menores migrantes— y ordenó su liberación inmediata. La respuesta de la agencia fue ignorar la orden durante 18 meses, hasta que Gee amenazó con sancionar a los altos mandos. El caso terminó con una multa de $1.2 millones para el gobierno, pero ningún funcionario enfrentó consecuencias personales.
El patrón se repitió en 2019, cuando el juez Emmet Sullivan (Corte de DC) descubrió que el ICE falsificaba registros para justificar detenciones prolongadas. Según documentos desclasificados por The Intercept, agentes en Texas y Arizona alteraban fechas de audencias para eludir plazos legales. Sullivan ordenó una investigación penal, pero el caso se archivó en 2021 sin cargos, bajo el argumento de “falta de pruebas contundentes” —a pesar de que el Departamento de Justicia había confirmado 237 casos de manipulación en un informe interno. Ahora, Schiltz enfrenta el mismo dilema: ¿cómo obligar a una agencia a cumplir la ley cuando sus superiores políticos la protegen?
La diferencia clave en 2024 es el contexto: el asesinato de Alex Pretti ha convertido a Minnesota en un foco de atención mediática, y el juez Schiltz cuenta con un arma legal que sus predecesores no tuvieron. En 2023, la Corte Suprema ratificó en el caso *United States v. Texas* que los jueces federales pueden imponer sanciones directas a funcionarios por desacato, incluyendo inhabilitación para cargos públicos. Si Schiltz aplica este precedente, Lyons podría convertirse en el primer alto cargo del ICE en ser inhabilitado desde su creación en 2003.
¿Un punto de inflexión o otro episodio de impunidad?
La citación de Schiltz llega en un momento crítico: el presupuesto del ICE para 2025 —que asciende a $9.1 billones, un 12% más que en 2023— está siendo debatido en el Congreso. Si el juez logra probar el desacato, podría congelar fondos para operaciones en Minnesota, como ya ocurrió en 2020 con el sheriff de Orange County (California), quien perdió $23 millones en subsidios federales por colaborar con redadas del ICE. Pero el verdadero test será político: Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, ha defendido públicamente a Lyons, y el senador Marco Rubio ya ha tachado la citación de “persecución judicial“. El próximo movimiento de Schiltz —¿multas, inhabilitaciones o un referendo al Departamento de Justicia?— definirá si este caso pasa a la historia como un correctivo al abuso de poder o como otro ejemplo de cómo el sistema protege a sus propios verdugos.