Venezuela en manos de EE.UU.: Delcy Rodríguez, la transición controlada por Trump
Nuevo tablero geopolítico: Un mes después del derrocamiento de Maduro, Venezuela inicia una transición pilotada desde Washington, con Delcy Rodríguez como figura clave para gestionar los intereses petroleros de EE.UU. y mantener el legado chavista bajo supervisión estadounidense.
La operación militar que sacó del poder a Nicolás Maduro —acusado de vínculos con el narcotráfico— no buscaba un cambio de régimen, sino de liderazgo. El presidente Donald Trump lo dejó claro en una rueda de prensa histórica: “Estados Unidos teledirigirá Venezuela para proteger sus intereses petroleros y cortar el suministro a rivales como Cuba, Rusia o China”. Sin embargo, controlar un país con la complejidad territorial y social de Venezuela —donde el 40% de la población vive en pobreza extrema, según datos de la CEPAL 2024— es un desafío que evoca los fracasos de Irak y Afganistán, con un costo económico y político que Washington aún no ha calculado.
El territorio venezolano que realmente interesa a EE.UU. representa apenas el 3% del país: la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva mundial de crudo pesado, y las zonas de refinación. “No van a administrarlo directamente, sino a través de empresas petroleras privadas norteamericanas”, explica Salvador Martí i Puig, catedrático en Ciencias Políticas e investigador del CIDOB. Este modelo, heredado del colonialismo del siglo XIX, “es un salto mortal hacia atrás”, advierte el experto. Mientras tanto, el resto del país —con sus dinámicas sociales, redes de crimen organizado y lealtades chavistas— queda en manos de un aparato político que ha sabido adaptarse al nuevo orden sin resistencia.
Delcy Rodríguez: entre la lealtad a Chávez y las órdenes de Trump
La elegida por Washington para pilotar la transición no es una figura neutral: Delcy Rodríguez, exvicepresidenta y mano derecha de Maduro, ahora debe equilibrar dos mandatos imposibles. Por un lado, cumplir las demandas de la Casa Blanca —que incluyen la apertura de los yacimientos petroleros a empresas estadounidenses y el desmantelamiento de alianzas con Rusia y China—. Por otro, preservar el legado de Hugo Chávez, quien en 1999 rompió con EE.UU. al nacionalizar sectores estratégicos como el petróleo. “No se trata de ideología, sino de equilibrios de poder: en Caracas, en el territorio y en las redes que controlan el crimen organizado”, analiza Martí i Puig.
Rodríguez ha dado sus primeros pasos con gestos simbólicos: anunció una amnistía general para presos políticos y logró el respaldo clave de las Fuerzas Armadas, piezas fundamentales en cualquier transición. A cambio, según el experto del CIDOB, se habrían negociado pactos de inmunidad para figuras chavistas: “Solo puede haber transición si hay garantías de que no habrá prisión ni justicia para ciertos cargos. Delcy y otros cien funcionarios no quieren terminar como Maduro”. Este acuerdo, sin embargo, deja fuera a la oposición, fragmentada y sin capacidad de negociación.
La oposición en jaque: María Corina Machado, del Nobel a la irrelevancia
Mientras Rodríguez negocia con el secretario de Estado Marco Rubio, la líder opositora María Corina Machado —quien llegó a entregar un Nobel de la Paz simbólico a Trump en un intento por ganarse su favor— ha sido marginada. “Su estrategia de regalar el Nobel ha quemado su capital político”, sentencia Martí i Puig. La oposición, dividida en facciones de derecha y sin un proyecto común, enfrenta ahora un dilema: ¿cómo negociar una apertura política si Washington ya ha elegido a su interlocutora?
El investigador del CIDOB no descarta un crecimiento económico limitado en los próximos meses, pero advierte: “Dependerá de cuánto controle Rodríguez y de si EE.UU. levanta los bloqueos. Después de dos décadas como el país con peor desempeño económico del mundo sin guerra, cualquier inversión mínima será un alivio”. Sin embargo, la reapertura política —que incluye cambios en la ley electoral y la legalización de partidos— “no será rápida”. “El juego empieza por sacar presos, pero también por definir qué elecciones habrá y quiénes podrán participar. La oposición tiene que demostrar capacidad de negociación, y hoy no la tiene”, concluye.
Petróleo vs. soberanía: ¿qué gana y qué pierde Venezuela?
El modelo que propone EE.UU. —economía de enclave centrada en el petróleo— ya demostró su fracaso en el siglo XX: generó riqueza para las multinacionales, pero dejó al país sin desarrollo industrial ni diversificación económica. “Es el mismo esquema que aplicaron en Arabia Saudita o Nigeria, donde la bonanza petrolera no se tradujo en bienestar social”, recuerda Martí i Puig. Hoy, con la producción de crudo en mínimos históricos (menos de 700.000 barriles diarios en 2024, según la OPEP) y una infraestructura deteriorada, la apuesta de Trump parece más un salvavidas para las petroleras estadounidenses que una solución para Venezuela.
Mientras tanto, las redes del crimen organizado —que controlan desde el contrabando de gasolina hasta el tráfico de oro en el Arco Minero— siguen operando. “No son un actor secundario: son parte del equilibrio de poder que Rodríguez deberá manejar”, advierte el experto. La pregunta clave no es si habrá transición, sino a qué precio: ¿inmunidad para los corruptos? ¿más pobreza para la mayoría? ¿un país partido entre zonas petroleras bajo control estadounidense y un resto abandonado a su suerte?
El precedente de la Faja del Orinoco: cómo EE.UU. ya intentó (y fracasó) controlar el crudo venezolano en 2002
La Faja Petrolífera del Orinoco, epicentro del interés estadounidense en Venezuela, no es un territorio virgen en disputas geopolíticas. En abril de 2002, durante el breve golpe de Estado contra Hugo Chávez, la administración de George W. Bush apoyó tácitamente el derrocamiento con un objetivo claro: recuperar el control sobre estas reservas, entonces estimadas en 270.000 millones de barriles (hoy se calculan en 303.000 millones, según la OPEP 2023). El plan, sin embargo, duró 47 horas: Chávez regresó al poder con el respaldo militar y popular, y el intento dejó una lección que hoy resuena: «Venezuela no es un país que tolere intervenciones extranjeras sin resistencia, ni siquiera cuando su economía está en ruinas», como advirtió en 2019 el informe ‘Petróleo y Soberanía’ del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown.
El paralelo con 2002 no es casual. Entonces, como ahora, EE.UU. buscó figuras interinas para legitimar la transición: el empresario Pedro Carmona, presidente de la patronal Fedecámaras, fue impuesto como mandatario de facto y su primer decreto fue anular 49 leyes chavistas, incluyendo la Ley de Hidrocarburos de 2001 que había aumentado los royalties para el Estado. El resultado fue un boicot petrolero de 63 días que paralizó la economía y dejó pérdidas por $13.300 millones (cifras de PDVSA 2003). Hoy, con la producción en 700.000 barriles/día (frente a los 3,5 millones de 1998), un boicot similar sería letal: Venezuela depende del crudo para el 96% de sus ingresos en divisas (datos del BCV 2024). La diferencia clave en 2024 es que Delcy Rodríguez —a diferencia de Carmona— no es una marioneta, sino una operadora política con 20 años en el chavismo y conexiones en las Fuerzas Armadas y el Tribunal Supremo.
Otro factor que juega en contra de Washington es la memoria histórica de los venezolanos. Tras el golpe de 2002, Chávez expulsó a los ejecutivos de ExxonMobil y ConocoPhillips y nacionalizó sus activos en la Faja del Orinoco, lo que llevó a demandas por $10.000 millones en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Aunque Venezuela perdió los casos, nunca pagó: las compensaciones se congelaron en un limbo legal. Ahora, con Chevron y Halliburton listas para regresar, el riesgo es que la historia se repita. «Las petroleras estadounidenses no olvidan 2002, pero tampoco los venezolanos», señala un informe de Risk Advisory de 2023, que advierte: «Cualquier acuerdo que no incluya cláusulas de transferencia tecnológica y empleo local será visto como neocolonial».
¿Un ‘Irak petrolero’ en América Latina?
El modelo que EE.UU. intenta imponer en Venezuela ya se probó en Irak tras 2003, cuando la Autoridad Provisional de la Coalición (dirigida por Paul Bremer) abrió el sector energético a empresas extranjeras con contratos de 30 años y exenciones fiscales. El resultado: la producción iraquí se recuperó (de 1,5 millones de barriles/día en 2003 a 4,5 millones en 2019), pero el 80% de los beneficios se quedaron en manos de BP, Exxon y Shell, según datos de Global Witness. En Venezuela, donde el 76% de la población vive con menos de $1,90 al día (Banco Mundial, 2024), un esquema similar podría detonar una crisis de legitimidad incluso mayor que la actual. La pregunta no es si Rodríguez podrá equilibrar las demandas de Trump con las expectativas locales, sino cuánto tardará el descontento en estallar —y si esta vez, a diferencia de 2002, habrá petróleo suficiente para apaciguarlo.