“Ojos indiscretos”: Meta usa videos íntimos de usuarios para entrenar su IA

Privacidad violada: Las gafas inteligentes de Meta capturan sin consentimiento explícito momentos íntimos de usuarios europeos, desde actos sexuales hasta datos financieros, para alimentar su IA.

Una investigación conjunta de los medios suecos Svenska Dagbladet y Göteborgs-Posten destapó un sistema de vigilancia masiva oculto tras las gafas de realidad aumentada de Meta. Según el informe, empleados en Kenia —contratados para etiquetar y clasificar contenido— acceden a grabaciones privadas de usuarios europeos, incluyendo escenas en baños, relaciones sexuales y consumo de pornografía. Estos datos se utilizan para entrenar manualmente los modelos de IA de la compañía, enseñándoles a interpretar contextos humanos con un nivel de detalle que roza lo invasivo.

Los trabajadores, que pidieron anonimato por miedo a represalias, describieron un entorno laboral distópico: “Entendés que estás violando la privacidad de alguien, pero el protocolo exige que lo ignores. Si cuestionás el proceso, te despiden”, confesó uno de ellos. Otro añadió: “Hemos visto a personas desnudándose, yendo al baño o en situaciones íntimas. Estoy seguro de que no saben que esto pasa, porque nadie grabaría esas escenas si supiera que las verían extraños”.

La investigación revela que las oficinas en Kenia operan bajo estricta vigilancia interna: cámaras en cada rincón, prohibición absoluta de teléfonos personales y un clima de tensión constante. “Es como trabajar en una prisión de datos”, comparó un colaborador. Este esquema recuerda al escándalo de 2019, cuando se descubrió que Facebook (propietaria de Meta) pagaba a contratistas para transcribir conversaciones privadas de usuarios de Messenger, también sin su conocimiento explícito.

El lanzamiento de las gafas en Suecia —uno de los mercados más estrictos en protección de datos— encendió las alarmas. Periodistas de Europa Press visitaron tiendas locales donde los vendedores aseguraban que el dispositivo es “seguro de usar“, aunque ninguno pudo explicar qué ocurre con los datos capturados. La paradoja es clara: mientras Meta promueve sus gafas como una “revolución en interacción humana”, los términos de servicio que los usuarios deben aceptar para usar la IA autorizan expresamente que todo el material grabado —videos, audios, imágenes— sea revisado por personas y utilizado para “mejorar los productos”.

¿Dónde van a parar los datos? Servidores en Europa… y más allá

Un hallazgo clave de la investigación es que, aunque las gafas requieren conexión a internet para funcionar (la IA no opera localmente), los datos no se quedan en Europa. Pruebas técnicas confirmaron que el tráfico se redirige a servidores de Meta en Suecia y Dinamarca, pero también a ubicaciones no especificadas fuera de la UE. Esto contradice el discurso oficial de la compañía, que insiste en que cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

Ante las consultas, un portavoz de Meta se limitó a repetir un guion preestablecido: “Cuando se usa IA en vivo, procesamos esos medios según nuestros Términos de servicio y la Política de privacidad“. Sin embargo, estos documentos —analizados por Engadget— dejan en claro que al activar la IA, el usuario cede el control sobre sus grabaciones. Las interacciones con el asistente (tanto de voz como de video) pueden ser almacenadas, analizadas y usadas para entrenar algoritmos, incluso en países con marcos legales laxos como Kenia, donde operan los revisores humanos.

Meta reconoce en sus políticas que revisa las interacciones entre usuarios y su IA, ya sea de forma automatizada o manual. La recomendación oficial —irónica, dado el contexto— es que las personas “eviten compartir información sensible” con el dispositivo. Pero, como señalan los empleados en Kenia, ¿cómo puede un usuario saber qué cuenta como “sensible” si ni siquiera es consciente de que está siendo grabado?

El precedente legal: Meta ya fue sancionada por prácticas similares

Este no es el primer escándalo de Meta relacionado con el uso no consentido de datos privados. En 2021, la compañía fue multada con €265 millones por filtrar datos de más de 500 millones de usuarios en Facebook. Un año antes, en 2020, pagó US$5.000 millones a la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. por violaciones a la privacidad, el mayor acuerdo de este tipo en la historia. Ahora, con las gafas inteligentes, el patrón se repite: tecnología innovadora + opacidad en el manejo de datos.

Un directivo de Meta argumentó que la ubicación de los servidores o los empleados que procesan los datos “no es relevante“, siempre que se cumpla con el GDPR. Sin embargo, expertos en privacidad como Max Schrems —activista austriaco que ha demandado a Meta en múltiples ocasiones— advierten que transferir datos personales a países sin protecciones equivalentes (como Kenia) viola el espíritu del reglamento europeo. “El GDPR no es un cheque en blanco para externalizar la explotación de datos a regiones sin garantías”, declaró Schrems en 2022 tras una sentencia histórica que anuló el acuerdo Privacy Shield entre la UE y EE.UU.

Mientras las autoridades europeas analizan si iniciar una investigación formal, los usuarios de las gafas siguen siendo conejillos de indias involuntarios. La pregunta urgente es: ¿Hasta qué punto la innovación tecnológica justifica convertir la vida privada en un producto de entrenamiento para IA? Y más preocupante aún: ¿Qué pasará cuando estos dispositivos sean masivos y normalicen la grabación constante de nuestro entorno?

Kenia: el epicentro oculto de la externalización ética de Meta

Mientras Europa debate el cumplimiento del GDPR, el verdadero nudo crítico de este escándalo se ubica a 6.500 km de distancia: Nairobi, Kenia, donde Meta opera un centro de etiquetado de datos con más de 200 empleados (según fuentes internas citadas por Rest of World en 2023). Este no es un caso aislado, sino parte de un patrón sistemático de la empresa: externalizar a África el trabajo sucio de moderación de contenido, donde los salarios son hasta 8 veces inferiores que en Europa (un etiquetador en Kenia gana entre $1.5 y $3 por hora, frente a los $20-$25 en la UE) y las protecciones laborales son casi inexistentes.

El centro keniano donde se procesan los videos íntimos de las gafas es el mismo que, en 2022, fue denunciado por empleados de Sama, una subcontrata de Meta (ahora demandada por despidos masivos). Según documentos filtrados a The Verge, los trabajadores desarrollaban síndrome de estrés postraumático tras exponerse diariamente a contenido extremo: desde decapitaciones en vivo hasta abuso infantil. La diferencia ahora es el origen de los datos: no son posts públicos de Facebook, sino grabaciones privadas obtenidas mediante hardware de Meta, lo que añade una capa de intrusión sin precedentes. Un exmoderador de Sama declaró en 2023: *«Antes revisábamos lo que la gente subía voluntariamente a redes sociales. Ahora espiamos lo que ni siquiera saben que estamos viendo»*.

La elección de Kenia no es casual. El país carece de una ley de protección de datos personal equivalente al GDPR (su Data Protection Act de 2019 es papel mojado: solo 3 multas se han impuesto desde su entrada en vigor, ninguna a multinacionales). Además, Meta explota un vacío legal: aunque las grabaciones se originan en Europa, al procesarse en Kenia escapan del alcance de las autoridades europeas. Esto reproduce el esquema que la compañía ya usó en 2020 con moderadores de contenido en Filipinas, donde empleaba a 15.000 personas (según Bloomberg) para revisar material extremo con salarios de $290 al mes y sin apoyo psicológico.

¿Por qué Kenia es el eslabón débil que Meta no quiere perder?

La compañía ha invertido $100 millones desde 2019 en infraestructura tecnológica en África Oriental, según informes de Quartz Africa. El cálculo es cínico: el costo de operar en Kenia es un 70% menor que en la UE, y el riesgo legal es casi nulo. Pero el escándalo actual podría cambiar las reglas. La Autoridad de Protección de Datos de Kenia (ODPC) anunció esta semana que investigará el centro de Nairobi, mientras que en Europa, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS) ya ha solicitado a Meta una auditoría independiente de sus flujos de datos transcontinentales. La pregunta clave no es si habrá multas —las habrá—, sino si este caso forzará a Meta a repatriar sus operaciones de etiquetado a jurisdicciones con leyes estrictas, lo que encarecería su modelo de negocio en al menos $500 millones anuales, según estimaciones de Tech Policy Press.